La Delegación Defensorial de Tarija presentó a personal médico, enfermeras y servidores públicos de diferentes centros e instituciones de salud, públicos y privados, la propuesta de política pública para prevenir la violencia ginecobstétrica, elaborada por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional con el objetivo de contribuir a la vigencia del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.
“En Bolivia el 69% de las mujeres declara haber sufrido violencia obstétrica en hospitales públicos, 64,2% en hospitales de la seguridad social y 35,4% en clínicas privadas. Este dato nos confirma que la violencia obstétrica se presenta en todos los estratos sociales y aun cuando se pagan altas sumas de dinero por el servicio”, ha informado Carola Romero, Delegada Defensorial de Tarija.
Por este motivo, la oficina defensorial ha priorizado en la presente gestión el desarrollo de acciones que efectivicen la política pública como ser el fortalecimiento de conocimientos para asumir acciones dirigidas a la prevención de la violencia ginecobstétrica, la elaboración de nueva normativa, actualización de la ya existente, y determinación de disposiciones para la prevención de la violencia ginecobstétrica.
Asimismo, ha indicado que se realiza la incorporación de nuevos contenidos en las curriculas de formación de las carreras de medicina y enfermería, formación, capacitación y sensibilización de estudiantes, personal docente de facultades de medicina, enfermería y personal de salud en ejercicio.
“Se están proponiendo la generación de espacios de información, dialogo y orientación a mujeres gestantes, parejas y comunidad, entre otras que pretenden mejorar la calidad de atención a las madres y recién nacidos en el marco del respeto a los Derechos Humanos”, ha mencionado.
La Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2017, muestra quejas de mujeres que, en los últimos cinco años, fueron sometidas a múltiples formas de maltrato durante su gestación, parto y postparto.
Los mayores reclamos apuntan a los hospitales públicos (68,3%), pero además alcanzan a la seguridad social (64,2%) y a clínicas privadas (35,4%)
