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martes, 6 / diciembre / 2022

Empresarios financiaron toma de la COD y tienen armas en la frontera, denuncia alto dirigente sindical

El asalto y saqueo a las oficinas de la Central Obrera Departamental fue planificado y financiado, denunció su máximo dirigente, Rolando Borda, por “algunos empresarios” de Santa Cruz.

“Toda la movilización violenta desplegada en el paro indefinido se planificó con tiempo, con el ingreso de tráiler cargados con petardos, hay financiamiento de algunos empresarios que conocemos quienes son”, precisó el dirigente sindical en entrevista con la televisora estatal.

Dijo que por informaciones que recibió, los financiadores de la toma violenta de la sede sindical, y de la quema de las instalaciones de la Federación Departamental de Campesinos, que ocurrió el viernes por la tarde, poseen “bastante armamento” en una propiedad ganadera “lujosa” en Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.

El asalto a la COR ocurrió en medio del paro cívico que derivó en una jornada violenta al marcar los 21 días de la medida de presión a la que el ente sindical se opone.

“Esto no es un paro cívico, es una dictadura fascista  por el capricho de dos personas, especialmente del gobernador Fernando Camacho”, indicó Borda.

Viernes 11

Una marcha que se perfilaba pacífica, con banderas blancas de paz, fue atacaba violentamente por grupos de choque cuando sus dirigentes iniciaban los discursos de rigor al pie del emblemático monumento al Chiriguano.

La movilización de organizaciones sociales, multitudinaria, fue convocada para pedir que cese el paro, que cumplió este viernes 21 días, y recorrió puntos de bloqueo solitarios sin mayores incidentes.

Grupos afines a la institucionalidad cívica, perfectamente organizados en vehículos y motocicletas, llegaron al segundo anillo y atacaron a los marchistas.

En la refriega, equipos de prensa y periodistas, entre ellos los de la estatal Bolivia Tv, fueron atacados en confusos incidentes.

Campesinos

Los grupos paramilitares, que dispersaron la movilización social con escasa resistencia, se dirigieron inmediatamente a la sede campesina e iniciaron el asedio.

La fuerza pública resistió el ataque pero fue derrotada al intentar, por casi cuatro horas, impedir la toma de las instalaciones, ubicada en el centro mismo de la ciudad.

Los grupos violentos fueron armados con bombas incendiarias caseras, correas con clavos, bates de beisbol y algunos con machetes.

Fue también un ataque perfectamente coordinado de esquema militar, con relevos, que rebasaron a la experimentada policía antidisturbios e incendiaron, como lo hicieron en noviembre de 2019, las instalaciones de la Federación de Campesinos del departamento.

Los asediadores avanzaron en una suerte de guerra urbana y camuflados en una ambulancia, como en tiempos de la dictadura de Luis García, recibieron “material” para continuar su ataque.

La fuerza pública fue advertida en redes sociales por la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista que si “continúan con la violenta represión al pueblo cruceño” tomarán también  el Comando Departamental de la Policía.

Horas antes

El jueves en la noche, en el mismo barrio de los sucesos violentos, segundo anillo y Santos Dumont, el ex coronel del Ejército Jorge Santisteban anunciaba a los medios de prensa que un cabildo vecinal había determinado conformar “comités de autodefensa” que se replicarían en la ciudad, la más poblada de Bolivia.

El anuncio fue sólo una formalidad porque desde el primer día del paro indefinido, bajo el adoctrinamiento militar de Santisteban y policías descontentos, operaron en los barrios proclives al comité cívico violentos grupos civiles de seguridad ciudadana.

Esos cuerpos de seguridad no policiales se tornaron violentos en puntos de bloqueos, con muertes y violaciones de por medio, al extremo que la propia fuerza pública admitió el jueves estar “impedida” de investigas esos casos.

Aunque el comité cívico se distanció de ellos, al calificarlos de  “malvivientes”, en los hechos los financia con la entrega de víveres o Bs 150 por 24 horas de “vigilia”.

En Perú y Colombia, en los años ochenta y noventa,  los “comités de autodefensa” derivaron en grupos paramilitares armados que colocaron en riesgo la seguridad interna de ambos Estados.

Ese viernes la ciudad experimentó, con detonaciones de miles petardos del primer al quinto anillo, y estridentes ruidos de sirenas de ambulancias, un verdadero estado de terror.

Corrían en las redes sociales amenazas de toma del canal estatal, de las viviendas de sus presentadores y periodistas, de dirigentes sindicales, entre ellos de Rolando Borda, y de autoridades de Estado.

Las instalaciones estatales estuvieron bajo asedio y las sedes sindicales, como la Central Obrera Regional, fueron violentamente hostigadas y saqueadas.

El rebelde barrio Plan Tres Mil, que rechazó el paro desde sus primeras horas, es ahora el foco de tensión y grupos radicales advierten con “ponerlo de rodillas”.

«Los malagradecidos, que no están parando, todavía tienen el cinismo de exigir trabajar. Estén alertas, se convocará a recorrer el Plan para obligar a cerrar los negocios y mercados que están abiertos”.

Ambulancias, bomberos

Sin resguardo policial, la sede campesina fue devorada por el fuego. Los movilizados violentos impidieron el tránsito de bomberos y ambulancias.

La fuerza pública se replegó a sus instalaciones y la ciudadanía cerró comercios, puertas y ventanas ante rumores de más violencia.

Afines a Fernando Camacho difundieron mensajes de miedo: «Instamos a la población a reforzar sus bloqueos y prepararse con palos y piedras para defenderse. Los masistas están destrozando propiedades privadas y robando objetos»./ABI.

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