El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, explicó este domingo que el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria busca garantizar el acceso a la salud para el pueblo boliviano. Dijo que los temas de constitucionalidad en el país deben regirse en un ámbito que genere protección a ese derecho ante la segunda ola de contagios del COVID-19.
La Cámara de Diputados aprobó el viernes el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria que incluye medidas para enfrentar la segunda ola de contagios del COVID-19. Posteriormente, remitió la norma a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.
“Los temas de constitucionalidad en el país tienen que regirse por un ámbito que genere la protección de la salud como valor fundamental de los bolivianos. Esto amerita que analicemos toda la situación de las competencias autonómicas, en el marco del Protocolo de San Salvador, de la Constitución Política del Estado y, especialmente, de las sentencias constitucionales”, indicó el ministro Lima en entrevista con el programa Asuntos Centrales al explicar los alcances del proyecto de ley.
Respecto a las competencias del Gobierno nacional, el Artículo 22 del proyecto establece que “de manera temporal y únicamente cuando éstas se hallen rebasadas en su capacidad de respuesta, esta avocación, será de forma provisional, en el marco de la misión constitucional de garantizar el derecho a la salud”.
En referencia a sectores que se oponen a la norma, aseguró que no existe vulneración a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), ni en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” o en los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas, porque la medida es temporal y aplicable únicamente ante la imposibilidad de brindar atención adecuada en salud.
“Al Artículo 22 impone un mandato de protección, no a los gobiernos subnacionales que tengan todas las condiciones de garantizar la salud del pueblo boliviano, ni a los municipios del eje central. Está pensado para todos aquellos municipios que en algún momento no tengan las condiciones de garantizar la salud”, explicó.
Aseguró que las competencias autonómicas no están en riesgo. “Este Artículo tiene que ser analizado en un contexto general, la prioridad en este momento es la salud del pueblo boliviano”.
Si bien el proyecto de Ley también prevé la conformación del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, integrado por 11 carteras de Estado, Lima remarcó que el Artículo 8 tiene establecido que pueda convocarse en cualquier momento a entidades públicas o privadas a objeto de realizar consultas técnicas de acuerdo con la temática a tratar, y puso como ejemplo el caso de los colegios médicos y de las sociedades científicas que tendrán el escenario para dar recomendaciones y lineamientos.
Indicó que no existe motivo para llevar adelante un paro en salud a partir del lunes en rechazo al proyecto normativo e invitó a continuar el debate del mismo en las instancias legislativas, reconociendo que se deben hacer ajustes, pero remarcando, que es una necesidad poner en vigencia la norma para enfrentar de manera unificada y planificada la pandemia del COVID-19.//Abi
