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lunes, 27 / junio / 2022

SUCESIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LOS JUECES

En la justicia preponderantemente, la política y la administración pública se erige impertérrita la conducta corrupta, y ésta no procura el bien general sino el propio fin egotista o el de sus allegados y consorcios para la corrupción y la extorsión, estableciendo inequívocamente la sucesión de las conductas corruptas.
Lastima profundamente al pueblo boliviano, especialmente a los olvidados, discriminados y excluidos con insuficiente economía, la descomunal corrupción generalizada y que endémicamente usual queda impune debido a la ausencia de pruebas preconstituidas y fehacientes y de investigaciones diáfanas exentas de prebendas para inclinar la balanza del criterio de quien realiza la investigación.
Hoy subsiste la proclividad a generalizar el concepto de la corrupción y peor, se pretende crear confusión en las políticas acertadas o erróneas con conductas corruptas u honestas; un gobierno que elimina la participación del Estado en la vida económica disminuye la corrupción debido a que las ocasiones de corromperse se minimizan, empero, eso sería un mundo ideal.
La corrupción es inherente a la actividad pública y al poder estatal, que tratan de desviar la atención y no identificar las verdaderas conductas corruptas que enardecen al pueblo; se intenta, con declaraciones no creíbles, crear organismos estatales para enfrentar la corrupción con procedimientos burocráticos ¿Cómo se puede combatir la corrupción con procedimientos burocráticos si está enquistada en la misma administración, que son los servidores públicos sin distinción?.
Lo que acumula sentido y constituiría un triunfo para la ciudadanía honesta y preocupada, es la eliminación de la corrupción de los jueces que tejen para sí una red de protección, entonces, por lo precitado, la tarea se centraría draconianamente en identificar la corrupción de todos los jueces, pues no se puede eliminar la corrupción con tirar varios árboles, hay que tirar todo el bosque.
Una necesaria remoción de todos los jueces por profesionales comprometidos intrínsecamente con los conocimientos amplios y los posgrados exigibles, con la ética, la moral y la deontología sería un inicio esperanzador de la reforma judicial.
Debe distinguirse la moral de la ética, pues ésta trata de las obligaciones del profesional y de su conducta acorde a la razón y el objeto de convivir en una sociedad armónica, debido a que la corrupción quebranta la paz social de las sociedades; la moral no es ciencia sino su ejercicio diario, el empleo de las buenas costumbres y de las prácticas de quienes deberían ser admirados por la sociedad por sus virtudes que es caso de los jueces y abogados.
Los jueces por la razón del oficio están profundamente comprometidos frente a los demás ciudadanos a cumplir las normas obligadas, a ser veraces, honestos y fieles cumplidores de su mandato de impartir justicia aproximada a la perfección. Por ello existe una sustancial diferencia entre las obligaciones morales, éticas y de conocimiento de un juez y las de un ciudadano común; el juez está superlativamente obligado.
Dr. Mg. Raúl Pino-Ichazo Terrazas es abogado, posgrados en Arbitraje y Conciliación, Filosofia y Ciencia Política, Interculturalidad y Educación Superior, Alta Gerencia para abogados, Docencia en Educación Superior, Derecho Aeronáutico, doctor honoris causa en Humanidades.

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