Las acciones para restaurar los derechos de las víctimas de las masacres de 2019 avanzan en el Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de la recuperación de la democracia.
“Este 8 de noviembre de 2020, iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un Gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro Gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz”, aseveró el presidente Luis Arce en su discurso de posesión.
La restauración de derechos
En noviembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Bolivia, en el contexto del conflicto electoral.
Posteriormente, emitió una serie de recomendaciones, entre las cuales se hacía referencia a la necesidad de crear e instalar un mecanismo internacional autónomo e independiente para la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia y verdad.
Así, la CIDH recomendó específicamente la creación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue creado mediante el acuerdo suscrito por la CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019. El fin fue coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el régimen de Jeanine Áñez. El GIEI-Bolivia se instaló el 23 de noviembre de 2020 en La Paz y entregó su informe en 2021.
Concluyó que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de ese año en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.
El GIEI presentó el 2 de marzo de 2022, en el Consejo Permanente de la OEA, el informe de los hechos de violencia ocurridos en 2019 en Bolivia. El documento establece que al menos 11 derechos fueron vulnerados en el país durante el régimen de Jeanine Áñez.
El informe final sobre la vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado plurinacional, la sociedad civil boliviana y la CIDH.
Otro de los avances es que el Gobierno nacional firmó el 22 de marzo el convenio con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y establecieron el plan de trabajo de la MESEG Bolivia para la implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia tras los sucesos luctuosos de 2019.
“Esta mesa se construye tras meses de diálogo entre la CIDH y el Estado (boliviano), donde tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto un acuerdo de trabajo que recoge las preocupaciones de las víctimas y, a su vez, toma en cuenta los retos, los desafíos y las fortalezas del Estado Plurinacional de Bolivia para el cumplimiento de las recomendaciones que en su momento formuló el GIEI-Bolivia”, aseveró Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH.
Destacó que el Gobierno boliviano en su momento facilitó y colaboró en “todos los niveles” el trabajo que del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y con la firma de este convenio demuestran su voluntad y disposición para continuar colaborando con la CIDH.
Agradeció el apoyo de las víctimas porque fueron una parte fundamental en este proceso. Resaltó que con la implementación de esta mesa de trabajo se busca dar soluciones a problemáticas concretas sobre derechos humanos.
“Es un placer para mí, un placer compartir con ustedes el proceso de la instalación oficial de la mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GIEI- Bolivia”, señaló.
Aseveró que este trabajo es un esfuerzo para fortalecer e innovar con herramientas dirigidas a facilitar un seguimiento complementario en el marco de situaciones específicas y prioritarias de derechos humanos, por lo que esta mesa de trabajo desarrollará trabajos de análisis de cumplimiento a partir de tres temáticas: reparaciones, investigaciones y cuestiones estructurales.
“Este plan de trabajo del mecanismo de seguimiento es un instrumento vivo, que puede fortalecerse y enriquecerse con las experiencias del pasar del tiempo, es por eso, que siempre se tiene apertura para retomar propuestas de la sociedad civil y de cualquier ente interesado en colaborar con estos trabajos”, dijo.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ratificó este domingo que se da cumplimiento a todas las recomendaciones establecidas por el GIEI, a través de diferentes medidas, entre ellas, la reparación integral a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba.
“Creo que esos conceptos de memoria, verdad y justicia, en estos seis meses, tienen acciones concretas, en el Legislativo con la aprobación de leyes, en el Ejecutivo con acciones concretas de reparación de daño a las víctimas y, también en la Fiscalía y el Órgano Judicial que ha empezado a trabajar revisando y ajustando los ejes del debido proceso de investigación de los casos penales”, indicó./ABI.
