En Creemos alertan que “se viene la noche” si Camacho es aprehendido

Se trata, según el fiscal Juan Lanchipa, del “último grupo” de personas que debe declarar por el caso denominado “golpe de Estado”. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es el único de esa lista que está en el ejercicio de la función pública.

Desde Sucre, la máxima autoridad del Ministerio Público, Juan Lanchipa, aseguró que la citación responde a una actividad “planificada” por una comisión de fiscales de La Paz y que trabaja en la investigación de un caso vinculado con terrorismo, sedición y conspiración, delitos que pudieron haberse consumado con la renuncia de Evo Morales y por la manera en la que Jeanine Áñez llegó a ser presidenta transitoria, en noviembre de 2019. El fiscal no mencionó el fraude electoral detectado por la OEA en los comicios de octubre de ese año, atribuido a Morales y a sus colaboradores que provocó la crisis política. La Fiscalía cerró del denominado caso fraude y sin ningún acusado.

Tras dejar el cargo, en noviembre de 2020, Áñez postuló, sin éxito, a la gobernación de Beni. Fue detenida el 13 marzo, una semana después de las elecciones regionales en el marco de las pesquisas que motivaron la citación al gobernador Camacho.

“No creo que el MAS esté pensando en detener a Luis Fernando Camacho, porque saben que se le viene la noche encima si detienen al gobernador de Santa Cruz. No hay que olvidar que ganó la elección con más del 55% y no vamos a permitir un golpe de Estado a la gobernación ni a la voluntad de los cruceños”, señaló el diputado Erwin Bazán, jefe de bancada de la alianza

El viernes, el Movimiento Cívico Nacional emitió una resolución en la que, entre otros puntos, “convoca a la cumbre nacional por la unidad y defensa de la libertad y la democracia, en contra de la dictadura masista, a realizarse el 4 de octubre en Santa Cruz. Asimismo, se convoca a una gran marcha para el domingo 10 y un paro cívico para el lunes 11 en “repudio a la persecución a los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales y por todos los que defendieron la vida y la democracia (en 2019)”.

Camacho figura en la citación como “denunciado” y se trata de un caso promovido por la exdiputada Lidia Patty (MAS) que despertó en la Gobernación el recuerdo de la crisis de 2019, pero desde la perspectiva de la “lucha por la democracia” que es opuesta a la postura del “golpe de Estado” que enarbola el oficialismo, en el marco de su gestión política.

Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que la citación para que Camacho viaje a La Paz es “una señal del uso político de la justicia”. Consideró así que se trata de “una venganza por la resistencia ciudadana que se realizó durante los 21 días”, tras las elecciones fallidas de octubre de 2019.

Desde la estrategia jurídica, el abogado del gobernador, Jerjes Justiniano, señaló que por “respeto” a su investidura la declaración debería ser tomada en Santa Cruz y no en La Paz como dice el citatorio que, en un primer momento, se filtró a través de las redes sociales.

Justiniano hizo notar que el actuado que reclama la presencia de Camacho en la sede de Gobierno se tramitó 10 meses después de haberse iniciado la demanda de Patty, es decir, incluso antes de que Camacho sea elegido por la voluntad popular.

Para Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, este es un caso “inventado” que llevará a la “destrucción de la institucionalidad democrática del país”, porque tiene que ver con una estrategia para imponer una falsedad respecto a lo que sucedió en 2019.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a su mandato en medio de protestas sociales contra los resultados electorales de ese año. El expresidente se había repostulado a pesar del límite legal establecido en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de hacer un ajuste en ese apartado legal. Hace dos años, Evo saltó a la lid electoral avalado por una sentencia constitucional que le reconoció un supuesto “derecho a la reelección indefinida” que luego fue negado por un fallo inapelable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Portal El Deber