Procurador: Fianza de Murillo por $us 250.000 no puede ser apelada pero se debe demostrar licitud del dinero

Luego de conocer el acuerdo preliminar que implica que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deba pagar una fianza de $us 250.000, el procurador general de Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que esa determinación no puede ser apelada, aunque sostuvo la exautoridad debe demostrar la licitud del dinero.

“Se ha llegado a un acuerdo preliminar entre la Fiscalía y el acusado a objeto de que el acusado sea beneficiado con una fianza de $us 250.000, fianza que no ha sido pagada y además que  debe ser cubierta con dinero limpio, es decir, debe ser demostrada la licitud del dinero”, afirmó en rueda de prensa.

Según Chávez, la decisión del pago de la fianza no puede ser apelada debido a que la investigación se encuentra en una etapa procesal donde la víctima, en este caso, la Procuraduría, no tiene una participación.

Detenido desde mayo en Estados Unidos, Murillo se encuentra acusado por los delitos de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions.

Otras de las disposiciones establecidas en la audiencia de este lunes, además de la fianza, fueron que Murillo deba estar con una manilla o la tobillera electrónica, además que deba presentarse ante la Fiscalía cada cierto tiempo.

“Si el señor (Arturo) Murillo abona ese monto ($us 250.000) y cumple las condiciones, se va a comunicar simplemente por la carpeta que tenemos nosotros habilitada en el expediente judicial que accedemos como víctimas en este caso”, aseguró Chávez.

Descartó conocer en cuánto tiempo se pueda ejecutar la determinación del pago de la fianza, tras el acuerdo preliminar que favoreció al exministro del gobierno de Jeanine Añez.

Murillo deberña comparecer en una nueva audiencia el 9 de septiembre, mientras que un día antes, lo harán otros implicados en el mismo caso.

Demanda civil

A menos cuatro coimputados por la demanda civil abierta por el estado boliviano por el caso de compra irregular de gases lacrimógenos durante la administración del gobierno de Jeanine Añez en 2019.

El proceso tiene como objetivo recuperar el dinero utilizado en la adquisición de los agentes químicos, que asciende a los $us 2,3 millones.

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