por: Raúl Pino-Ichazo Terrazas
La peligrosidad, desde el punto de vista social, nos aproxima a la temibilidad aplicable a una persona determinada y racionalmente fundado en su conducta y relaciones, entonces, cuando se genera esta situación estamos en un estado peligroso que es la conducta asocial o antisocial que señala un antagonismo o discordancia con las pautas o costumbres sociales. El peligro que siente un ciudadano es, sobre todo, la situación de una persona, sus modos de ser y los modos de actuar sucesivos, más aun si posee autoridad, que el ciudadano infiere por los cambios que han de influir sobre sus condiciones de vida.
Específicamente, para merecer una consideración jurídica y un tratamiento adecuado en nombre de la defensa social, la peligrosidad de un juez, fiscal o servidor público ha de basarse en un juicio de probabilidad y denunciar en sus propias actitudes cierta proclividad o inclinación antisocial. Esa probabilidad se determina por las disposiciones y tendencias y más genéricamente por la personalidad, por los contactos del sujeto con un medio circundante concreto (consorcio jurídicos), que de manera casi inminente puede desencadenar en él reacciones de conducta de oposición social, que constituya en la vida del sujeto una manera de ser permanente y un modo de actuar constante (corrupción como medio de vida).
Es una realidad incontrastable que los ciudadanos, sea cual fuere su cultura, sentimos miedo frente a los servidores públicos, sobre todo al ámbito judicial, cuando debería ser lo contrario, es decir, que el ciudadano acuda a determinado servidor público confiado y esperanzado en un trato igualitario, respetuoso, indiscriminado, además de conciliatorio con el problema que acongoja al ciudadano, sin olvidar que el servidor público en la relación ciudadano-funcionario, goza de la ventaja de investir la potestad de autoridad y, cuando el funcionario público está bien formado nunca dejara sentir el mazo de su autoridad.
Imagine el lector la posibilidad de abuso en su relación con la Policía que, además goza de la potestad de coacción. Todo ciudadano comprende la importancia de la Policía, pero de una bien formada en la concepción del significado responsable de investir autoridad y respeto inmaculado a los derechos humanos; de esta manera que la Policía sea siempre un baluarte y remanso de protección, además de confiabilidad para el ciudadano.
Este aspecto de la peligrosidad de los servidores públicos se dirige hacia un fin de prevención, y su fundamento subyace en el derecho de la sociedad de defenderse a sí misma y asegurar su propia conservación y no prescindir del derecho a acudir a la administración pública sin atisbo de temor.
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Es abogado, posgrados en Filosofia y Ciencia Política, Interculturalidad y Educación Superior, Arbitraje y Conciliación, Docencia en Educación Superior, Derecho Aeronáutico, Alta Gerencia para abogados, doctor honoris causa, docente universitario escritor
