El Congreso chileno aprobó extender por otros 15 días el estado de excepción en el sur del país para controlar la violencia de grupos mapuches

Tras lograr la aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado, comenzó a aplicarse un tercer período de 15 días del llamado Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur, lo que implica que miembros de las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad en las provincias intervenidas desde el pasado 12 de octubre: Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco y Bio Bío en la región de Bio Bío.

El pasado jueves 4 de noviembre, el presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso la solicitud para extender el estado de excepción, aunque el mandatario ya había realizado una extensión -la cual, por ser la primera, no requería el apoyo del Parlamento- con lo que se prolongó la medida hasta el 11 de noviembre. “Tenemos que tener todos los medios y capacidad de decisión para usar las herramientas que la Constitución, la ley y el estado de derecho, le otorgan a una sociedad democrática para combatir los flagelos”, dijo el mandatario al solicitar esta nueva prórroga.

El ministro del Interior Rodrigo Delgado justificó la medida asegurando que “el trabajo que hemos hecho estos últimos 30 días se basa en el aprendizaje de los más de 15 meses de Estado de Excepción previa que tuvimos, a pesar de que eran por temas distintos”. Delgado detalló que, como Ejecutivo, “lo que hacemos es entregar protección y trabajo, diálogo e inversión, además de plan de fortalecimiento con los municipios. El trabajo continúa. Si tenemos que hacer una autocrítica, es que quizás no hemos expuesto todo lo que estamos haciendo. Creo que podemos dejar a un lado las armas y avanzar en el diálogo”, sentenció.

Por su parte la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, anunció que en el corto plazo será licitado un catastro de tierras de título y así regularizar el listado de tierras pendientes “para que sea el próximo Gobierno el que pueda definir con mirada a largo plazo cuántos recursos inyecta” a los proyectos que están en desarrollo en la zona intervenida.

En tanto el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, justificó la medida detallando que se han logrado “más de 70 detenciones de personas con orden de detención pendiente, los hechos de violencia bajaron a un 65% menos, los atentados incendiarios bajaron a la mitad, las tomas en un 80%, y el bloqueo de la carretera sur no se ha realizado y sigue abierta en un 90%. (…) El Estado de Emergencia no es contra ningún pueblo, sino que es para dar mayores herramientas para dar paz y tranquilidad a las familias chilenas”.

La opinión de los Senadores

Un punto de vista crítico es el del senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre quien afirmó que “cada muerte de cada joven mapuche en democracia escala la violencia ¿Eso quieren? (…) Jean Jarab, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, recalcó que la solución de conflictos no será resultado de medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino todo lo contrario, el dialogo y reconocimiento de demandas históricas”.

En la misma línea, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, aseguró que su voto no estaba disponible para un acto de guerra interna ya que “cuando entran las Fuerzas Armadas es muy fácil que entren, pero es muy difícil que salgan”. El parlamentario afirmó que “los conflictos sociales, cuales quiera que sean sus causas, no se resuelven por la guerra, se resuelven en alguna forma de negociación (…), en algún lugar y en algún momento este conflicto tiene que resolverse de otra manera, por la vía militar no se resuelve”, emplazó Insulza.

Dentro de los votos a favor de la prórroga, figura la senadora de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Ena Von Baer, quien manifestó su intención de “solicitarle al presidente de la República que el Estado de Excepción se amplíe a la Región de Los Ríos, porque no podemos permitir que el narcoterrorismo extienda su control territorial a zonas hasta donde ahora había paz”, aseguró.

Su compañero de bancada, Iván Moreira, afirmó que “hace más de 20 años que en la Macrozona Sur hay un área gris, donde el estado no hace todo lo que debe, sino que lo que puede (…) Las acciones violencia, que son actos de terrorismo, han cobrado cientos de víctimas. La mezcla de reivindicaciones, justificadas o no, con actos delictuales, han sido caldo de cultivo que solo ha beneficiado a los que no creen en el estado de derecho. Por eso, el estado debe hacer uso de sus facultades para que los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos constitucionales”.

En tanto para el senador de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán, “el narcoterrorismo que se esconde detrás de la causa legítima de los pueblos originarios no puede mantenerse en la impunidad, y por eso hacemos el llamado a este Congreso Nacional para que, en definitiva, sepa distinguir entre la causa legítima de los pueblos originarios, que por lo pronto defendemos”.

Previo al inicio de la sesión en la Cámara Alta, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, realizó un llamado a los senadores a “dar una señal de respeto a las naciones originarias” y calificó la resolución de la Cámara como un “muy mal gesto”, agregando esperar que “el Senado haga un gesto para avanzar en la solución del conflicto y no en su profundización”.

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