SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

El pueblo boliviano esta ya acostumbrado a escuchar las ofertas de todos los gobiernos que últimamente han transitado, tanto por el Palacio Quemado como por la llamada Casa Grande del Pueblo, quienes en su momento han presentado una serie de programas o planes para combatir la ola delictiva que atemoriza cada vez más a la población, sin embargo estos planes, al margen de ser aparatosos, resultaron un verdadero fracaso.

 

En ese sentido, cabe mencionar que las encuestas que se publican periódicamente a nivel nacional, y que pretenden establecer las preocupaciones de los ciudadanos, señalan siempre: la falta de seguridad ciudadana.

 

Esta preocupación, que al presente parece ser un tema estructural, refleja los sentimientos de una población que reclama tutela de parte del Estado, es decir, protección en todas y cada una de sus actividades.

 

La inseguridad ciudadana, que se traduce en una creciente ola delictiva y en un avance de la delincuencia y de su internacionalización, no ha merecido hasta ahora una respuesta efectiva de parte del Estado y, por el contrario, parece que se resignan roles a partir de una serie de limitaciones que se expresan en carencias institucionales de parte de la Policía y de otros organismos, que constitucionalmente tienen la obligación de responder a estos retos.

 

La situación de peligro e inseguridad en que actualmente estamos viviendo, nos muestra que es innegable que el gobierno actual ha incidido en el mismo error de los anteriores, al anunciar planes y no cumplirlos, es decir, seguimos en una especie de círculo que no aporta soluciones concretas.

 

El problema parece tener su explicación en la falta de una política de Estado para enfrentar a la delincuencia, partiendo no solamente en diagnósticos referentes a la falta de medios materiales de la Policía, sino centrar la atención en problemas de fondo, como por ejemplo, cuestionar la falta de estabilidad y el desarrollo institucional del Estado, o preguntar si existe coherencia en las funciones y métodos de acción, es decir, en un conjunto de debilidades que parten de la organización del Estado y de su administración que expresa un deficiente funcionamiento en cada una de sus partes. Es que no se puede comprender una lucha contra la delincuencia a partir de criterios utilitarios que cada gobierno establece a su turno y según sus propias creencias y juicios, que al final se ahogan en la coyuntura estéril.

 

Hasta ahora no existe un programa relacionado con un plan que derive en fines específicos. Y ésta es una constante cuya proyección parece que no cambiará.

 

Se habla y se aprueba leyes sobre armas, de tránsito, de justicia penal juvenil, regulación del consumo y venta de alcohol y drogas, cultura ciudadana, seguridad cerca de la casa, del colegio y del trabajo, en fin, planteamientos que no llegan a conformar un plan de acción de largo plazo, que combine reformas penales y en la administración de justicia, con un sistema dinámico, objetivo e inmediato de seguridad jurídica, que establezca los pilares de una verdadera estabilidad institucional.

 

 

por: Julio Vaca Guzmán del Carpio / fundador de lavozdetarija.bo

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