VOTACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL 2025, UN PELIGRO EN CIERNES, OJO, POLÍTICOS DISPERSOS Y DISTRAÍDOS

por: Eduardo Claure

La votación electrónica o e-voting es una forma en que las personas pueden votar electrónicamente. Existen distintos tipos de sistemas para la votación electrónica que se usan en varios países del mundo. La mayoría de estos sistemas adaptan las tecnologías vigentes o desarrollan unas nuevas para aplicarlas en las elecciones. Los principales tipos de sistemas para la votación electrónica incluyen: i) Tarjetas para perforar y sistemas de tabulación; ii) Sistemas de escáner óptico; iii) Sistemas de Registro Electrónico Directo (RED); iv) Internet. Los sistemas de votación electrónica se han usado desde 1960, cuando salieron al mercado los sistemas perforadores de tarjetas, luego por los sistemas de escáner óptico, los RED e Internet. Las máquinas de votación electrónica son usadas por Bélgica, Brasil, India, Venezuela y los Estados Unidos, entre otros países. Aunque existe una tendencia por esta tecnología, muchos países prefieren marcar y escrutar manualmente las papeletas. Aunque no se discute la eficiencia que tienen estos sistemas electrónicos, han presentado diferentes grados de problemas para la seguridad, así como percepciones de que no son confiables y que “pueden provocar errores importantes” durante el escrutinio. Hasta Trumph, discrepó resultados de este sistema.

Una consideración muy importante, es el contexto en donde se aplica la tecnología, especialmente cuando se elige una tecnología nueva para los procesos electorales, en donde predominan los factores políticos y sociales. Los organismos electorales no solo evalúan su utilidad para desempeñar tareas relacionadas con la administración electoral, las tareas de oficina, la contabilidad, sino también el impacto que tienen en los ciudadanos. Otras tecnologías, como las que se utilizan para el registro de electores y en los sistemas de votación, tienen un impacto directo en la forma en que los ciudadanos perciben el proceso electoral: confiables o de gran desconfianza y dudas. No todos los países evalúan las tecnologías de la misma forma, los países escogen diferentes tecnologías y las adaptan a las especificidades de sus sistemas electorales. Debido al contexto político, social y cultural una tecnología que goza de confianza en un país puede verse con desconfianza por otro. Esto significa que cuando un organismo electoral evalúa una tecnología para utilizarla en la administración electoral de su país y especialmente en la logística electoral, debe tomar en cuenta la situación política, social y cultural de su país. Dependiendo del entorno -por ejemplo, cuando la sociedad se encuentra en transición política- las personas podrían tener más expectativas sobre los beneficios de una tecnología que los que realmente tiene o podrían desconfiar de ella. Ya, un asambleísta oficialista, aludió “mejorar el sistema de votación”….

La naturaleza de las elecciones ocasiona que sean muy sensibles a la política, motivo por el cual la instrumentación de nuevas tecnologías podría impactarla severamente. Cuando los partidos políticos y los electores desconfían de la tecnología, la instrumentación del proyecto podría rechazarse por completo. La introducción de internet o de teléfonos en la votación puede aumentar el acceso a los servicios de votación, pero también podría incrementar las sospechas de fraude o compra de votos, manipulación informática a través de “guerreros digitales” podría ser la norma; por ello, las propuestas sobre cambios tecnológicos deben estar sujetas al cuestionamiento público, cuestión que contribuye a juzgar la reacción de los ciudadanos y a generar interés en los medios de comunicación. Cuando los organismos electorales cooperan de forma efectiva con el cuestionamiento público y con las evaluaciones independientes en una etapa temprana del proceso, es más probable que promueva la confianza y el entendimiento de todos los grupos de interés, sin embargo en el caso boliviano, con las experiencias de denuncias de fraude de las elecciones del 2019 y 2020 (denuncia pública de la renunciante ex vocal del TSE Rosario Baptista Canedo, informe de la auditoria efectuada por expertos de la OEA, y otros informes independientes de universidades, académicos e investigadores), no quepa la menor duda, que la clase política debe “avisparse” a tiempo para tratar este tema, que es no menor, ni poca cosa. En Venezuela en las elecciones recientes (21.11.2021), la “oposición” sufrió un revés catastrófico, como los que ha recibido la oposición política boliviana desde el 2005 hasta el 2020. Más ejemplos.? Y, todo por su inexplicable e inentendible actitud de ir por separados y no en un solo bloque democrático. Así de claro. Centenares de notas periodísticas -impresa, radial y televisiva- en los últimos 15 años, han pedido unión, cohesión, liderazgo único, programa único con visión país, etc., y siguen recibiendo palizas y poniendo al país al borde de un totalitarismo feroz, perverso, omnímodo, lo que parece no importarles, mientras “reinen” como “colas de ratón” en lo subnacional o uno que otro vergonzoso y poco útil curul en la ALP o en las ALDs, o, finalmente, son sometidos a persecución judicial. ¿Quién entiende ese masoquismo…?  

La seguridad es un factor que impacta el éxito del proceso electoral, especialmente cuando el país se encuentra en transición democrática. Cuando se corre el riesgo de que el proceso electoral sea saboteado o interrumpido por disturbios civiles, es importante que se elija una tecnología resistente y flexible que funcione, pero, ¿quién garantizará el proceso de adquisición de ese sistema? ¿Volverán a convocar al Caballo de Troya que se haga cargo del TSE y el novedoso sistema de votación electrónica? Dependiendo del sistema electoral que se tenga y de los instrumentos legales que regulen las elecciones electrónicas -de darse-, deben existir restricciones para la adopción y adquisición de nuevas tecnologías. Por lo tanto, antes de adoptar la tecnología se tendría que solicitar que se revisen los instrumentos legales, a los que sin duda el partido en función de gobierno que tiene mayoría absoluta, podrá evadir esa delicada responsabilidad o manipularla. Será importante que en la etapa de planeación -de darse el caso- se identifiquen los estándares y restricciones para la adquisición de tecnología, de manera que se eviten conflictos, se garantice la adquisición de tecnología adecuada y se pueda instrumentar el proceso sin problemas. La tecnología puede ser la mejor y apropiada, pero, si los operadores son los mismo que en el 2019 y 2020, quienes garantizarán las elecciones del 2025.? ¿Los mismos de la mano negra, de los servidores externos “invisibles y de servicio desconocido”?

Las elecciones como las conocemos actualmente datan de los procesos electorales que se desarrollaron a finales de 1800 en las incipientes democracias. En aquel tiempo se introdujeron varios conceptos electorales. Uno de ellos fue la secrecía del voto, que requirió de una interfase anónima y una papeleta impresa. También se fue extendiendo gradualmente el derecho a votar -que se iría acercando al sufragio universal- cuestión que demandó que una autoridad tuviera registros impresos con los nombres de los electores elegibles. Así mismo, la extensión del derecho al voto generó la necesidad de dirigir procesos de comunicación, de recolección y escrutinio de los votos emitidos por la gran mayoría de la población adulta. El uso de tecnología en las elecciones a lo largo de la historia tiene que ver con la satisfacción de tres necesidades: una interfase para votar, una lista que incluya a los electores elegibles y la administración del proceso de votación; en el caso boliviano: el control social electoral en cada mesa de sufragio, las actas disponibles para todos los delegados políticos y el recuento de votos en cada recinto electoral por cada mesa de sufragio. En estos tres últimos del proceso de escrutinio, la oposición nunca pudo garantizar su cobertura total, que pudiese dar certidumbre contrastando resultados por mesa o recinto. Hasta ahora y luego de las denuncias y auditorias presentadas, la oposición, qué ha logrado al respecto.? Nada.

En Venezuela Smartmatic, es la empresa que diseñó la plataforma tecnológica y entre 2004 y 2015 desplegó más de medio millón de máquinas de votación y entrenó a más de 380.000 operadores para manejar 14 procesos electorales diferentes. Plataforma que volvió a ser utilizada durante la polémica elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, controvertidas elecciones con el 41,53% de “participación popular”, según cifras oficiales, resultados que la Unión Europea no reconoció. Smartmatic, es la empresa que “denunció” una manipulación en las cifras de participación publicadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Según este ente, en los comicios participaron 8.809.320 votantes, pero la empresa estimó una discrepancia con las cifras arrojadas por su sistema de “al menos un millón de electores”.  Con seguridad, que esta empresa, sería adjudicataria por invitación directa a proveer su sistema electrónico de votación al TSE para el 2025.  

En este contexto, en las RR.SS. circulan videos, de corta duración, donde se ve a personal de campo del INE, utilizando tabletas y celulares para aplicar la boleta de prueba del próximo CNPV del 2022, aplicando cartografía actualizada digitalizada de las ciudades capitales, mientras la actualización del área dispersa estaría avanzada a través de las alcaldías, lo que facilitaría el operativo censal, ya no habrá actualización cartográfica de campo urbana ni de área dispersa. Todo bien, salvo qué, “pareciese un ensayo a gran escala de validar procedimientos electrónicos de una boleta censal digital”, ya no impresa para ser llenada con lápiz, sino electrónica, operada por el encuestador censal que transmite a una central municipal, provincial y departamental, y de ahí, a la central nacional, directamente para el procesamiento final de resultados: ¿prueba de aplicación para elecciones 2025?  Suena a especulación trasnochada. Pero, ojo, políticos dispersos y distraídos. De pronto, se olvidaron del Pacto Fiscal, “paquete de leyes malditas”, los 2/3, y entusiastas “hasta el coto”, hacen coro a la propuesta de Evo Morales de debatir el federalismo, como si este sistema apareciese al chasquido de los dedos y listo. Morales se declaró autonómico tal cual reza la CPE, ¿y dónde estamos? Con la ley 1407 sepulta las leyes 1551 de Participación Popular, 028 de Municipalidades, 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y 031 de Autonomías y Descentralización (¡¡hasta ahora, un elevado porcentaje de gobiernos municipales no tienen Cartas Orgánicas Municipales!!). Para instalar un federalismo, habría que modificar la CPE vía nueva Asamblea Constituyente, mientras tanto el país es “Unitario con Autonomías”. Aún para instalar nuevos procesos electorales, como el anotado, previamente se debe: pedir la cancelación de la sigla del MAS-IPSP, nueva Ley de Organizaciones Políticas (vigencia del sistema de partidos políticos), Ley Electoral y del Órgano Electoral, Auditarse el Padrón Biométrico y exigir uno nuevo, los sistemas informáticos del TSE, SEGIP y Registro Civil, cambiar a todas las Directivas o Directorios del TSE y TEDs, así también a la planta de personal técnico, administrativos y servicios: purga total. No hay otra figura que garantice nuevos procesos electorales, cualquiera que sea su naturaleza. Estas debieran ser tareas políticas prioritarias para la clase política opositora. Morales está marchando desde Caracollo hacia La Paz, reiniciando su campaña 2025, que nunca la dejó. Mientras el MAS-IPSP y Evo estén en el poder total, se traba lo autonómico y el federalismo se intrinca. Ojo, políticos dispersos y distraídos.  

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