Oliva anuncia acciones legales y judiciales contra la ley del 8% de los municipios

El gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, ha comparecido hoy expresar su rechazo a la aprobación de la ley de transferencias directas del 8% de los recursos del departamento a los municipios de Tarija, sancionada ayer en medio de protestas y disturbios, y ha anunciado medidas constitucionales contra la norma y medidas judiciales contra los actores políticos que han aprobado e impulsado la ley.
«Vamos a trabajar y vamos a defender al Gobierno departamental planteando todas las acciones que correspondan y vamos a denunciar todas las irregularidades que se hayan cometido no solo en el ámbito constitucional impugnando esta norma sino también en otras instancias porque se han cometido una serie de irregularidades que están haciéndole mucho daño al departamento de Tarija», ha manifestado Oliva en una conferencia de prensa realizada en la Gobernación de Tarija.
El gobernador, quien ha estado acompañado del asesor general de la Gobernación José Luis Gandarillas, ha calificado la aprobación de la norma «como uno de los hechos más nefastos de la gestión» ya que, a su juicio, la norma busca «cercenar y descuartizar los recursos del departamento».
«Lamento que se haya impuesto la política y la consigna antes que la necesidad que hoy tiene el departamento de Tarija», ha destacado.
 

 
En este sentido, ha lamentado que «la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) esté enfocada en el reparto de los recursos, esté enfocada en retornar al pasado y no apoyar al departamento para seguir adelante».
«Aquí hay un Gobierno departamental y un gobernador que tiene muy claro el mandato para el cual ha sido electo, que llegó al Gobierno departamental para cambiar las cosas, que llegó para solucionar aquello que quedaba pendiente y resolver los problemas más importantes que hoy tenemos que enfrentar en un momento de escasez», ha subrayado.
Asimismo, ha manifestado que esta norma pone en riesgo los proyectos para dar solución al agua potable, los proyectos camineros como la carretera al Chaco o la carretera de Bermejo a San Antonio, así como otros proyectos como el hospital oncológico o las prestaciones del Seguro Universal Autónomo de Tarija (Susat). 
«Quiero ser muy claro, aquí hay un Gobierno departamental y un gobernador electo para defender al conjunto del departamento de Tarija. No vamos a permitir que la consigna política pueda más que los intereses del departamento, este tipo de acciones nos intentan dividir, intentan dividir al departamento e intentan enfrentar al departamento. no vamos a permitir que abran heridas que van a hacer muchísimo daño al departamento si se insiste en tratar de cercenar los recursos del departamento», ha reiterado.
El gobernador ha indicado además que la ley también va a fectar a los recursos que están asignados a la provincia Gran Chaco porque «de lo que se habla es de la totalidad de los recursos del departamento de Tarija.
Luego de dos jornadas de máxima tensión con huelgas de hambre, conflictos entre las autoridades, el pleno de la Asamblea aprobó ayer gracias a la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) y al apoyo de un legislador de la bancada indígena la norma que permitirá a ocho de los municipios del departamento (no están incluidos los tres municipios chaqueños) disponer directamente del 1% de los recursos departamentales.
El artículo 7 establece que la Gobernación debe realizar las transferencias de los recursos económicos comprometidos en los convenios intergubernativos e interinstitucionales vigentes, según los términos establecidos a favor de los Gobiernos municipales de San Lorenzo, El Puente, Yunchará, Uriondo, Entre Ríos, Padcaya, Bermejo y Cercado- Tarija, para cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Además se establece que si la Gobernación no transfiere los recursos económicos comprometidos, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar el débito automático, una situación que han demandado los alcaldes durante todo este tipo debido a la falta de transferencias de la Gobernación que se ha negado a transferirles recursos.
 

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