El reciente 24 de junio, día de la Policía Boliviana, fue caracterizado por dos imágenes contrastantes. Por un lado, vimos al jefe de la policía exaltando la profesionalización alcanzada por la institución. Por el otro, activistas de derechos humanos y familiares de personas que sufrieron violencia por la policía exigían una efectiva reforma policial.
La policía utiliza medios de comunicación y canales de información publica para presentarse como una institución profesional, eficaz y respetuosa de los derechos humanos. Pero casi a diario, abogados y organizaciones de derechos humanos reciben denuncias de abusos, los medios de comunicación reportan casos de colusión entre miembros de la policía y la micro criminalidad o el narcotráfico y distintos sectores de la población expresan sus preocupaciones sobre los elevados índices de criminalidad.
Pero eso no es todo, puesto que ver a policías que paran agresivamente a conductores de motorizados los viernes y sábados es ya cosa común -los otros días de la semana ‘el control’ es nulo-, observar que sin ningún tipo de educación o profesionalismo exigen licencias de conducir es la queja de conductores cuasi a diario ante los medios de comunicación.
¿Como hacer entonces para que esta institución con dos caras se convierta en una entidad transparente y apreciada por todos, en esa institución que aspira a ser?
En lugar de una ocasión de celebraciones, el día de la policía hubiera tenido que ser una oportunidad para promocionar una amplia reflexión sobre la efectividad, la integridad y la actitud de la Policía Boliviana.
Es indudable que la policía ha crecido considerablemente en numero de efectivos y ha sido objeto de una reestructuración significativa desde su creación, hace 197 años.
Ha logrado una buena cobertura geográfica a nivel nacional, se ha dotado de varios departamentos especializados en investigación, ha establecido mecanismos de control interno, ha creado departamentos dedicados a la educación y al entrenamiento de sus miembros. Igualmente, se tiene que reconocer que la Policía Boliviana está en continuo desarrollo.
Sin embargo, a la luz de las preocupaciones que despierta la situación de seguridad ciudadana y frente a las constantes denuncias de abusos, es legitimo preguntarse si los cambios y las reformas que han sido introducidos a lo largo de los años están dando los resultados esperados.
Si la policía todavía está lejos de ser la institución que todos en Bolivia merecen, quizás sea porque no hay un reconocimiento ni por parte de la institución misma ni por parte de otras autoridades estatales competentes de la envergadura y de las consecuencias del problema que suponen las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.
Negando que los abusos por parte de la policía alcanzan niveles alarmantes, las iniciativas de reformas que se desarrollan no pueden estar centradas en aumentar el respeto por los derechos humanos. Desestimando que la corrupción y los abusos policiales fomentan la delincuencia y la violencia, se toman medidas que resultan inadecuadas para mejorar la eficiencia de la policía en prevenir y combatir la criminalidad.
Los que se necesita es una policía que sea capaz de proporcionar protección efectiva respetando los derechos humanos. Eso debería ser el objetivo final de la tan necesaria reforma policial integral que cada día más bolivianos están pidiendo.
Esta reforma debería empezar con una amplia evaluación preventiva e independiente de la Policía Boliviana a fin de evitar que se repitan errores de reformas pasadas y a fin de entender lo que hay que cambiar para conseguir una mejora integral en la institución.
De la misma manera, los parlamentarios, Ministerio de Gobierno y alto mando policial deben empezar a reflexionar sin más demora sobre el tipo de policía que quieren dar al país para que la seguridad, el respeto de los derechos humanos y la justicia sean una realidad para todos.
