Cadáveres en domicilios, calles y avenidas, plazas públicas, vehículos y afuera de los centros de salud. Cientos de entierros en cementerios clandestinos en todas las ciudades del país. Esa fue la situación que Bolivia vivió en la primera ola de Covid-19, durante el régimen de Jeannine Áñez.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reveló que las estadísticas de fallecidos por el nuevo coronavirus entre marzo y noviembre de 2020 fueron mayores a las que reportó oficialmente la “dictadura” de Áñez.
“Las estadísticas que tenemos de personas fallecidas por el Covid-19 son mayores a las que ha manejado la dictadura para tratar de mimetizar y minimizar la muerte de bolivianos, en gran medida por falta de respiradores o de ventiladores que nunca se han usado, que no han servido y que ha sido un negociado asqueroso, ocasionando la muerte de miles de personas”, afirmó Chávez durante la rendición pública de cuentas inicial 2023 de la Procuraduría General del Estado que se cumplió ayer, viernes, en El Alto.
Chávez sospecha que la compra de respiradores inservibles y con sobreprecio para los pacientes covid en el régimen de Áñez, que fallecieron por falta de esos equipos, obligó al régimen a rebajar la cifra real de fallecidos.
The New York Times
En 2020 el influyente The New York Times, rotativo estadounidense de alcance y prestigio global, denunciaba: “El gobierno de transición de Jeanine Añez –que culpó a Evo Morales por su mal manejo del sistema de salud en sus 14 años en el poder– enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”.
En la administración de facto de Áñez el sistema de salud fue desbordado en la amplia geografía nacional durante los meses más difíciles de la pandemia de Covid-19.
Conseguir una cama en un centro de salud o acceder a una unidad de terapia intensiva fue casi imposible en algunas regiones de Bolivia, abatida social y políticamente tras las crisis que obligó en noviembre de 2019 al entonces presidente Evo Morales a dimitir al cargo.
20.000 muertos
El aumento en muertes –entre junio, julio, agosto y septiembre de 2020– colapsó los hospitales bolivianos y obligó a las autoridades municipales a ampliar sus crematorios y a abrir nuevos cementerios.
La Policía recogió cadáveres por todo el país en domicilios, calles y avenidas, plazas públicas, vehículos y en alrededores de los centros de salud.
En la mayoría de los casos, las personas fallecieron luego de peregrinar por varios hospitales y que no pudieron internarse.
En un balance de abril a septiembre, la fuerza pública, encargada de atender fallecimientos extrahospitalarios, informó que entre el 85% y 90% de los “cuerpos recogidos eran con probabilidad sospechosos del nuevo coronavirus”.
Cerca de 9.000 muertos oficiales contabilizó el gobierno de Áñez. Sin embargo, la cifra, con los subregistros, que agregaba los casos extrahospitalarios, rondaba los 20.000.
Los 20.000 muertos lo señalaron puntualmente organizaciones no gubernamentales y funcionarios del Registro Civil a medios de prensa de La Paz y Cochabamba ya en septiembre de 2020.
