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lunes, 3 / octubre / 2022

Ministerio de Trabajo impulsa reversión de tierras en favor de guaraníes sometidos a servidumbre y semiesclavitud

El Ministerio de Trabajo impulsa en Santa Cruz un proceso de reversión de tierras en favor de trabajadoras y trabajadores guaraníes que durante décadas fueron sometidos a servidumbre y semiesclavitud sin reconocimiento alguno de sus derechos fundamentales y laborales.

La acción se desarrolla en la hacienda “Las Tunitas”, en el municipio Gutiérrez de la provincia Cordillera, informó la cartera de Estado.

“En 2014, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en la que evidenció la vulneración de los derechos laborales de las y los trabajadores, explotación laboral y hasta trabajo forzoso (servidumbre). Ante esta situación la propietaria de entonces fue citada y se inició una demanda por la vulneración de derechos laborales”, informó el jefe de Derechos Fundamentales (UDF) del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza.

Posteriormente en 2015, el ministerio solicitó ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) verifique si en la hacienda se cumple la función económica social y presentó una demanda por relaciones de servidumbre para que esas tierras sean revertidas en favor de los trabajadores guaraníes.

El INRA desarrolló, en las últimas horas, una audiencia de producción de pruebas para el proceso de reversión, así como la verificación de la función económica social para la cual fueron notificados los ministerios de Trabajo, Justicia y Desarrollo Rural, además de los supuestos herederos de las tierras, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y autoridades indígenas.

Carranza narró la relación de los hechos detectados en 2014 por lo que se interpuso una demanda ante el Juzgado Laboral de Camiri.

“Se determinó el pago de beneficios sociales por algo más de medio millón de bolivianos. La hacendada o empleadora, de entonces, se comprometió por escrito, en septiembre de ese año, cancelar la suma de 578.892 de bolivianos a las y los trabajadores”, dijo.

Como resultado de este proceso, se tiene una sentencia ejecutoriada en el Juzgado Laboral de Camiri, con lo que se demuestra que existió infracción a leyes sociales y explotación laboral.

“Al no haberse cancelado esa suma y debido a que los derechos de los trabajadores no prescriben y son irrenunciables, en cualquier momento se activa la demanda penal”, acotó Carranza.

Además, en 2015 el Ministerio de Trabajo presentó ante el INRA una denuncia por servidumbre y trabajo forzoso solicitando la verificación de la función económica social de la propiedad.

Por otro lado, el abogado de los “herederos” de la hacienda se retiró de la audiencia alegando que la propietaria no pudo asistir porque estaba enferma de COVID-19. El representante de Fegasacruz tomó la misma actitud y también abandonó el lugar.

Las Tunitas es una hacienda de más de 1.700 hectáreas. Actualmente, 70 trabajadores y sus familias (16 en total) viven en situación de abandono, viven en precarias chozas, no existe ganado alguno y tampoco hay actividad agropecuaria.

Los indígenas denuncian que los supuestos herederos los amenazan permanentemente con echarlos por la fuerza, algunos son golpeados, amenazados de muerte y con envenenar el agua que consumen. /Abi

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