La Ley 1386 destapa a los ilegales bolivianos

A las puertas de otro intento por desestabilizar al país con golpes a la reactivación del aparato económico, que proyecta 5,2% de crecimiento, se experimenta un superávit comercial de 638 millones de dólares y el restablecimiento de la estabilidad laboral. Pero, mejor identifiquemos a los sectores que pretenden parar el país. Lo raro es que algunos se encontraban en diferente acera que los otros y ahora se parten el pan de la ilegalidad.

Uno de estos son los gremialistas y la mayoría de ellos desconoce la palabra “impuestos”. Otro sector son los empresarios, quienes vivieron un año de pandemia en el que solo les fue mal a sus empleados. Las exportaciones e importaciones siguieron con precios altos, en especial de materias primas como granos, minerales o madera. Otros productos continuaron en circulación en las calles, mercados y supermercados, por ende, las ganancias fueron las mismas o, tal vez, superiores, porque la cuarentena arrancó a las familias hasta el último ahorro para aguantar el encierro. Asimismo, los médicos fueron y son un sector muy beneficiado por la coyuntura de salud, al igual que los transportistas monopolizadores de carga que, amparados en sindicatos como dueños de flotas de camiones, están acostumbrados al contrabando y a la especulación.

Creo que estos sectores pretenden cubrirse las espaldas, mejor dicho, se ayudan al pedir que la Ley 1386 (Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo) se anule antes de que destruya el “sueño dorado” de seguir ganando dinero con movimientos económicos ilegales y antipaís.

Como ejemplo, existen los comerciantes que tienen actividades en lugares populares como el “Mercado negro”, la Uyustus y otros en La Paz; La Cancha en Cochabamba y la plaza Isabel la Católica, Barrio Lindo y La Ramada en Santa cruz. Así podemos especificar lugares en Oruro, que es a donde llega mercancía a costo muy bajo, el lugar preferido para adquirir todo tipo de productos contrabandeados y sin factura.

Entonces, se debe comprender por qué estos comerciantes están alarmados con una ley que desnudará la verdad de cuánto dinero realmente manejan. Como dato, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), entre enero y octubre de este año, recaudó 10.701.566.364 bolivianos, casi 1.500 millones de dólares, y decomisó 504 millones de bolivianos en mercancía de contrabando en 6.077 operativos en todo el territorio nacional. Ahora, la pregunta es: ¿qué sector puede darse el lujo de perder tanto dinero en decomisos y generar tanta recaudación, aparte del narcotráfico?

La respuesta es muy sencilla: el sector gremial, este que protesta contra la ley. Este que se siente amenazado debido a sus malhabidas fortunas, fruto de evasiones e irresponsabilidades. Este que puede perder un millón de dólares en contrabando, mientras tiene otro millón moviendo mercadería ilegal en otra región del país.

Para ejemplificar mejor y comprender por qué hay sectores en pie de huelga, también tenemos al gremio de salud, que el 2020 amasó fortunas al traficar con la salud del pueblo, al cobrar cifras absurdas por la internación de pacientes con COVID, al exigir el pago de 10.000 bolivianos por la entrada a sus clínicas y otros 10.000 bolivianos por 48 horas de atención. El traslado de un posible paciente con coronavirus en la ambulancia de una clínica particular llegaba hasta 1.700 bolivianos, aproximadamente. Ellos deben entrar en paro, porque con una auditoria mínima se evidenciaría el dinero ilegal que recaudaron como mercaderes de la salud.

La Ley 1386 no está en contra de un comerciante que, por ejemplo, tiene un local que vende electrodomésticos y su capital no supera el millón de dólares. A menos que lave dinero o sea un contrabandista. Tampoco persigue a una clínica que apoya a la sociedad y cobra precios adecuados, que no rayan en el abuso. La ley no va en contra de quienes obtuvieron su dinero de forma legal. Va en contra de quienes, aprovechando la pandemia, se hicieron millonarios en tres meses, de quienes contrabandean y son enemigos de la industria nacional.

Hay malos empresarios que redujeron los sueldos de sus empleados a la mitad y siguieron ganando igual –o mejor– con productos exportados o importados. Muchos son evasores de impuestos y tienen fortunas en paraísos fiscales. En conclusión, el paro está a favor de los estafadores del pueblo./ABI

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