Ante un comunicado que fue emitido desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la que instruye que los recursos públicos adicionales que se presupuestaron el 2018 en el Ejecutivo departan deben ser destinados a cubrir las contrapartes con el nivel central del Estado, las autoridades departamentales de la Gobernación de Tarija cuestionaron esta disposición ya que consideran que es una forma arbitraria de imponer el centralismo.
“Lo que nos preocupa profundamente es la manera abusiva, arbitraria e inconsulta de confiscarle los recursos adicionales a la Gobernación”, ha señalado el secretario de Planificación e Inversión, Karim Leytón, en conferencia de prensa en el Salón Rojo de la Gobernación.
La autoridad ha apuntado que en dicha disposición se establece un uso obligado de los recursos adicionales que serán dirigidos para financiar proyectos que le corresponden al Gobierno nacional con lo que, a su juicio, se estaría “violando” la autonomía departamental.
Leytón ha indicado que el Gobierno nacional anunció un incremento del presupuesto general del Estado del 15,8% en recursos adicionales, sin embargo, en los sistemas de presupuesto se registra únicamente recursos adicionales para la Gobernación del departamento de Tarija por 49,9 millones de bolivianos, un monto que no se ajusta con el porcentaje establecido como incremento anunciado.
“Los 49,9 millones de bolivianos representan apenas el 6,3% de recursos adicionales, por lo tanto se considera que esta medida no solamente es arbitraria sino poco transparente porque genera dudas en cuanto a los números de los recursos adicionales que vamos a percibir como departamento por regalías e impuesto directo a los hidrocarburos”, ha resaltado Leytón.
En ese entendido, el secretario ha asegurado que con la confiscación de esos recursos se afectará a la planificación y a la asignación de los recursos propios en función de prioridades que fueron establecidas en resolver los problemas de la salud y el empleo.
A su turno, el secretario de Justicia, Yamil García, ha señalado que con esta acción se pretende usurpar la administración de recursos que son un derecho departamental constitucionalizado, por tanto dentro de las acciones que se tomaran en adelante se definió que una comisión de Gobernación pueda trasladarse lo antes posible a la ciudad de Sucre para presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la dicha disposición transitoria que habilita al Ministerio de Economía y Finanzas Pública, para realizar tal medida.
