En su informe preliminar que contempla siete temáticas, tras su visita a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la asfixia económica hacia algunos medios de comunicación y “discursos estigmatizantes que pueden alentar a la violencia”, además de deplorar la falta de independencia de la justicia en el país.
El informe habla de la asfixia económica en el punto referido a la “libertad de expresión”. Los otros temas son inclusión, derechos económicos, discriminación, violencia de género y falta de acceso a la justicia.
“La CIDH nota la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios, así como reportes sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”, mencionó la primera vicepresidenta de la comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La comisión refiere que se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa, pero que también recibió la información sobre falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia. La CIDH dijo también que le preocupa la escalada de agresiones a periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz.
Desde la llegada al Gobierno, el MAS ejecutó una serie de acciones contra medios de comunicación que mantienen independencia, entre ellos la “eliminación de pauta electoral”, persecución a través de impuestos, entre otros.
En agosto de 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación en torno a “una campaña de asfixia económica y presión política” denunciada por Editorial Canelas S.A. En ese contexto, la CIDH en su visita in loco pudo corroborar tales extremos.
“A raíz de la violencia, se presentaron distintos episodios de autocensura e, incluso, la interrupción de transmisiones de medios de comunicación y el cese de despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques. Pese a la gravedad de estos hechos, persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”, refiere el informe.
