EL PELIGRO DE LA POLÍTICA CORPORATIVISTA

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La política corporativista, como forma y manera de acceder al poder, enraizada en los últimos años a nombre de movimientos sociales, se está haciendo cada vez  más pesada para el Estado y la sociedad. Sucede que grupos corporativos se han acostumbrado a las prebendas y ventajas económicas del Estado (cooperativas mineras, auto transporte pesado, libres y sindicalizados, gremiales, etc) que se ponen encima del mismo Estado. Es el caso del transporte pesado, que en estos días ha paralizado el país irracionalmente, porque no necesita al tren Arica – La Paz, cuando el país sí lo necesita.

 

Sucede también que no hay dinero en estas épocas de vacas flacas y saqueadas, por lo que no hay como coimear a las dirigencias del transporte. Entonces imponen todo su poder corporativo, para paralizar el país sin dejar pasar ni  siquiera oxígeno en esta pandemia. Lo interesante es que el ministro encargado de estos temas, se arrodilla para reunirse con ellos, sin velar los intereses del Estado y la población del país. Peligroso precedente, que infla las ganas de los otros sectores corporativos, acostumbrados a la mamadera del Estado.

 

Otra vez presenciamos a un Estado instrumental, que sólo obedece las consignas de un grupo privilegiado de gente, que está totalmente al margen de los intereses de millones de bolivianos. Antes fueron los neoliberales; hoy son quienes creen que hacen revoluciones en cada esquina de nuestras calles. Estado que por supuesto no es Estado, sino algo raro que funciona porque su diseño sigue siendo colonial, patrimonialista y totalmente al margen de las políticas de Estado que todos esperamos.

 

Hay gente, fuera de toda órbita racional, que cree que es dueña del Estado. Y actúa conforme a esa costumbre muy colonial. Consideran que el haber sido elegido les da la potestad de hacer lo que les venga en gana, con todas las instituciones del Estado. Sus cálculos no son de gente de Estado, sino de operadores a la orden de algún grupo de poder. Aspectos que no ha cambiado increíblemente desde el siglo XIX.

 

Esta actitud terriblemente enraizada en todos los rincones del Estado, es una enfermedad que está carcomiendo nuestras instituciones. Quienes conducen las instituciones son grupos corporativos, no gente profesional en función de planes operativos y proyectos de Estado. Con todo el poder del grupo, de las leyes a su disposición porque todo en Bolivia está judicializado como en las dictaduras militares, porque la amenaza más cotidiana son los procesos judiciales contra las personas que reclamen justicia y transparencia. Pues con toda certeza el país está siendo destruido por dentro mismo del Estado. Increíblemente ningún partido político de la llamada oposición se ha percatado de este fenómeno cruel y colonial.

 

Bolivia sufre no sólo la pandemia del covid, sino también de la competencia brutal y criminal de grupos corporativos, para asaltar el Estado y asumir como si eso fuera privado, es decir saquear a más no poder nuestras pocas riquezas del Estado. La política corporativa es corrosiva y absolutamente en contra de los intereses del Estado, de los intereses colectivos de la población. La experiencia nos ha demostrado que esa manera de concebir la política, asaltar nuestras riquezas, es definitivamente anti nacional.

 

Los políticos tienen la sagrada misión de cuidar y velar los intereses colectivos del Estado. Pues ningún político se ha puesto en la escena de realizar esos sacrificios. El Estado ha entrado en una peligrosa carrera del desmantelamiento, para dar paso a corporaciones como el transporte, o el cooperativismo minero, que con la excusa perfecta de que tienen derecho al trabajo simplemente están saqueando las arcas del Estado, o las tierras, la minería, etc.

 

Los signos políticos e ideológicos son simples pantallas de coyuntura para acceder al Estado. Pero hasta hoy no encontramos las personas con las cualidades necesarias, profesionales y de vocación, que sean gente de Estado en toda la extensión de la palabra y el significado. El Estado sólo es la excusa a nombre del pueblo, para asaltarlo y vaciarlo lo más posible de lo que nos pertenece a todos.

 

Esperemos que el ministro de obras públicas entienda algo de esto. Porque él no es ministro de los transportistas y sus intereses, que pueden ser legítimos, sino del país entero. Asunto sine qua non para ser ministro en serio, y no una herramienta patrimonialista a la orden de unos intereses totalmente privados. Los discursos de movimientos sociales han caducado, precisamente por culpa de políticos tradicionales, con visiones simplistas y patrimonialistas que la sobrada experiencia nos dice que es muy peligroso para el conjunto del país.

 

El corporativismo no es el país. Es una parte del país. Sus intereses no tienen el derecho de estar por encima de millones de habitantes. Sus intereses deben también cruzar los caminos de cualquier hijo de vecino, sin afectar la convivencia sobre la base de la soberbia y la intimidación corporativa, cuál si fuera una organización mafiosa.

 

por: Max Murillo Mendoza

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