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martes, 29 / noviembre / 2022

El Gobierno se fija noviembre para presentar la ruta crítica de la transformación judicial

El proceso hacia la transformación de la judicial avanza y hasta noviembre se espera contar con una propuesta de ruta crítica asentada en pilares como el descongestionamiento de los juzgados con salidas alternativas a la judicialización y la consolidación de la independencia judicial, informó el viceministro de Justicia y Derechos fundamentales, César Siles.

“Queremos tener en noviembre un resultado, esperemos que sea final perfectible, para presentarle al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, recogiendo los insumos, no únicamente para estos seis ejes que hemos planteado, sino quizá pueda surgir un séptimo u octavo, pero ya teniendo clara la ruta crítica”, explicó.

Transforma la justicia es parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025, que en su pilar séptimo plantea, justamente, “impulsar el acceso a la justicia social y reparadora para todas y todos sobre la base de la reforma del sistema judicial y de una gestión pública transparente que luche frontalmente contra la corrupción”.

El Ministerio de Justicia tiene como mandato “realizar la reforma del sistema de administración de la justicia”, enmarcada en la Constitución Política de Estado (CPE) que exige que la justicia sea trasparente, eficaz y eficiente.

“A partir de esta gestión hemos tenido, algunos dicen intentos fallidos, yo (digo) que hemos empezado con la reforma de la justicia, ¿por qué? Porque ya no solo nos estamos circunscribiendo a lo que comúnmente se llama desarrollo normativo como eje de la reforma (…) también trabajamos el acceso a la justicia, distribución del conflicto, independencia judicial (entre otros ejes)”, informó en entrevista con la ABI.

En septiembre de 2021, el Ministerio de Justicia presentó un diagnóstico y seis ejes para aplicar una reforma judicial: Balanceo de conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, tecnologías de la información y la comunicación, desarrollo normativo y trasparencia institucional.

La propuesta fue socializada, pero también se recogió sugerencias en cumbres departamentales. Durante la socialización -en octubre- solicitaron la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán. En febrero estuvo en Bolivia y posteriormente hizo recomendaciones. 

Esta visita –recordó Siles- fue una muestra de que el Gobierno tiene un respeto por la independencia de poderes y la transparencia de la administración del Estado ante el escrutinio público internacional. García- Sayán evaluó el sistema boliviano y se reunió con diversos actores. En junio de 2022 presentó su informe y emitió recomendaciones a Bolivia.

Tras ese informe, el Gobierno avanzó en la revalorización de la justicia indígena con la designación de un titular en el viceministerio del área, Absalón Canurana.

Además inició los ajustes a la Ley de Deslinde 073 para fortalecer la aplicación de justicia indígena,  entre otras medidas asumidas escuchando también las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), instancia que investigó los hechos de violencia y muerte de la crisis de 2019.

Ejes, planes y acciones

Según el viceministro Siles, en el eje de acceso a la justicia se apunta a descongestionar los juzgados mediante el acceso a vías alternativas de resolución de conflictos como la conciliación extrajudicial, la justicia de paz, el arbitraje y, justamente, la justicia originaria y campesina.

“El Estado tiene que generar que esos procedimientos diferentes a la justicia ordinaria sean lo más eficaces, de fácil acceso al público, gratuito o de bajo costo, que haya una multiplicidad de opciones”, explicó.

Hasta el momento en Bolivia se tiene 52 centros de conciliación y arbitraje, que están acreditados por el Ministerio de Justicia. Hasta el 2025 se pretende llegar a 500 centros de conciliación para descongestionar los juzgados ordinarios.

En el eje de balanceo de conflicto se apunta a distribuir estratégicamente los jueces en función de la cantidad de la población y la materia judicial.

En el Órgano Judicial, paralelamente, se está refuncionalizando y creando más juzgados con el objetivo de mejorar la administración de la justicia y reducir la carga procesal.

“Hemos recibido buenas noticias de que se están refuncionalizando los juzgados, algunos jueces se asustan, tienen miedo al cambio, pero eso es para mejorar”, recalcó.

Mientras que en lo de independencia judicial, el objetivo es consolidar la independencia judicial promoviendo y fiscalizando la designación de administradores de justicia, para que prime la meritocracia, transparencia y pluralidad en la designación. No solo eso, que también se adopte una cultura de  capacitación y evaluación permanente de las autoridades del Órgano judicial.

Se pretende contar con el 100% de jueces y fiscales de carrera, designados con procesos meritocráticos y transparentes.

“Este eje es el único -en desarrollo normativo- que han tocado todas las plataformas ciudadanas, no le dan importancia al acceso de la justicia, al balanceo de conflicto, no le dan importancia a las tecnologías de comunicación”, cuestionó y reconoció que existe controversia y que hace falta llegar a un consenso.

En julio, el Ministerio de Justicia, en coordinación con la Vicepresidencia y el acompañamiento de las Naciones Unidas, inició los Diálogos Plurales para la trasformación de la justicia en Bolivia, tras la conclusión se prevé presentar los resultados finales de los dos años de gestión.

En estos diálogos participan actores intelectuales, políticos, activistas y dirigentes sociales. El objetivo es contribuir de manera conjunta a esta reforma, hasta el momento ya se realizaron tres encuentros y se espera concluir con estos diálogos hasta noviembre.

“Tenemos al menos un 90% del resultado final de todo el trabajo que se realizó en procura de una transformación de la justicia en nuestro país, los seis ejes de la reforma que hemos planteado hace casi un año atrás ahora ya tienen planes y acciones de mediano y corto plazo, como lo demostraremos al presentar en el informe casi final”, afirmó.

Magistrados, institucionalización

La juez Regina Santa Cruz, quien es representante de los jueces en La Paz, explicó que los magistrados están de acuerdo con la institucionalización de los jueces denominados “transitorios”, aunque se oponen a la última convocatoria.

“Nosotros queremos que nuestros jueces sean institucionalizados en el 100% (…) si hay algún operador de justicia que no esté cumpliendo con estos parámetros, cuando es la función judicial la más digna para un abogado, para una persona, pues deberá removérsela del cargo”, indicó Santa Cruz.

Además, reconoció que en marco a la reforma judicial existen avances en la interoperabilidad de sistemas digitales y en el acceso a la justicia de los litigantes vía audiencias virtuales y carpetas virtuales.

“Estamos de acuerdo, necesitamos una reforma judicial, es una tarea de todos.  Obviamente en un camino hay falencias, pero se irá mejorando en el camino”, afirmó.

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