Richter: “El tema fraude en los hechos está cerrado”

El vocero presidencial, Jorge Richter, sostuvo que el tema del presunto fraude en las elecciones presidenciales del 2019 ya es un caso cerrado que afecta, sobre todo, a sectores opositores al Gobierno.

“El tema fraude en los hechos está cerrado, lo que persiste todavía es una discusión de orden discursiva, argumentativa, entre quienes han sostenido, han construido esa narrativa indemostrada y quienes hemos señalado que en el país se vivió una ruptura institucional, eso ha concluido en el marco del trabajo realizado por la Fiscalía con el informe de sobreseimiento”, dijo en entrevista con Bolivisión la noche del miércoles.

Así se refirió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sectores opositores que todavía aseveran que existieron alteraciones en los resultados electorales.

Dijo que la intención de esa versión es sostener el discurso de fraude que permitió la ruptura institucional de 2019 y la instalación de un gobierno de facto.

Los bolivianos acudieron a las urnas el 20 de octubre de 2019 en el marco de las elecciones presidenciales. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno impulsaron protestas mientras el conteo de votos no había culminado.

Los datos electorales oficiales fueron desconocidos con movilizaciones desde sectores afines a la oposición impulsados, en una primera etapa, por afines a la alianza opositora Comunidad Ciudadana la noche del domingo de comicios.

A eso, se sumó, el 10 de noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo público un informe preliminar en el que cuestionaba las elecciones y difundió la narrativa de un supuesto fraude sin presentar pruebas.

“Los opositores se sienten afectados por el cierre del (caso) fraude, seguramente por algún motivo. Eso no lo explican; pero el motivo central es que el fraude posibilita la aplicación de ciertas metodologías que generan en el país un golpe de Estado”, aseveró el vocero.

Explicó que el acuerdo entre Bolivia y la OEA en 2019 consistía en siete puntos. En el quinto, quedó establecido que la organización internacional emita un informe conclusivo respecto de la integridad electoral para, posteriormente, canalizarlo a través del secretario general, Luis Almagro, por las vías diplomáticas al Gobierno de Bolivia.

“El informe preliminar es un hecho y un acto por parte de la OEA absolutamente unilateral, no en el marco de lo que habían acordado los países. Eso no tiene carácter vinculante, el carácter vinculante estaba en el informe final”, dijo.

Cuestionó que la OEA haya entregado un informe conclusivo en diciembre de 2019, cuando ya estaba instalado el régimen de Jeanine Áñez que no contaba con la legalidad para asumir el cargo.

El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

En un informe final, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral. Demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.

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