Corte detiene temporalmente partes de la ley SB4 de Texas mientras estudia su constitucionalidad

Apenas dos días antes de su entrada en vigor, un juez federal bloqueó temporalmente gran parte de la ley estatal SB4 de Texas, que habilitaría a los policías y alguaciles en todo el estado a preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier persona durante una detención o arresto, incluso una parada de tránsito.

La decisión es una victoria para la decena de condados y ciudades que demandaron al estado de Texas para frenar la medida.

El juez Orlando García decidió este miércoles que la ley no entrará en vigor el próximo viernes 1 de septiembre, como se había establecido cuando el congreso estatal aprobó la medida. Su implementación será frenada hasta que el juez decida si alguna sección de la ley viola los derechos de los texanos bajo la Constitución.

Aprobada en la primavera por legisladores republicanos, la SB4 fue firmada en mayo por el gobernador Greg Abbott, quien había declarado como prioridad eliminar las ciudades santuario en Texas.

Además de prohibir que cualquier autoridad local limite su cooperación con agentes federales de inmigración, la medida también obligaría a las autoridades a cumplir con las solicitudes de ICE, estableciendo incluso multas y castigos para los funcionarios que no cooperen con las deportaciones.

Entre mayo y junio, varios funcionarios públicos demandaron al estado de Texas para detener la medida, entre ellos líderes de ciudades como El Cenizo, Dallas, Austin, San Antonio, El Paso y Houston; oficiales de los condados de Maverick, Travis y El Paso; y abogados de organizaciones como ACLU, MALDEF y LULAC.

» Obviamente estamos muy alegres con la decisión del juez federal en San Antonio. Sabemos que esta es una victoria para nuestra comunidad, pero esto nada más es un paso de todos los pasos que tenemos que dar en esta batalla. Sabemos que vamos a tener que pelear en las cortes y que este es un caso que va (a llegar) hasta la Corte Suprema de Estados Unidos«, dijo a Univision Noticias el presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) Roger C. Rocha, desde Laredo, Texas.

En total se presentaron tres demandas contra la SB4. Las tres fueron consolidadas por el juez García a principios de junio, mientras distintas ciudades votaban para unirse a la demanda o para pronunciarse en contra de la SB4.

¿Qué sucede ahora? La decisión preliminar de García es una victoria para el grupo que demandó al gobierno de Texas, pero el caso contra la SB4 sigue en pie.

Ahora, los demandantes deberán argumentar frente al juez García que la SB4 viola los derechos que otorga la Constitución de Estados Unidos, entre ellos la libertad de expresión, el debido proceso de la ley, la protección contra las detenciones arbitrarias y la protección igualitaria bajo la ley.

Por otro lado, los abogados de la defensa -que representan no solo al gobierno de Texas sino también al Departamento de Justicia, que decidió involucrarse en el caso- deberán probar al juez que la SB4 no viola los derechos constitucionales de los texanos.

Además deberán probar que la SB4 no viola la cláusula de supremacía, que establece que el gobierno federal tiene poder sobre ciertas materias -como la de inmigración- por encima de los gobiernos estatales.

Para eso, el magistrado evaluará las distintas partes de la SB4, que incluyen:

  • la sección 752.053, que hace ilegal mantener cualquier política santuario que prohíba preguntar a alguien sobre su estatus migratorio, compartir esa información con cualquier agencia, asistir durante una deportación, o permitir que entre un agente federal de inmigración a una cárcel,
  • la sección 752.056, que establece sanciones económicas diarias para los funcionarios o entidades que mantengan políticas santuario, comenzando con una multa civil de entre $1,000 y $1,500 por la primera infracción y luego entre $25,000 y $25,500 por cada día de resistencia,
  • la sección 752.0565, que da al fiscal general de Texas la habilidad de pedir a un juez que destituya a cualquier funcionario público que viole la SB4, basándose incluso en comentarios de ese funcionario contra la medida,
  • la sección 772.0073, que establece un fondo para costear los gastos que surjan en las ciudades y condados que cooperen con ICE o cumplan sus solicitudes de detención extendida en las cárceles,
  • el artículo 2.251, que obliga a cada jurisdicción a obedecer los ‘detainers’ de ICE. (Los ‘detainers’ son solicitudes -de naturaleza voluntaria- que envía ICE a las cárceles para mantener detenida a una persona cuya liberación ha sido ordenada por un juez. Esto le da hasta 48 horas a los agentes de inmigración para tomar custodia de esa persona desde la prisión bajo «causa probable» de que sea indocumentada.)
  • el artículo 42.039, que facilita transferir a alguien sujeto a un ‘detainer’ de ICE desde la cárcel a la custodia federal, durante sus últimos 7 días en prisión,
  • la sección 402.0241, que permite al fiscal general de Texas utilizar fondos estatales para defender en corte a cualquier jurisdicción que sea demandada por cumplir con los ‘detainers’ de ICE,
  • y la sección 39.07, que convierte en delito menor el incumplimiento de cualquier ‘detainer’ de ICE.

La decisión de este miércoles no deja claro de inmediato cuáles secciones de la ley sobrevivirán el reto legal.

spot_img

Artículos Relacionados

LAS MÁS LEIDAS