El analista económico Abraham Pérez afirmó que la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no afecta las actividades e intereses de gremiales y transportistas, ya que su finalidad es controlar el ingreso y salida de divisas en el país.
“Esta ley fija acciones de control para el ingreso y salida de divisas, por eso se llama Ley Estratégica Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, es decir que vigila aquellas transacciones económicas al exterior e interior del país resultado de actos ilegales”, dijo a la ABI.
Por ejemplo, explicó, controla aquellas ganancias producto de la corrupción, como el caso del señor Arturo Murillo, que al salir del país no hizo una declaración jurada de la procedencia del dinero.
“Si hubiera sido dinero legítimo, que consiguió con el esfuerzo de su trabajo, tranquilamente hubiera declarado su procedencia y cancelar el impuesto correspondiente al Estado boliviano, pero no lo hizo y fue detenido en los Estados Unidos al tratar que blanquear el dinero”, aseveró Pérez.
Acotó que esta estrategia de control financiero se aplica en todos los países, por lo que esta ley obliga a las personas a declarar y transparentar sus transacciones económicas.
“En ese sentido, no se entiende la reacción de los gremiales, comerciantes y transportistas, porque no va en contra de sus intereses y ganancias. Ellos, cuando viajan al exterior a comprar su mercadería no mueven más de 10.000 dólares y no declaran, y si lo hacen tienen que cumplir la ley”, enfatizó el analista.
“No creo que los hermanos comerciantes o transportistas estén metidos en la ilegalidad. En esa línea, es totalmente injustificado su estado de alerta y rechazo a esta ley, que no afecta a su actividad ni a su patrimonio”, complementó.
Ante las versiones del ejecutivo de los gremiales, Francisco Figueroa, que rechaza la Ley 1386 porque va en contra del sector y busca su abrogación como el anteproyecto de Ley 218 de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el analista enfatizó que señor Figueroa no ha entendido el contenido de la ley, ya que el proyecto de ley que ha quedado sin efecto, se refería al enriquecimiento ilícito, es decir, de aquellas ganancias producto de actividades ilegales.
“Esta ley se enfoca a controlar la salida e ingreso de recursos financieros y no sean usados en actos ilícitos”, apuntó./ABI
