Los dirigentes de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) expresaron su preocupación por la vigencia de la Ley 1386, que dio vida a la Estrategia de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
El vicepresidente de esa organización, Braulio Arguedas, señaló que esta norma puede activar una “mano dura” que el Gobierno pretendía aplicar con el proyecto 218 que fue retirado la pasada semana ante la presión de varios sectores sociales y productivos.
“El movimiento cooperativo boliviano se reunirá este jueves en La Paz en una asamblea general extraordinaria y ahí vamos a hacer conocer nuestra postura final, aunque la tendencia es que se pida la abrogatoria de la 1386 que para nosotros es la ley madre”, afirmó Arguedas a EL DEBER.
El dirigente subrayó que la normativa que creó la estrategia contra el lavado de dinero “puede dar paso a que el Órgano Ejecutivo, a través de decretos y resoluciones ministeriales, pueda aplicar la mano dura que tenían previsto con la ley 218”.
La referida estrategia consta de siete artículos y una disposición final que instruye a la Aduana Nacional la elaboración, en un plazo de 90 días, de un reglamento para el control de la salida de activos. La ley 1386 fue promulgada el 16 de agosto.
Arguedas señaló que las cooperativas no están contra una normativa que enfrente al flagelo internacional de lavado de dinero que provenga de delitos como el narcotráfico o la trata de personas, pero remarcó que estos instrumentos deben ser constitucionales.
“En el caso de la ley 1386, nos preocupa el artículo 5 porque ese instrumento activa otras medidas como la que instruye a las cooperativas ser sujeto obligado para entregar información sospechosa”, apostilló Arguedas.
Este apartado legal encarga al Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo ,conformado por los ministerios de Gobierno, Justicia y Defensa, además de la Procuraduría, aprobar un cronograma de operaciones.
La ley 1386 contiene un anexo de 50 páginas que incluye una serie de acciones y ajustes a varias normas como el Código de Procedimiento Penal para enfrentar el lavado de activos.
“Como el proyecto 218 ha sido retirado, ahora resta discutir la vigencia de la ley 1386 y queremos aportar. Esperemos que el Gobierno nos convoque para dialogar”, remarcó el dirigente de Concobol, la organización que representa a todas las cooperativas del país.
A su vez, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el proyecto de ley antilegitimación retirado es distinto a la ley 1386. Defendió esta normativa porque -asegura- aporta en la lucha contra el lavado de activos a partir del Consejo ministerial que instruye acciones precisas en esta materia.
Sin el proyecto 218, Lima adelantó que el Gobierno aplicará varias normativas de manera que el país cumpla con las obligaciones internacionales para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Citó, como ejemplo, la tarea que cumplirá la Cancillería con acuerdos internacionales para facilitar los procesos de extradición./El Deber
