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viernes, 9 / diciembre / 2022

«Puente millonario» de Rodrigo Paz: Fiscalía investiga presunto tráfico de influencias entre Convisa y banco Bisa

En el marco de la denuncia presentada por el Gobierno Municipal de Tarija en contra de la empresa Convisa y el banco Bisa, la Fiscalía emitió requerimientos para investigar un presunto tráfico de influencias en cuanto al fallo judicial que impide el cobro de las boletas de garantía tras la rescisión del contrato por el puente 4 de Julio, obra impulsada por el renunciante exalcalde Rodrigo Paz Pereira.

Fue el director de Asuntos Jurídicos del municipio Roberto Ugarte, quien comunicó que la Sala Social y Contenciosa emitió una resolución que deja en suspenso la ejecución de las boletas en favor del municipio y el registro del contrato en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

El funcionario dijo que la denuncia refiere que existió una serie de irregularidades en este caso. Detalló que el Reglamento de Garantías le da plazo de un día a la entidad financiera para concretar el pago de las boletas, pero el banco emitió una resolución luego de seis días.

Ugarte cuestionó que con este actuar se benefició a Convisa, aunque la primera responsabilidad de la entidad bancaria debería responder a la Alcaldía.

En tanto, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, manifestó que la Sala Social y Contenciosa del Distrito tomó decisiones sin conocer la situación del puente 4 de Julio porque Convisa abandonó la obra.

“Lo que me extraña es que en 48 horas la Sala (Social y Contenciosa del Distrito) haya resuelto por admitir un recurso y ahora que nosotros pedimos su reposición se está demorando, tengo la seguridad que eso no va a pasar porque Convisa no tiene la razón en ningún tema, se ha agotado el plazo de todas las multas, la empresa no puede alegar que la Alcaldía no le ha dado período de multas, no falta nada por darle y hemos hecho de todo para que la obra se pueda entregar”, alegó.

FISCALIA

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, detalló, a su vez, que la denuncia del municipio argumenta que “el actuar de los vocales no se habría adecuado a lo que señala la ley, que habría un tráfico de influencias”.

“Nosotros, como Ministerio Público, tenemos que recabar todas las pruebas, una vez que tengamos todo eso vamos a analizar lo que corresponde. Si se tiene que ampliar la investigación a otras personas, lo vamos a hacer”, anticipó.

Al momento el caso se encuentra en etapa preliminar. El Código de Procedimiento Penal establece un plazo de 20 días hábiles para que el Ministerio Público emita una resolución.

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