Gabriela Zapata, logró que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, a cargo del magistrado cruceño Olvis Égüez admita el recurso de casación.
Se trata de la última instancia de apelación que tiene la justicia boliviana y que en promedio se sabe que rechaza al menos ocho de cada diez casos que recibe.
Así, busca reducir su condena de 10 años de cárcel que cumple en el penal de Miraflores, de La Paz, por el caso que se abrió tras el escándalo por el supuesto tráfico de influencias, debido a que el Gobierno adjudicó millonarios contratos a la empresa China CAMC, de la que fue gerente.
La admisión se puede confirmar en la página oficial de la Corte Suprema. A partir de la Ley 1970, la Sala Penal del Tribunal dicta dos decisiones cuando recibe un recurso de casación. La primera es el auto supremo de admisión o inadmisibilidad. En este caso, la novedad es que ya lo admitió. Y el segundo, decide el fondo del caso, si se confirma o revoca la sentencia.
El abogado Iván Lima, quien fue magistrado en esa Sala, reveló que “en los 18 años de trabajo del Tribunal Supremo se tiene que más del 85% de los recursos de casación (al menos ocho de cada diez) se declaran inadmisibles. Incluso si el caso es admitido, en muy pocos casos se aceptan los argumentos y se cambia las decisiones previas”.
El 23 de mayo de 2017 la exgerente de la empresa china CAMC fue condenada por el juzgado I de Sentencia de La Paz a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
En la indagación, abierta en enero 2016 y que para el MAS llevó al mandatario a la derrota en el referéndum del 21-F que dijo no a su repostulación, el Ministerio Público determinó que Zapata sostuvo reuniones con empresarios e inversores privados en oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia sin ser funcionaria. Además, como gerente de CAMC, habría influido para lograr millonarios contratos con el Estado.
El 13 de julio de 2018, la Sala Penal Segunda, de La Paz, ratificó la sentencia. Fue entonces que la defensa de Zapata y otros implicados enviaron el caso a Sucre e ingresó a la Sala Penal el 22 de enero de este año.
Se supo que el comité de admisión revisó si la casación cumplía con todos los requisitos y procedimientos, y emitió el auto de admisión en la Sala de Égüez.
