DEMOCRACIA, DEMOCRACIA, QUO VADIS…??

Hace 35 años, los bolivianos recuperamos la democracia después de una lucha sacrificada en contra de las dictaduras. Es el período más prolongado de institucionalidad en la historia del país. Desde el 4 de noviembre de 1964, con el derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro por el golpe militar del Gral. René Barrientos Ortuño, se instauró en Bolivia una larga etapa de dictadura hasta 1982, tiñendo con sangre la historia de Bolivia. Un 10 de octubre de 1982 el General Guido Vildoso Calderón, entregaba la Presidencia de la República al electo candidato de la Unidad Democrática y Popular (UDP), el Dr. Hernán Siles Zuazo. Por ello, el 10 de octubre de 1982, debía quedar como el hito emblemático para la vigencia de la democracia, por su trascendencia en el significado de la vida política de Bolivia. Permitámonos una remembranza histórica, en ese lapso se establecieron algunos gobiernos civiles que duraron poco tiempo pues fueron sacados del poder a través de la violencia generada por las armas de los golpistas de turno. Estos acontecimientos, determinaron que el Gral. Guido Vildoso Calderón fuese un gobierno de transición para instaurar la democracia, su gestión estaba prevista para un año, pero, debido a las movilizaciones que organizó la COB, se determinó que cedería la Presidencia de la República a Hernán Siles Zuazo. Esa salida política se dio a través de la sugerencia que hizo el periódico «Última Hora» que pidió al gobierno de Vildoso reunir al Congreso Nacional que fue elegido en las elecciones de 1980, (antes del golpe militar de Luis García Meza). El Congreso elige a Hernán Siles Suazo como presidente de Bolivia, quien arriba del exilio y se reúne con dirigentes del MIR, el PCB y el MNRI, logrando establecer el primer gobierno democrático después de la etapa dictatorial. Ese hecho se consolidó con su posesión, el 10 de octubre de 1982 cuando Bolivia dejó atrás la dictadura pensando en un mañana de democracia promisoria bajo la plenitud de derechos civiles, políticos, garantías constitucionales, la vigencia de los Derechos Humanos y por el imperio de la ley.

A más de tres décadas del restablecimiento del proceso democrático en Bolivia, la actual generación de políticos: oposición y oficialismo, tienen visiones colisionadas sobre el estado de la realidad democrática; la oposición asegura que la democracia está en peligro y ha retrocedido permanentemente desde hacen once años con persecuciones, encarcelados, asilados, refugiados y procesados por pensar diferente (por este régimen del cambio que muestra claros visos de un caciquismo secante), mientras el oficialismo sostiene que más bien se profundizó la democracia que está en manos del pueblo y se la ejerce de forma directa. Estos hechos muestran que, la democracia es solo un nombre y solamente existe cuando se acude a las urnas y, no es, un proceso político pleno de derechos y garantías. En este transcurso democrático, se han dado hitos que deben destacarse: 1982 Retorno a la Democracia; 1985 Democracia Pactada (21060); 1989 Triple Empate; 1993 Reformas Institucionales (capitalización, participación popular, reforma educativa, salud universal y otras); 1997 Retorno Democrático al Poder (Hugo Banzer Suarez); 2003 Salida a la Crisis de Octubre; 2004 Referéndum por el Gas; 2005 Gobierno de Transición; 2006 Proceso de Cambio; 2007/8 Asamblea Constituyente; 2009 Nueva CPE y Segundo Mandato del MAS; 2015 Tercer Mandato del MAS; 2016 Referéndum del 21 de Febrero (21F), donde 2.682.517 de bolivianos votaron por el No a los intentos de modificar la CPE y no permitir la re postulación del binomio del cambio.

En este prolongado período democrático hubo nueve presidentes y siete elecciones por el cumplimiento de un principio básico para la democracia, como es la alternabilidad, veamos: a Siles le sucedieron ocho presidentes, producto de siete procesos electorales: Víctor Paz Estenssoro (1985-1989); Jaime Paz Zamora (1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); Hugo Banzer Suárez (1997-2001); Jorge Quiroga Ramírez, por sucesión constitucional (2001-2002); nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Carlos Mesa (2003-2005); Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006); los dos últimos también por sucesión constitucional, y Evo Morales (2006-2010-2015). En estos 35 años, la institucionalidad democrática se amplió consecutivamente, precisamente por la aplicación de la alternancia que permite participar a todas las posiciones político ideológicas a ejercer mandato; es así que, a la elección por voto de presidente, vicepresidente, senadores y diputados, en 1985 se sumó la de concejales municipales; las reformas a la Carta Magna de 1994 introdujeron la figura de los diputados electos en circunscripción uninominal; el 2005, por primera vez, los bolivianos votaron para elegir prefectos departamentales y en 2010 se eligieron a los gobernadores departamentales en un contexto de “proceso autonómico”. En 1993, un acuerdo político dio nacimiento a un órgano electoral genuinamente independiente, que se caracterizó por la organización de procesos electorales transparentes (Corte Nacional Electoral), en la actualidad el denominado Tribunal Supremo Electoral, está señalado por ser dependiente y afín al gobierno; a pesar de ello, estas sucesivas y distintas gestiones de gobierno fueron posible gracias a la alternabilidad practicada.

En este período, la democracia representativa se ha enriquecido con mecanismos de democracia participativa gracias a la alternancia ejercida, generando por ejemplo: las reformas del 2004 introdujeron el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana, y la nueva Constitución del 2009 reconoce la revocatoria de mandato. Entonces, desde la recuperación del sistema democrático en Bolivia, puede encomiarse avances alcanzados en cuanto a maduración de la democracia en aspectos como la participación y la pluralidad, pero también deplorable las señales evidentes en la actualidad que amenazan con convertirse en retrocesos abusivos, antidemocráticos e irascibles. La intención del Régimen de prorrogarse en el poder, el caudillismo, la intolerancia política, la cooptación institucional de los poderes públicos (Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional Plurinacional) dirigidos a la “interpretación” de la Constitución Política del Estado y, desatada una campaña contra la libertad de expresión y de información a través de acciones políticas para acallar el libre pensamiento hacia medios de comunicación independientes y el fanatismo en los medios pro gobiernistas, son señales evidentes de este deterioro de la democracia contra la percepción gubernamental que el país vive una democracia comunitaria y participativa. Lo cierto es que se viven aprestos que hacen temer una peligrosa regresión en la construcción de un verdadero proceso democrático, actualmente inacabada, imperfecta, pero que merece una oportunidad histórica de ser profundizada para su vigencia plena o próxima a ella.

El pretendido desconocimiento a pronunciamientos del soberano en sendos referéndums, el copamiento institucional para definir el derrotero futuro como país bajo la mano del caudillo del populismo, pone en duda la posibilidad de profundizar un proceso democrático y, más bien, parecería que se está abriendo un portón de contención a los afanes de un continuismo no exento de visos totalitarios en un modelo de gestión política que se viene derrumbando en la región por la sombra de la corrupción galopante e irrefrenable como el narcotráfico, incluso considerando la posibilidad de la aplicación de la fuerza, como única emergencia para mantenerse en la cresta de la ola del poder político y sepultar cualquier pretendida acción de que se aplique la alternancia democrática en un proceso de fortalecer el estado de derecho, en democracia, con tolerancia, en paz y con respeto a la ley. En este contexto, las cuatro vías propuestas en el reciente congreso del MAS para buscar la continuidad perpetua del proceso de cambio (la consulta ante el TCP que han efectuado, la acción abstracta de inconstitucionalidad, pidiendo que se declaren inaplicables varios artículos de la Carta Magna, que el propio Evo Morales promulgó en 2009, y anule otros de la Ley Electoral si son contrarios al derecho a “su reelección”), son inconstitucionales. Esta acción política y no jurídica, pone la democracia en el límite de lo racional, de lo legal y de lo jurídico, pues ante esta acción, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe evitar tocar el tema de fondo porque no tiene atribución, competencia o procedimiento para declarar inaplicable normas de la Constitución que, precisamente debe preservar y salvaguardar. La única forma de dejar sin efecto una norma constitucional en Bolivia es con reforma constitucional y eso requiere un referéndum. Por lo tanto, 7 opiniones funcionales (TCP), frente a 2.682.517 de votos que dijeron No el 21 F, no pueden demoler el futuro democrático boliviano.

En este contexto, es inevitable recordar que, cuando se intentó una acción popular contra la restricción inconstitucional del derecho humano de sindicalización en la Ley de Cooperativas, el Vicepresidente fundamentó, a nombre del Estado, que “los derechos humanos actúan en un marco de interdependencia y que no son absolutos y que se los puede limitar”. Ahora, en relación a su ambición de reelección tendrá que hacer el ridículo de ese su argumento citado en la Sentencia Constitucional 1946/2013, que lo pone en evidencia flagrante de su “fundamentación limitativa” de los Derechos Humanos, cuando a él y al MAS les conviene.

Finalmente, el pueblo, al que no se obedece, clama por conocer a detalle, los largos once años de un camino a ser cómo Suiza, que resultó encharcado, con fisuras, pedregoso, sin luces y sin señales de vía que prevengan la ruta a un despeñadero, que solo la ruta de la alternancia democrática puede evitar. La democracia es libertad, igualdad y fraternidad. La población boliviana tiene el derecho y la obligación ineludible de movilizarse en todos los ámbitos que franquea la ley para impedir un golpe de estado a la democracia. Ninguno de los poderes está facultado para cambiar, modificar o alterar lo que se ha estatuido y que es un mandato del pueblo, es decir, del soberano. Los Órganos del Estado, están administrados por funcionarios que están obligados a respetar y defender la Constitución Política del Estado, que es producto de la democracia y refleja las libertades de los ciudadanos. El quebrantar la Constitución a la fuerza, es un delito que merece no solamente el juicio y el repudio ciudadano, sino las sanciones que establecen las leyes bolivianas, además de la condena internacional a la que se vería sometida Bolivia.

por: Eduardo Claure

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