La crisis venezolana ahuyenta hasta al más optimista de los inversores. Pero no a los aliados más estrechos del régimen de Nicolás Maduro. La compañía rusa Rosneft, que tiene varios acuerdos con PDVSA, ha continuado gastando millones de dólares en Venezuela aun sabiendo que irían a pérdida, según documentos obtenidos por la agencia Reuters que muestran el lazo político que une a ambas petroleras para sostener al chavismo en el poder.
Directivos de Rosneft, firma controlada parcialmente por el Kremlin, elevaron la señal de alarma a finales de 2015 acerca de la decisión de continuar invirtiendo en Venezuela. Una auditoría interna muestra el descontento de un ejecutivo por la falta de progreso en hacer que PDVSA explique el agujero de USD 700 millones en una hoja de balances. «Será así por toda la eternidad», comentó frustrado en un mail a un colega.
Memorándums, planillas y cartas oficiales que abarcan el período entre 2012 y 2015 muestran el manejo de la firma rusa con relación a su homóloga venezolana, una época en la que las grandes firmas internacionales ya decidían abandonar el país o frenar toda nueva inversión. En cambio, Rosneft incrementaba su participación con más préstamos y proyectos conjuntos.
Según los reportes públicos e internos de la firma, ha invertido cerca de USD 9.000 millones de dólares desde el 2010. Una parte de la deuda venezolana con Rusia se reembolsa en forma de hidrocarburos. Oficialmente se trata de avances para contratos de entrega de petróleo y combustible, pero muchos expertos lo consideran un apoyo financiero directo al gobierno de Caracas.
«Los pagos siguen estrictamente el calendario», dijo el vicepresidente de Rosneft, Pável Fedorov, en una conferencia telefónica en febrero. «No habrá retrasos», afirmó. Rosneft aseguró a sus inversores que Venezuela devolvió 2.300 millones de dólares de los 4.600 millones (sin intereses) que le prestó la petrolera rusa en forma de avances.
El grupo ruso tiene participaciones minoritarias en cuatro proyectos petroleros de PDVSA, y es propietario de varias plantas de gas en el país sudamericano.
En suma, Rusia es el segundo acreedor de Venezuela, por detrás de China. Y ambos, junto a Cuba, son los principales sostenes internacionales del régimen chavista, en contraparte de los más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como mandatario.
Mientras tanto, la producción de petróleo en Venezuela no muestra repuntes ante la inversión rusa. Por el contrario, está en mínimos históricos. En 2018, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estimó que había caído en un 37% respecto al año anterior, a 1,17 millones de barriles diarios, el nivel más bajo de los últimos 30 años.
Los documentos internos de Rosneft también revelan que los proyectos conjuntos tuvieron resultados sumamente decepcionantes y también enfrentaron problemas logísticos, como la falta de equipos básicos de perforación.
Además, se muestra la disconformidad con los «proyectos sociales» en los que PDVSA gastó varios millones de dólares en aldeas remotas de apenas unos cientos de habitantes.
Entre dos fuentes de la firma consultadas por Reuters y otras dos que están al tanto de los detalles de los contratos, la única razón por la que la empresa continuó brindando apoyo pese al descalabro económico, es la motivación política. El Kremlin esperaba que Rosfnet cumpla con apoyar a su aliado.
«Desde el inicio fue un proyecto puramente político. Todos teníamos que contribuir», admitió un ejecutivo de una firma petrolera rusa que tuvo una asociación con Rosneft en Venezuela.
La petrolera rusa está dirigida por un allegado muy influyente de Vladimir Putin, Igor Sechin, que aplica en la compañía las prioridades geopolíticas de Rusia, como en el caso de Venezuela, a pesar de las dudas de los inversores. Tanto Sechin como Rosneft son objeto de las sanciones occidentales contra Rusia por la crisis en Ucrania.
Aprovechando el aumento de los precios de los hidrocarburos, el grupo obtuvo en 2018 un beneficio neto de 549.000 millones de rublos, unos 7.300 millones de euros al cambio actual, es decir, 2,5 veces más que el año anterior. /Infobae
