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jueves, 26 / enero / 2023

MALTRATANDO, AL MENSAJERO

por: Arturo Yañez Cortes

Las agresiones de toda índole contra la prensa boliviana, sea contra periodistas, reporteros, camarógrafos, etc., están sufriendo un incremento intolerable para cualquier estado y sociedad genuinamente democrática. Provienen desde cualquier espacio del que se ejerce poder y es peor aún, cuando se lo hace desde el público, aunque no cabe omitir aquellas desde grupos “movilizados” (frecuentemente amancebados con aquel) u otros, que por el simple hecho que estén cumpliendo su legítimo trabajo -constitucionalmente garantizado-, resultan agredidos no sólo verbalmente, sino físicamente. El sistema de justicia, bien gracias…viendo hacia otro lado o aun peor, encubriendo a los agresores, asegurándoles impunidad. Ej: Las Londras.

Repárese que el libre ejercicio de la libertad de prensa que integra la libertad de pensamiento y opinión, constituye universalmente piedra angular de toda democracia, es esencial para la realización del ser humano y es imprescindible para el ejercicio de otros DDHH. Según la CADH, toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier procedimiento de su elección y la CPE consigna como derecho civil, expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones, por cualquier medio de comunicación, sea individual o colectivamente.

Ello implica que cualquier persona, libremente y por cualquier medio, tiene derecho a obtener o emitir pensamientos u opiniones de cualquier índole, sin que exista censura previa y, afortunadamente, si bien existen responsabilidades ulteriores, el estado del arte del Derecho nos enseña que paulatinamente, esas están abandonando el Derecho Penal e incluso, existen justificadas diferencias de tratamiento en favor de los periodistas.

En el caso específico de los periodistas, precisamente por la naturaleza de sus funciones, la protección es pues superior, como no podría ser de otra manera. La normativa, jurisprudencia y doctrina ha creado una serie de salvaguardas qué en definitiva, no les protegen sólo a ellos en sentido estricto, sino a nosotros, a los ciudadanos, ya que el libre ejercicio de la noble función del periodismo se traduce en que el soberano disponga de la información suficiente de todos los colores, que nos permita conducir nuestras vidas según nuestros propios propósitos.

Pero así como existen esas salvaguardas en su favor, existen también obligaciones impuestas a quienes ejercen cierto grado de poder, principalmente público y, peor, tratándose de protestas públicas en las que conforme señala la Relatoría para Libertad de Expresión de la COMISION IDH: El derecho de acceder a la información contempla el derecho a grabar una reunión o protesta, lo cual incluye grabar la operación de mantenimiento del orden. También pueden grabar una interacción en la que esa persona es, a su vez, grabada por un agente público, el denominado “derecho de retrograbación”, debiendo el estado proteger ese derecho, pues la confiscación, incautación y/o destrucción de notas y material de grabación sonora o audiovisual, sin las debidas garantías procesales, deben estar prohibidas y castigadas. Además, entre otras que aquí por espacio no puedo explicarlas, el estado tiene el deber de registrar y grabar el accionar de sus agentes, a fin de posibilitar la revisión y mejora de su accionar. La accesibilidad y conservación de estos registros implica también permitir el necesario control de cualquier denuncia de irregularidad, violación de DDHH o peor, de comisión de delitos.

En términos generales, las principales obligaciones estatales pueden resumirse en que debe respetar el derecho a libertad de expresión y abstenerse de interferir en su goce; proteger o ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades y dar cumplimiento al derecho o tomar medidas positivas o proactivas para efectivizarlo.

Aunque tuve que resumir y mucho el estado del arte sobre la materia, las agresiones que sufren cada vez más cotidianas y peor, impunes, desde el poder, agentes estatales o personas, contra los periodistas que hacen su trabajo en favor de la comunidad; nos muestran el grado efectivo de democracia que rige en Bolivia y especialmente, el nivel de cumplimiento del estado para con sus ciudadanos de sus DDHH, pues: “UNA PRENSA LIBRE PUEDE SER BUENA O MALA, PERO SIN LIBERTAD, LA PRENSA NUNCA SERÁ OTRA COSA QUE MALA”. Albert CAMUS.                      

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