A tiempo de repudiar los actos de discriminación y violencia por parte de grupos afines al gobernador Luis Fernando Camacho contra indígenas ayoreos en el municipio de Concepción, la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz expresó su respaldo unánime a la gestión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.
“Repudiamos las acciones que se están llevando adelante en el departamento de Santa Cruz, a la cabeza del señor Luis Fernando Camacho. No vamos a permitir ningún acto de discriminación que vaya en contra de los pueblos indígena originario campesinos”, aseguró el diputado Froilán Mamani en conferencia de prensa, cita un reporte de la Cámara de Diputados.
Videos que circulan en redes sociales, muestran al subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, con el torso descubierto y chicote en mano, intimidando y desafiando a mujeres ayoreas para que levanten el punto de bloqueo que instalaron en la carretera que une el municipio de Concepción con la ciudad de Santa Cruz, cansadas por el perjuicio económico producto del paro indefinido.
Por este hecho, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, interpuso una demanda penal contra Velásquez, por la comisión de los delitos de Racismo y Discriminación previstos en la Ley 045.
De la misma forma, la diputada Elsa Sánchez presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de coacción, amenaza e instigación pública a delinquir. Sumado a ello, en las últimas horas, asambleístas del Movimiento Al Socialismo pidieron a Camacho destituir al subgobernador cuestionado por su actitud violenta contra indígenas del Oriente.
“Llamo a la reflexión, si no reflexiona este compañero (Camacho), nos veremos en las calles de Santa Cruz, a la cabeza de nuestra Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia”, advirtió por su lado, el diputado Johnson Jiménez, representante de las naciones y pueblos originarios.
Entre tanto, la diputada Betty Yañiquez, ratificó el respaldo unánime al binomio Arce y Choquehuanca, y advirtió que la vulneración de derechos que provoca el bloqueo y paro de los cívicos en Santa Cruz, podría convertirse en una demanda ante instancias nacionales como internacionales.
