¿MAS JURISTAS DEL HORROR…?

La presentación por un grupo de parlamentarios del régimen, capitaneados por el sepulturero del Comité Cívico de Chuquisaca, de una acción de inconstitucionalidad ante su Tribunal Constitucional para la rerererelección sine die de su jefazo alegando la primacía de sus derechos humanos; prueba hasta dónde llega la angurria por mantener a cómo dé lugar el poder para intentar alargar la impunidad que por el momento disfrutan y también, el uso bastardo del sistema de justicia con fines particulares, hasta degradarlo a su peor expresión: convertido en una repartición más del régimen, encargado de ponerle sello de “legalidad” a todas sus arbitrariedades. La doctrina del meterle no más, por muy ilegal o inconstitucional que lo sea.

La acción llega al extremo inaudito, de impetrar aplicar control de convencionalidad para que sea resuelta e incluso, señala que cabría por efecto del art. 256 de la CPE, aplicar el art. 23 de la CADH (derechos políticos), por encima de la prohibición constitucional que impide relecciones. Inmediatamente, los adictos al régimen repiten en coro, algo así que el “derecho humano del Presidente” para ser relecto ad infinitum, debe ser bendecido por, nada menos, el “guardián” de la CPE…así sea por encima de los derechos, humanos, del resto de bolivianos y lo que es peor, mandando al tacho su opinión concreta sobre el tema, ya formulada el 21F.

Aplaudo sinceramente que aquellos legisladores, por fin, se hayan dado cuenta de la existencia de la Convención Americana de DDHH u otros instrumentos internacionales que, evidentemente, el art. 256 de la CPE dispone sean aplicados e interpretados hasta por encima de la misma. Aunque, fuera prueba plena de su coherencia, que lo hayan hecho mucho antes y en todas las situaciones que levantaron la mano, sancionando leyes que sistemáticamente desde hace más de 10 años, vulneran groseramente aquellos IIII que hoy pretenden usar para servir al amo; por ejemplo la Ley 04 que permite la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio (el art. 9 de la CADH prohíbe esa retroactividad) o las Leyes 07 o 44 que impiden apelar (cuando el art. 25 de la CADH ordena lo contrario).

Más allá de aspectos procesales, el mayor insulto a la inteligencia de esa acción consiste en la ignorancia supina que demuestra sobre la naturaleza de un instrumento de DDHH. La CADH o cualquier otra de similar naturaleza, NO fueron concebidos para servirle la mesa al poderoso, sino, siguiendo la postura clásica de DDHH, fueron creadas para oponer los derechos del ciudadano, al poder. De ahí que resulte en extremo absurdo, pretender mediante esa acción, que sea más bien el estado el que le reconozca un inexistente “derecho humano” a quien disfruta discrecionalmente además, del poder, incluso en su actual gestión de forma inconstitucional (precisamente por obra del actual TCP), pasándose así por el forro los derechos del resto de los mortales –ciudadanos- que como tales, si tienen el derecho previsto por el art. 23 de la CADH. Parece que a los abogados que redactaron la acción, se les olvidó seguir con la lectura de la CADH hasta superar su rubro de derechos y llegar a su art. 32.2 que refiriéndose a la correlación entre Deberes y Derechos, declara: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”, lo que les hubiera refrescado su frágil memoria, que el 21F, precisamente se le preguntó puntualmente al ciudadano si quería aprobar la rerererelección de esos poderosos, y el soberano dijo NO; MANA; JANIHUA. Ese pequeño gran detalle, hecha por tierra la mañosa pretensión, pues un grupo de 7 jueces, que arrastran además el lastre de su falta de legitimidad al haber perdido por goleada las “elecciones” judiciales (y aunque las hubieran ganado), no pueden ir ahora en contra de lo que más de 2 millones de bolivianos decidieron vía referéndum sobre ese tema, reitero, expresamente convocado para ese fin. Lo peor de todo fuera, que así las cosas, el TCP termine bendiciendo, una vez MAS, la impresentable pretensión, procediendo como si fueran juristas del horror. Aquellos a quienes el juez del nazismo Roland FREISLER les aconsejaba: “que al momento de decidir, debían resolver como el Führer lo haría en persona”. Espero no sea el caso.

por: Arturo Yáñez Cortes

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