El rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms) de Tarija, Eduardo Cortez, exigió al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, que respeten su postura de llevar adelante el Censo de Población y Vivienda en 2024 y que no busquen el enfrentamiento entre bolivianos.
“Yo respeto el planteamiento de Santa Cruz, pero también tienen que respetar el criterio que cada uno de nosotros tenemos”, indicó Cortez en declaraciones al programa Fama, Poder y Ganas.
De paso por la capital cruceña, Cortez ratificó su pedido de que la encuesta nacional se lleve adelante en 2024 y no en 2023, como exigen la Gobernación y la Uagrm.
La postura se sustenta en dos argumentos: primero en que se permita trabajar al Instituto Nacional de Estadística (INE) en un proceso censal que tenga una alta calidad “y que brinde información precisa y confiable” para definir nuevas políticas de desarrollo desde todos los niveles de gobierno.
En tanto, el segundo argumento se centra en los efectos que tendrá el Censo porque conllevará una nueva distribución de los recursos por coparticipación tributaria y que afectaría a regiones como Tarija como efecto de una población menor respecto a departamentos como Santa Cruz.
Para graficar este último pilar de su postura, Cortez explicó que la coparticipación tributaria funciona como “una bolsa” donde se acumulan todas las recaudaciones tributarias del país y se divide en función de los habitantes de cada departamento.
De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012, Bolivia tiene una población superior a los 10 millones de habitantes, en consecuencia, los recursos de coparticipación se distribuyen según la cantidad de población de cada región.
“Se calcula que el país tendrá unos 12 millones de habitantes, en el caso nuestro Tarija tenía una población de 503.000 habitantes (en el Censo de 2012), se prevé que tendremos 600.000 habitantes (con el nuevo Censo). En cambio, Santa Cruz se calcula que va a tener 3,5 millones de habitantes. Eso provocará la diferencia en el tema de los recursos”, advirtió.
Desde su óptica, con el nuevo Censo se “va a agrandar la diferencia” entre los departamentos en lo que corresponde a la coparticipación tributaria, lo que también debería ser el centro de debate en este proceso pre censal porque habrá regiones que perderán recursos.
“Lo que nos preocupa es que, en lugar de aumentar los recursos por la coparticipación, en el caso de la universidad, disminuyan cuando hay muchas necesidades”, dijo.
Por ello, Cortez incluso sugirió crear “un mecanismo de compensación” para aquellas regiones que sean afectadas y también buscar otras fuentes de financiamiento.
Sobre el anuncio de un paro indefinido en Santa Cruz a partir del 22 de octubre en demanda de que el Censo se realice en 2023, el rector dijo que es “preocupante” porque afecta a “las familias más sencillas y que viven al día”. Pidió, por tanto, que se actué con “responsabilidad social” como debe hacerlo la universidad.
“El dialogo es un mecanismo de gestión y la gestión se hace con diálogo”, enfatizó Cortes al insistir que ninguna región ni universidad está en contra de la realización del Censo.
Dijo que si fuera de Santa cruz también “pediría que se haga lo antes el Censo”, pero hay que “pensar en el país” y “evitar ese tipo de conflictos de confrontaciones y seguir trabajando de manera coordinada”.
Al aludir al gobernador Camacho, Cortez señaló que la autoridad departamental está actuando con una postura política de “ver cómo se puede desgastar al Gobierno, busca la confrontación en vez de buscar el dialogo”.
Señaló que Camacho tiene que ser “tolerante y no buscar la división en nuestro país, entonces más bien se debería ir al dialogo se debería buscar inclusive acercamientos a nivel departamental con todas las instituciones”. /Abi
