MARIO COSSÍO, LEOPOLDO FERNÁNDEZ, ERNESTO SUAREZ, CARMELO LENZ, RUBÉN COSTAS, CHAPETÓN Y OTROS

Liberen a Leopoldo…!!! Se dice en diversos medios de comunicación y en las RRSS, luego de conocida la sentencia condenatoria para el ex Prefecto de Pando, quien señaló respecto al aciago septiembre de 2008 y le preguntaron por qué no se había ido de Cobija hacia el Brasil, ya que cruzar el puente hacia Ciudad Branca, les costaría caminar unos 400 metros y ya. Leopoldo Fernández respondió que si hubiese traspasado la frontera, esa acción de libertad asumida, hubiese sido tomada en cuenta como una confesión y dando pie a que se teja toda una trama que reafirme la versión del estado de los hechos según la exégesis oficialista, sin que el hoy acusado, pudiese exponer su absolución. Pensó que podía demostrar su redención in situ. Hoy se lo condena sobrepasando los límites que establece la norma específica y no se le computan los cuatro años de detención domiciliaria.
Un lado de la moneda. El parágrafo II del artículo 8 de la CPE garantiza la libertad de los bolivianos: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”. En el Código Penal se menciona a la detención preventiva como un caso específico de descuento de pena. En los considerandos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1664 del 29 de agosto del 2014, se indica que el arresto domiciliario no debería constituirse en un castigo que esté fuera del marco judicial de la condena a pena privativa de libertad que fije un Juez. Entonces, no computar y descontar los cuatro años de detención domiciliaria que cumplió el ex prefecto de Pando, es vulnerar la Constitución Política del Estado. El fallo debe ser de estricta justicia, de estricto respeto a la libertad y a los valores supremos que fundamenta la actual CPE. El hecho, es una clara injusticia y vulneración a un derecho constitucional. En última instancia, el Juez de oficio que trató el caso antes de emitir fallo, debió consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional el descuento de pena de los cuatro años de detención domiciliaria.
El otro lado de la moneda. En Pando en septiembre de 2008, grupos de posiciones ideológicas encontradas, produjeron en ese departamento un movimiento definido como “sedicioso” ocasionando muertes entre contrarios desavenidos, en esa oportunidad Leopoldo Fernández era Prefecto. El delito de sedición es un alzamiento colectivo y violento que, según lo expuesto en el Código Penal, “Artículo 123 (Sedición).- Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar o de cualquier modo el orden público. Los funcionarios públicos que no hubiesen resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de uno a tres años”. Lo sucedido en aquel septiembre, se originaba en diversas motivaciones una de las cuales era la oposición a decisiones de autoridad departamental. El bien jurídico protector cuando se produce un acto de sedición es el orden constitucional, habiendo esta tipificación, sucede que un alto funcionario del Estado resulta privado de libertad 15 años por el hecho de haber dado estricto cumplimiento a la norma específica para fines de preservación del indicado orden constitucional y, causa extrañeza que no haya proceso a los autores de tal acto sedicioso, sino únicamente a aquella autoridad departamental que gozaba de un afianzamiento departamental, políticamente hablando, de la “oposición”. Hay dictamen condenatorio a otros..??
El aparato de la judicialización política consideró conveniente encausar al Prefecto de Pando y el proceso respectivo debió sustanciarse de conformidad a lo establecido en el Artículo 23-III de la Constitución Política del Estado, según el cual las personas sólo podrán ser privadas de su libertad con sujeción a las formas establecidas por ley. Esa cláusula constitucional tiene origen en la necesidad de evitar toda posible manipulación política de un juicio penal a fin de lograr que la tramitación pertinente sea plenamente imparcial. De ese precepto surge la doctrina del Juez Natural, que expresa que un litigio cuya naturaleza es propia de área determinada previamente, sólo deberá ser conocido y resuelto por quienes están calificados oficialmente para actuar en dicho ámbito. Esto no ha sucedido y se ha obrado según el objetivo político y no judicial. De acuerdo a lo expuesto en ese principio, el mencionado proceso debía sustanciarse a lo establecido en la Ley 2445 de 13 de marzo de 2003 entonces vigente para juzgamiento de autoridades del Poder Ejecutivo, entiéndase, Prefectos. Conocida esa modalidad como Juicio de Privilegio Constitucional, tiene como característica esencial el hecho de que para ese efecto el único Tribunal competente es el Tribunal Supremo de Justicia. Con clara infracción de la doctrina del Juez Natural, el proceso de referencia fue tramitado ante Jueces del Distrito de La Paz quienes, quebrantando las reglas de competencia, emitieron sentencia notoriamente injusta condenando a prisión a un crédulo de la ley y, de paso, lo sentencian por “homicidio mediato”, que figura jurídica es ésta, a qué léxico legal corresponde..??
Cara o Cruz. Es un juego de azar en el que se emplea una moneda, ganando quien acierte qué lado de la moneda caerá cara arriba. En este caso como en otros que se han sucedido y continúan sucediéndose, la moneda utilizada para aplicar la ley, metafóricamente, ambas tienen el mismo signo. La misma figura: un dedo inquisidor que señala a quienes plantearon hacen años, una nueva fórmula para el desarrollo: un proceso autonómico. En un país que vive un Estado de Derecho, donde se aplica la ley y se respetan los derechos humanos, los civiles y políticos, era posible plantear aquel sueño asumido como una pesadilla por el nuevo poder político con pretensiones hegemónicas, bajo cuya batuta el país sería en muy poco tiempo, cómo Suiza. Las cosas funcionarían como reloj: la pobreza habría desaparecido, no habría contrabando ni narcotráfico, habría menos inseguridad y mucho menos criminalidad, la salud sería gratuita y universal con las mejores infraestructuras y equipamiento, gozaríamos de una farmacopea “socialista” y la educación nos brindaría generaciones de inteligentes con la inteligencia desarrollada hasta niveles altamente competitivos bajo un nuevo sistema que daría envidia a los países escandinavos y bajos, tendríamos una industria del gas desarrollada y sus beneficios vendrían de la mano de un Pacto Fiscal democrático y dialogado bajo la égida de los consensos, nuestra naturaleza recibiría la más alta protección del Estado y nuestros recursos naturales renovables y no renovables se dispondrían según una dura lex, sed lex, la mujer, la niñez y la tercera edad estaría protegida, los valores y principios familiares y sociales fortalecidos por el ejemplo vivo de las máximas autoridades nacionales, la ex república sería un Estado nuevo, paradigma para la región, el continente y el mundo por aplicar sus principios ético morales de una sociedad plural que constitucionalizó el: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), en fin, estaríamos conducidos por la reserva moral de la humanidad.
Debiéramos ser una sociedad orgullosa de semejante transformación. Pero no, quienes osaron pensar diferente, fueron reducidos a la mínima expresión política, su planteamiento fue sepultado y se enseñoreo un poder que puso en el estrado judicial a los referentes de aquella máxima aspiración autonómica como una propuesta de equilibrios políticos en democracia, de acortar las diferencias de asignaciones presupuestarias bajo un modelo de planificación pública excelsa para un desarrollo armónico y equilibrado: hacer gestión pública para el desarrollo. Sin embargo, esta agobiante presión judicial del que penden los líderes políticos no afines al centralismo, no tienen más alternativa que la moneda de una misma cara. Siempre es sello o seco en ambas. Hasta aquí lo sucedido con aquellos líderes y otros que han sucumbido a las fauces del poder del cambio, son el ejemplo del arduo trabajo que debe hacer la clase política para revertir este estado de situación y devolverle a Bolivia el sitial de Estado Democrático y en Derecho. A una novel política como la Alcaldesa de El Alto, le inventaron males como para lincharla y casi lo consiguen..!!
En este contexto, no queda otro camino para la “oposición” que la empinada cuesta de hacer la tarea, como dice Jorge Lazarte: i) plantear una visión alternativa de poder y de país, ii) precisar un liderazgo que sea el portador de esta visión alternativa de país; iii) organizar una estructura con capacidad de movilización y soporte del liderazgo; iv) una estrategia ganadora, v) convencer al país que está en condiciones de gobernar. En otras palabras, quienes creen que forjarán una propuesta de futuro tienen que demostrar que no sólo pueden vencer electoralmente al MAS, sino que además son capaces de reemplazarlo. Por la lección recibida desde el 2006, debe entenderse que la garantía de gobernabilidad no son la Ley ni la Constitución. Aquí, la garantía de gobernabilidad será la capacidad que tenga el Gobierno, además de ganar las elecciones, de aguantar la presión de las calles y para ello debe convencer a todo un país o buena parte de él para crear un clima democrático muy difícil de construir, pero no imposible. Finalmente, me permitiré parafrasear a Jorge Lazarte: “ni retorno a lo peor del pasado ni persistir en el presente, lo que implica inventar un futuro”. Entonces busquemos una victoria profunda no sólo vacía y arrogante. Por esa Bolivia anhelada, políticos, sean conscientes de su porvenir y obren en consecuencia. La unidad política y social boliviana es hasta aquí, la única alternativa. No inventen discursos: Unidad..!!
por: Eduardo Claure

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