YPFB desplazó a bolivianos de la planta de urea y duplicó contratación de extranjeros

De héroes de la patria a desterrados y condenados al olvido. En eso se convirtieron 35 técnicos nacionales que fueron reclutados y capacitados durante tres años para operar la planta de Amoniaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo. Pasaron de profesionales de alto nivel a ocupar cargos de bajo rango en zonas alejadas y fronterizas del país, en donde incluso algunos usan su fuerza bruta. Para reemplazarlos, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) duplicó la presencia de técnicos extranjeros, en especial la de venezolanos.

EL DEBER recogió el testimonio de cinco ex trabajadores que pidieron permanecer en el anonimato para evitar más represalias de la estatal, que negó el hecho e incluso aseguró que recuperó a los profesionales retirados en el anterior gobierno.

Este medio también accedió a documentación que respalda el testimonio de los operarios.

Los extécnicos señalaron que fueron relegados de sus puestos de trabajo por haber permanecido en el complejo durante la gestión del Gobierno de Jeanine Áñez.

La mayoría tiene formación académica y experiencia en el sector petrolero de más de 20 años.

La planta de Amoniaco y Urea es un complejo petroquímico ubicado en la zona del Chapare, su construcción demandó una inversión de 953 millones de dólares. Cuando entró en operación en 2017, el entonces presidente Evo Morales, sostuvo que sería operada por manos bolivianas.

De hecho, el contrato firmado entre el YPFB y la transnacional surcoreana Samsung—que construyó la planta— establecía que la firma internacional capacitaría a personal boliviano para que la industria sea operada en su totalidad por técnicos nacionales.

En octubre de 2018, el entonces vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, informó que hasta diciembre de ese año el proyecto estaría bajo el control de manos bolivianas.

Pero los coreanos fueron reemplazados por 33 técnicos venezolanos, mientras que el personal boliviano llegó a un número de 35.

Testimonios

“Tengo colegas que terminaron cavando zanjas para instalar gas domiciliario en El Alto. A mí me redujeron el sueldo y me enviaron a otra planta y después me retiraron. Hace ocho meses que no encuentro trabajo, me han bloqueado el ingreso a la empresa, no entiendo nada. Yo soy técnico, no político”, revela uno de los afectados entrevistados por EL DEBER.

El hombre entró a la planta mediante una convocatoria nacional en 2018. Tras superar varias fases de selección terminó en un puesto importante dentro del complejo ese mismo año. Al no tener militancia política continuó trabajando en 2020; después de los conflictos sociales que derivaron en el cambio de Gobierno en 2019. Pero en diciembre, con la nueva administración, fue relocalizando a otro complejo de Yacimientos con una reducción de sueldo de más del 50%; pese a tener formación profesional y experiencia en el manejo de la planta de urea.

“Ahora, mi reemplazo es un venezolano que gana el triple de lo que yo ganaba”, asegura.

Éste no es el único caso. Las personas consultadas denunciaron que de esta purga no se salvó ni el personal estratégico que operaba en la planta. En 2014, mediante el Decreto Supremo N.º 2091, el Estado creó una escala salarial para que YPFB pueda contratar a personal altamente especializado, con un rango de sueldo de Bs 17.120 hasta Bs 48.150.

Por ejemplo, un especialista sénior fue relocalizado en una ciudad del interior con el puesto de electricista, con un salario menor.

“Lo que se vivió fue una masacre blanca. No entendemos nada. Nosotros entramos a trabajar durante la gestión del presidente Evo, incluso algunos estaban comprometidos con el proceso de cambio”, indica otro de los funcionarios desplazados.

Otra fuente sostuvo que desde enero la mayoría del personal fue reubicado en regiones como El Alto, Riberalta, Villazón, Yacuiba, (frontera con Argentina), Potosí, Cobija y otros lugares alejados.

“Hicieron esto para que las personas se aburran y renuncien. Otros aguantan para no quedarse sin trabajo”, dijo.

Entre los retirados está personal que fue reclutado por el programa Semillero de Talentos de YPFB, que fue implementado para contratar talento humano para que opere los diferentes complejos industriales de la estatal.

Reemplazos

Los 33 venezolanos llegaron para ocupar puestos de operadores, supervisores y personal de mantenimiento. Lo que más malestar causa entre los extrabajadores, e incluso a los que siguen activos, es que perciben un sueldo tres veces mayor a los nacionales, en especial en cargos operativos.

Por ejemplo, un supervisor de campo nacional ganaba hasta 20.000 bolivianos, pero un profesional venezolano percibe Bs 74.568 (10.713 dólares).

Por otro lado, un operador extranjero tiene un salario de 64.341 bolivianos (9.244 dólares) contrario a lo que ganaba y gana uno nacional (entre Bs15.000 y 19.000).

A esto se suma, lo que ganan especialistas llegados de India que tienen sueldos de 25.000 dólares. Y un profesional peruano, con sueldo similar.

“Antes, la relación era un 70% personal nacional y 30% personal extranjero. Pero esta relación es 80% de personal extranjero no capacitado y 20% nacional”, señaló uno los operadores retirados.

Esta fuente dijo que muchos de sus colegas aceptaron incluso estas rebajas salariales por el temor de quedarse sin empleo.

“Fue injusto lo que nos hicieron, pero no podemos darnos el lujo de quedarnos sin trabajo. Tenemos familias y nos han alejado de ellas”, señala un técnico reubicado.

La economía boliviana se recupera de forma lenta y el índice del desempleo está en 7,6%.

Todos los consultados responsabilizaron a Henrry Lapaca, gerente de Industrialización de YPFB de su destierro. “Nos acusaron de ‘pititas’ (seguidores del anterior gobierno), pese a que nosotros entramos con el gobierno de Evo Morales”, afirma otro de los entrevistados.

Además, acusaron al ejecutivo de realizar una mala administración de la PAU porque hasta el momento la planta no entra en funcionamiento. Incluso revelaron que el complejo petroquímico fue paralizado en 2019, antes de la caída de Evo Morales, cuando Lapaca era director del complejo.

Descargo de YPFB

Sobre estas acusaciones, la estatal negó todo. Luciano Montellano, vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, asegura que contrario a lo denunciado se “apostó por recuperar al personal altamente calificado que fue desvinculado durante el golpe de Estado”.

“Durante la administración del Gobierno de facto se despidió a 30 funcionarios y especialistas y se contrató a personas que no cumplían con el perfil, por eso el resultado fue desastroso y desembocó en la paralización de las operaciones de la PAU”, señala.

Montellano sostiene que “la actual administración de la planta ha realizado la incorporación del personal que fue desvinculado sin razón técnica correspondiente”.

No obstante, según los trabajadores relocalizados, en 2020 no se retiró a ningún personal técnico.

Detallaron que, a este grupo de especialistas, todos venezolanos, se les cumplió el contrato que luego se extendió a tres meses, hasta 31 de marzo de ese año.

Después se retiraron porque hubo un ajuste en sus contratos. Se trató de recontratarlos, pero la Contraloría cerró por la pandemia.

Sobre la presencia de personal venezolano, el ejecutivo admite que cuenta con técnicos de diferentes países reclutados por su experiencia laboral.

“Tenemos personal de diferentes nacionalidades, a quienes se contrató por su capacidad. Sin embargo, no hacemos énfasis para elegirlos por el país en el que nacieron y evitamos alimentar cualquier sesgo xenofóbico”, señala el ejecutivo.

Acerca de los cuestionamientos a la administración de Lapaca, desde la estatal indicaron que no conocen ningún acto irregular o denuncia formal que pese sobre él.

“Sobre el ingeniero Henry Lapaca, se debe indicar que cumple con el perfil requerido porque cuenta con un Máster en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, del Instituto del Gas y de Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)”, dijo Montellano.

Incluso el ejecutivo resalta los pergaminos académicos del mencionado ejecutivo.

“Se especializó en Ingeniería de Procesos Petroquímicos para Amoniaco y Urea en Seúl, Corea del Sur. Su licenciatura como Ingeniero Químico se la otorgó la Uagrm en Santa Cruz y tiene otras especialidades en diferentes países como EEUU, sin contar que tiene una amplia experiencia laboral tanto en Bolivia como en el extranjero”, afirma.

Sobre el reinicio de operaciones del complejo petroquímico, Montellano dijo que YPFB avanza a paso seguro y responsable.

“Las tareas de mantenimiento de los equipos fueron positivas y ya se concretaron las actividades más críticas con éxito”, asegura.

Además, anunció “que los equipos que debían ser reparados fuera del país ya están listos y se encuentran en la planta”.

“Hay que dejar que el proceso siga su curso para reiniciar operaciones. La Planta de Servicios Auxiliares ya brinda los insumos trascendentales y necesarios (como ser agua, aire, gas natural, nitrógeno y vapor de alta calidad) para realizar la operación y la producción de urea granulada del complejo petroquímico”, dijo.

Pero el ejecutivo no dio una fecha exacta para la reactivación del complejo, cuya producción está paralizada desde 2019.

Desde su inauguración en 2017 la planta estuvo envuelta en la polémica por sus continúas paralizaciones y los pocos ingresos generados para el Estado. Los problemas no cesan hasta ahora./El Deber

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