El Gobierno nacional alertó este lunes que algunos políticos apelan al discurso de “percusión política” y de “judicialización de la protesta” para evadir sus responsabilidades por el paro cívico que duró 36 días en Santa Cruz y que generó el deceso de al menos cuatro personas, ataques a instituciones públicas y sedes de organizaciones sociales y pérdidas económicas por $us 1.200 millones.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, recordó que, por cada ilícito cometido durante el paro, impuesto por el Comité Interinstitucional, hay procesos iniciados por personas particulares en el Ministerio Público y que será en ese ámbito donde se resuelva cada caso.
Con “el discurso de decir judicializar la política, de persecución política, se quiere evadir responsabilidades”, afirmó Alcón en declaraciones a Bolivia Tv.
Tras varias negativas a dialogar y no explicar su propuesta de realizar el Censo en 2023, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz impuso un paro de actividades desde el 22 de octubre y lo prolongó hasta el 26 de noviembre.
Respaldado en el grupo paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), la entidad impuso la medida de presión con puntos de bloqueo donde, incluso, grupo delincuenciales exigían dinero para transitar.
El propio vocero del Comité Interinstitucional, Manfredo Bravo, admitió que personas en estado de ebriedad, “delincuentes y drogodependientes” controlaban varios puntos de bloqueo.
Pero no solo ello. En el trascurso del paro se registraron cuatro personas fallecidas. Una de las primeras muertes se dio en Puerto Quijarro, en el primer día del paro. Se trataba de una persona que exigía su derecho al trabajo y fue asesinada a golpes.
En la ciudad de Santa Cruz ocurrieron el resto de muertes, entre ellas de un mototaxista que se degolló con un alambre, como parte de los bloqueos, extendido de un extremo a otro de una vía.
También se denunció la violación múltiple de una menor y que los bloqueadores no dejaban pasar ambulancias en los días de paro y en muchos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas.
Mientras que el 11 de noviembre, grupos de choque violentos vinculados a la UJC incendiaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y saquearon las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) cruceña.
Además, cercaron oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de Entel, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), de Bolivia Tv y agredieron a policías y a varios periodistas que cubrían los protestas.
En el marco del paro, también se registró la agresión a mujeres del pueblo indígena Ayoreo por parte del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, el 28 de octubre.
Procesado por la presunta comisión de los delitos de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo, lesiones graves y leves, el subgobernador mantiene detención domiciliaria, arraigo y debe presentarse en Ministerio Público cada siete días.
Así avanzan los procesos por los hechos de violencia registrados durante el paro y la viceministra señaló que se tiene que dar con todos los responsables, aunque desde el Comité lo consideran una “persecución política” y “judicialización de la protesta”.
“¿Quién es responsable de más de 1.200 millones de pérdidas en Santa Cruz?, ¿quién va asumir todo este perjuicio que ha significado todo este daño?”, preguntó.
De acuerdo con Alcón, todos estos hechos se habrían evitado si la dirigencia del Comité Interinstitucional aceptaba el 21 de octubre la propuesta del Gobierno nacional de delegar a una comisión técnica establecer la fecha definitiva Censo y la distribución de los ingresos económicos por coparticipación a partir del mes de octubre.
Sin embargo, el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, y el cívico Rómulo Calvo, determinaron mantener la medida de presión.
Pese a ello, la propuesta del Gobierno se materializó con el respaldo del resto del país. La Comisión Técnica, que realizó su trabajo entre el 5 y 9 de noviembre en la ciudad de Trinidad, Beni, propuso realizar el Censo entre marzo y abril de 2024 y la distribución de ingreso a partir del mes de septiembre.
Asumiendo la propuesta, el presidente Luis Arce Catacora fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta nacional y garantizó la distribución de los ingresos a partir del mes de septiembre.
Ambos planteamientos fueron recogidos por un proyecto de ley que fue sancionado por el Legislativo, norma que fue promulgada el 2 de diciembre por el presidente.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que jurídicamente “no era necesaria la norma”, porque no establece nada más de lo que señala la Constitución, sin embargo, aseguró que “permitió que Santa Cruz vuelva a la normalidad”. /Abi
