Alternancia en el gobierno de los años 80 hasta 2005 no creó bienestar para Bolivia

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó el viernes que la alternancia en el gobierno entre los años 80 hasta 2005 no generó bienestar para el pueblo boliviano, cuando los partidos políticos que hoy están en la oposición rotaron en la presidencia del Estado.

«¿Es la alternancia lo que te garantiza un mayor bienestar para la ciudadanía?. En el caso particular de Bolivia si analizas la década del 80, del 90 y principios del 2000, la respuesta es categórica, es no», dijo en una entrevista con el canal privado Cadena A.

Gonzales recordó que desde 1985 y hasta 2005 el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) y el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) rotaron en el poder a través de coaliciones que surgían en el parlamento y que permitía la elección del nuevo presidente de la República.

Dijo que los políticos que integraron esos partidos y otros de la oposición ahora reclaman la alternancia en el gobierno y rechazan un nuevo mandato del presidente Evo Morales, que llegó al poder en 2006 con un arrollador triunfo de 54% y revalidó el cargo en dos oportunidades.

«¿Cuál es el objeto de un gobernante? Que la ciudadanía viva mejor«, añadió Gonzales y dijo que el MNR, MIR, ADN y sus aliados no lograron ese objetivo, pero sí el gobierno de Morales.

Desde el 2006, Bolivia recorre un camino de transformación social, política y económica, con el firme objetivo de dejar de ser una de las naciones más pobres de Suramérica y convertirse en un país soberano, independiente y líder en crecimiento económico.

«Aquí todo pasa por el pueblo, si el pueblo decide darle su respaldo a un presidente o a una presidenta, lo va hacer», remarcó Gonzales en momentos en que el oficialismo busca habilitar a Morales como candidato en las elecciones de 2019.

Con ese objetivo, legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron al Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso legal para declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado referidos al límite de participación en elecciones para autoridades nacionales y subnacionales. (Abi)

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