Los robos y extorsiones, son moneda corriente en Bolivia toda de estos tiempos. Si a esto agregamos la crisis migratoria, producto de miles de extranjeros indocumentados que ingresan o tratan de ingresar a nuestro país, la situación para los bolivianos es sumamente compleja.
No se trata solamente de no sentirnos seguros al caminar por una calle, puesto que el narcotráfico, las redes criminales de trata de personas, son parte a su vez de este complejo fenómeno, al que ninguno de los nueve departamentos del país son ajenos.
Por ello, la inseguridad ciudadana es hoy por hoy el problema número uno de nuestro país. Los estragos son terribles y lo peor es que hay la sensación que la Policía no actúa decididamente para recuperar la tranquilidad de otros tiempos.
Si ya se visualizó la inseguridad ciudadana en su real dimensión, hay que actuar con criterio técnico y no político. Realizar ceremonias para presentar un gran número de efectivos policiales, de vehículos o de aparatos tecnológicos tiene buen marketing, sirve para la propaganda y la foto, pero si no va de la mano con planes, estrategias, pero sobre todo leyes, este terrible panorama no cambiará.
La Policía está obligada a conseguir, cuanto antes, logros en cuestiones básicas que afectan el día a día de los ciudadanos, como su seguridad. Hay que estar junto a la gente y sus problemas.
La seguridad se considera, al mismo tiempo, un derecho individual y un bien público. Por eso, la Policía tiene el deber constitucional de proveerla y garantizarla. A ellos corresponde encabezar la tarea y presentar planes serios y sobre todo que no sean de ‘borrón y cuenta nueva’ cada que se cambia un alto mando policial.
