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viernes, 2 / diciembre / 2022

Propuestas de reforma al sistema de justicia boliviana

Eduardo Claure

En el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro, en fechas 31 de marzo y 1 de abril, se realizó la Mesa Redonda “Crisis en la Administración de Justicia” con la participación del M.Sc. Ángel. José Antonio Rivera Santivañez, el Ph.D. William Herrera Añez, el Abg. Ángel Irusta Pérez y el Ph.D. Carlos Borth Iraola. Lo propio en fecha 7 del mes en curso se realizó en Tarija el Simposio “Propuestas de Reformas a la Justicia de Bolivia”, bajo el auspicio de la Fundación Construir, la Universidad Católica Boliviana San Pablo y otras entidades privadas; se tuvo como expositores al Abg. Marco Mendoza, Freddy Ortuño, Abg. Juan del Granado Cossio y el Mgr. José Antonio Rivera Santivañez. Similares eventos se desarrollarán en distintas ciudades del país, desde entidades académicas, colegios de profesionales, ONGs, Fundaciones y otras, por cuanto es un tema de crucial interés que desde diversos puntos de vista pretenden de forma unánime y consensuada proporcionar ideas y bases jurídicas formales, que vayan construyendo una propuesta consolidada y única, que vaya a ser sometida a referéndum para su aplicación según determina la Ley. Es una batalla de la sociedad civil democrática por una justicia equilibrada, imparcial e independiente.

Las propuestas en curso más difundidas son las del Grupo “Conocimiento, Acción y Libertad” (CALI), un grupo multidisciplinario de estudio de la realidad nacional y de las principales contradicciones y problemas que marcan la dinámica social y política del país, organización representada por el Ph.D. Carlos Borth Iraola, y, el otro denominado Grupo de Juristas Independientes, representados por los abogados Juan del Granado Cosío y José Antonio Rivera Santivañez; siendo además que existen lo planteado por el ministro de justicia Iván Lima y la otra propuesta del ex presidente  Eduardo Rodríguez Veltzé, sin embargo, qué, esta última propuesta no ha recibido un tratamiento formal ni institucional de amplia difusión y exposición, salvo la propuesta del ministro Lima que fue expuesta en Distritos Judiciales con magistrados del Tribunal Supremo, Vocales y Jueces, personal de ese ministerio y su viceministerio. Esta propuesta tiene origen en el Ejecutivo y no en el Órgano Judicial, obviamente con apoyo económico del Órgano Ejecutivo. Además, en la inauguración del Año Judicial 2022, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, por la que se pretendía que la DAF del Órgano Judicial pase al ministerio de Economía y Finanzas Públicas: pura imposición.

Estas importantes exposiciones presenciales mencionadas -realizadas en espacios académicos- dispondrán al final de su tratamiento nacional y luego de un tiempo, las bases para que surjan definitivamente una acción para que el Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Órgano Legislativo, el Órgano Ejecutivo y aún, el Órgano Electoral, adecuados al nuevo diseño y estructura del sistema judicial boliviano, permitirán el objetivo de lograr que los principios, valores y fines del Estado, se cumplan, fortaleciendo los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos, además de los derechos jurisdiccionales y acciones de defensa, para qué, el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y el Ministerio Publico, cumplan, defendiendo la legalidad y los intereses generales de la sociedad -entiéndase de todos los bolivianos- y no así, de grupos políticos mafiosos, exclusivamente, y ejercer la acción penal publica con total objetividad, como manda la CPE, y tal como exigen organismos internacionales.

En cierto momento, algunas opiniones -políticas- proponían que era suficiente con que renuncien los magistrados y punto. Ya se solucionó todo el sistema jurídico, pero no es así de simple, que se logre una justicia independiente e imparcial, porque, sería imposible que los miembros del Órgano Judicial y Ministerio Publico, renuncien, y tampoco lo harían los suplentes, pues, las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia están definidos en el Art. 184 de la CPE, siendo estas estrictamente jurisdiccionales, siendo que, por otro lado, se les otorga competencias para juzgar al presidente y vicepresidente, en juicio de responsabilidades. Si esto no fuera poco, el TCP, tiene estrecha relación con el Ejecutivo, emitiendo resoluciones contrarias a la Carta Magna y las Leyes (rereelección). No renunciarían porque reciben premios como embajadores y otros altos cargos públicos: están protegidos. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura ha sido defenestrado y convertido en un centro político del gobierno, según señaló en su momento su nuevo titular. Por último, el Art. 25, parágrafo 1 de la L.O.J. define qué, en caso de renuncia de alguno de los suplentes, se convocará a uno de los restantes candidatos de las listas antes señaladas, respetando el orden de prelación y alternancia entre mujeres y hombres. O sea, en manos oficialistas: lista interminablemente azul. 

Mientras, las dos propuestas en curso y que vienen exponiéndose por sus autores en varios puntos del país, parten de elementos muy claros jurídicamente y en doctrina.  Veamos: El Grupo “CALI” propone algunas Vías para modificar el procedimiento de designación de magistrados con los siguientes elementos:  Reforma parcial de la CPE a iniciativa popular:  a) Requisito legal: recolectar firmas de respaldo del 20% del padrón nacional, con 15% al menos de los 9 padrones departamentales (cerca de 1,5 millones). b) Requisitos operativos: i) Tener una propuesta concertada en la sociedad civil y aceptada por la mayoría, la que, seguramente, apuntará a evitar las aberraciones del cuoteo político a que dieron lugar las reglas de la CPE de 1967 y sus reformas y, al mismo tiempo, los graves defectos del procedimiento actual (CPE 2009). Habrá que comenzar respondiendo ¿cómo, ¿cuándo y quiénes concertarán?  ii) Contar con organización y dispositivos logísticos suficientes para desplegar brigadas de recolección de firmas en los 9 departamentos, equipos técnicos de análisis de consistencia, procesamiento de datos y disponer de un presupuesto suficiente. 

Para darle viabilidad a la reforma de la justicia en Bolivia, propone: i) Suscripción inmediata de un Pacto Nacional para la Independencia del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscalía General entre el Órgano Ejecutivo, los partidos políticos con representación parlamentaria, CEPB, COB y Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB). ii) Renuncia inmediata del Fiscal General y de los miembros titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. iii) Designación rápida de nuevos magistrados(as) en base a: a) Vigentes todavía las reglas constitucionales de la materia, convocatoria a elecciones judiciales a realizarse en un plazo no mayor a tres meses, posteriores a la renuncia de las y los magistrados actuales. b) Encomendar a una Comisión Ciudadana –integrada por profesionales probos, de reconocido prestigio y solvencia moral– las tareas técnicas de la preselección de las y los postulantes a las distintas magistraturas; preselección entregada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La composición de esta Comisión será parte de la concertación del Pacto Nacional para la independencia de los servicios judiciales. c) La ALP valida y sanciona la preselección técnica, cumpliendo el mandato del artículo 158, numeral 5, de la Constitución. iv) Constituir mesas departamentales de diálogo y concertación de las reformas que deben introducirse a los servicios de justicia, con composición plural, democrática y multidisciplinaria. En las nueve mesas departamentales deberán conocerse, difundirse y analizarse las propuestas de los órganos Ejecutivo y Judicial, de Universidades públicas y privadas, de los colegios de abogados, CEPB, COB, grupos de profesionales independientes como el de este documento y la sociedad civil organizada. v) La Mesa Nacional de Concertación deberá tener una composición plural, democrática y multidisciplinaria semejante a las mesas departamentales. Su temario comprenderá las conclusiones de las mesas departamentales y temas nacionales que deban discutirse en ese nivel. 

Mientras el Grupo de Juristas Independientes propone reformar parcialmente por iniciativa popular, dicha potestad, expresamente señalada en el art. 411.II de la CPE: Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado por Iniciativa Popular en los siguientes términos: TITULO I, Órgano Legislativo, Articulo 158. TÍTULO III, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y Comisión Nacional de Postulaciones Artículo 178. SECCIÓN I Tribunal Supremo de Justicia, Artículos 181,182 y 183. CAPÍTULO TERCERO Jurisdicción Agroambiental, Artículo 187. CAPÍTULO CUARTO Jurisdicción de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Artículos 190, 191, 192. CAPÍTULO QUINTO Consejo de la Magistratura, Artículo 193 y 194. CAPÍTULO SEXTO Tribunal Constitucional Plurinacional, Artículo 197 y 198 con dos opciones. CAPÍTULO SEPTIMO Comisión Nacional de Postulaciones, Artículo Nuevo. 

Sin duda, que estas dos últimas propuestas, generarán en el transcurso de su tratamiento nacional, tras un colectivo de opiniones, una propuesta consolidada para ser llevada a referéndum según la Ley, donde, sin duda, el llenado de libros con la recolección de 1.500.000 de firmas -con la participación amplia y democrática de la sociedad civil organizada- podrán dotar al país, de un renovado Sistema Judicial de Bolivia. 

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