La investigación y proceder de la Policía Boliviana y del Ministerio Gobierno en torno a las dos explosiones acontecidas durante el pasado Carnaval en Oruro, en el que perecieron 12 personas y más de medio centenar resultaron heridas, se han convertido en un hecho grotesco, irresponsable e irrespetuoso con las víctimas y con todo el pueblo boliviano.
Más de un mes y medio después de las tragedias todavía no se tiene claro qué fue lo que sucedió en estas explosiones, quién o quiénes fueron los responsables y si en verdad los hechos están relacionados entre sí.
Se trata de un hecho grave con pérdida de vidas humanas, en medio de una de las actividades más mediáticas que cuenta el país y cuando mayor afluencia de turistas llega que merecía una investigación seria, rápida, oportuna, y veraz. No ha ocurrido nada de eso y en cambio, tanto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como la Policía han lanzado una serie de informaciones aventuradas, especulativas y algunas completamente absurdas.
Primero, estas autoridades mencionadas hablaron de actos terroristas, con posibilidades factibles de hechos coordinados entre sí. Luego dieron a conocer la supuesta hipótesis de que las explosiones de Oruro estaban relacionadas con un asunto familiar de tierras.
En medio de esa vorágine informativa, la policía difundió, con una irresponsabilidad y torpeza mayúsculas, el identikit de un supuesto sospechoso mellando de esta forma la dignidad e imagen de esta persona que no tenía responsabilidad en los hechos.
Se trata de un hecho grave con pérdida de vidas humanas, en medio de una de las actividades más mediáticas que cuenta el país y cuando mayor afluencia de turistas llega que merecía una investigación seria, rápida, oportuna, y veraz. No ha ocurrido nada de eso y en cambio, tanto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como la Policía han lanzado una serie de informaciones aventuradas, especulativas y algunas completamente absurdas.
En esta semana, la policía ha dado conocer a un nuevo supuesto sospechoso, familiar de las 8 víctimas que perdieron la vida en la primera explosión ocurrida el 10 de febrero debido a un supuesto lío de faldas y enamoramiento con su cuñada.
La información podría haber quedado ahí pero la policía ha querido ir más allá y ha revelado sus indagaciones sobre el supuesto perfil psicópata del sospechoso puesto que tenía en sus redes sociales una foto de un villano de la serie de dibujos animados Dragon Ball.
Fuera de parecer un chiste, son declaraciones oficiales del teniente coronel Miguel Ocampo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a las que ha añadido otros argumentos de peso para encontrarlo sospechoso como que escribió en sus redes sociales la siguiente frase: “Unos fuman, otros beben, otros se drogan y otros se enamoran, cada quien se mata a su manera”, o que el sospechoso tenía una supuesta relación comercial con una empresa minera.
La población no ha tardado en burlarse de estas declaraciones y de poner en entredicho el papel de las fuerzas de seguridad del Estado cuya imagen se encontraba ya bastante deteriorada.
Al margen de estas declaraciones de ciencia ficción, todavía quedan varias interrogantes por resolver en caso de que se demuestre la autoría de este sospechoso, que se encuentra aprehendido desde el martes.
¿Quién o quiénes fueron los responsables de la segunda explosión? ¿Por qué no se extremaron las precauciones y se reforzó la seguridad tras el primer suceso y se permitió que hubiera una segunda explosión con nuevas víctimas?
El ministro Romero y las máximas autoridades policiales deberían responder a estas incógnitas, reflexionar sobre la idoneidad de los encargados de la seguridad en el país y cesar a aquellos que no sean aptos para sus cargos. También sería un hecho valiente, honesto y consecuente, la dimisión del ministro Romero que atesora a sus espaldas escándalos como el asesinato del viceministro Illanes, los asaltos de brinks y de la joyería Eurochronos o los abusos sexuales y motines en el Palmasola.
