NUEVA LEY DE LA COCA, CIRCUITO COCA-COCAÍNA, RERERERELECCIÓN

Nadie desconoce las consecuencias destructoras de los estados y sociedades provocadas por la producción, consumo y comercialización de drogas ilegales. El informe 2016 de EE.UU. nuevamente establece la lista de los 22 países que son los mayores productores y zonas de tránsito de drogas del mundo que aparece en el informe es idéntica a la del año pasado 2015, y está compuesta por una mayoría de naciones latinoamericanas, además de cinco asiáticas: Afganistán, Birmania, India, Laos y Pakistán. La principal novedad del informe es la inclusión de Belice en la lista de los principales países de origen de sustancias químicas precursoras que se usan en la producción de narcóticos ilegales. La lista repite un año más Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela; también incluyen varios europeos como el Reino Unido, Alemania, Holanda y Bélgica; y asiáticos como Tailandia y China. Sin embargo, para la Junta Internacional de Fiscalización  de Estupefacientes (JIFE) las plantaciones de la hoja disminuyeron hasta 2015. Pero, a la misma organización declara que el consumo de pasta base de cocaína subió en Bolivia y otros dos países de la región. «El consumo de pasta base en la población en general no muestra unas tendencias claras a lo largo del tiempo. Argentina, Bolivia  y Chile son los países con mayor prevalencia del consumo de pasta base en el año anterior, con tasas de entre el 0,8% y el 2,2%”, señala el documento 2015.
La famosa Ley 1008, desde la década de los 80’ y fuertemente combatida por cocaleros, sus dirigentes, aliados y el propio presidente de sus 6 federaciones y del Estado Plurinacional, se mantuvo vigente hasta ahora, incluyendo los 11 años del reinado azul del MAS. Menos que antes, hoy, la nueva ley de la coca, no se la debatirá según funcionarios de gobierno y a su llegada de Cuba Morales la promulgará. Esta sincronía define que ingresamos a vivir el concepto denunciado por la revista brasilera “Veia” que el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia es un Estado de la Cocaína.
En el pasado banqueros, agro industriales, mineros y otros sectores de la economía boliviana presionaban para tener sus exenciones y otros privilegios como la participación política, hoy, los corporativos cocaleros, hacen lo suyo. Morales está supeditado más que nunca a este sector, que junto a los contrabandistas, cooperativistas mineros y otros, se adueñaron del proceso de cambio a su favor, pero esta vez, con mayor peso específico para las decisiones gubernamentales. Otrora, la influencia era tributaria, crediticia, de un par de embajadas y canalizaciones comerciales auspiciosas. Hoy la influencia es sobre una política débilmente aplicada en materia de control excedentario de superficies sembradas o productoras, de comercialización e interdicción de precursores, la hoja de coca comercializada bajo severas sospechas de molienda en las propias dependencias de los “controles sociales” de los productores como han denunciado varios medios en los pasados años respecto de los “taques de hoja molida y prensada” y finalmente sobre la pesquisa de fábricas ya no artesanales de elaboración de pasta base y cristalización, sino de mega fabricas industriales que se descubren y desmantelan, todas estas realidades ante el incremento de detenciones, crímenes relacionados y los descubrimientos de contrabando de armamento de los que nadie explica de cómo se suceden y hacia quienes está destinado o finalmente quienes son los responsables, nos demuestra que la “revolución democrática y cultural” o el “proceso de cambio” y el “carajo, vamos a gobernar 500 años” (Félix Cárdenas viceministro de descolonización Erbol 01,03,2017), nos pone en evidencia que la nueva ley sobre la coca, es el resultado de una estrategia envolvente que finalmente muestra que el poder se ha trasladado del Palacio Quemado a una región de la que emanan las directrices ideológicas políticas y partidarias que hacen del simbólico presidente de las seis federaciones, el personaje que encarna la nueva visión que de Bolivia tendrá el mundo.
Evo Morales ha expresado recientemente: «El único fracaso demostrable es el de los EEUU: Bolivia y Venezuela son Estados soberanos y no sumisos al imperio”, tal simpleza, pone en entredicho las luchas emprendidas por anteriores gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Banzer y Tuto Quiroga, quienes por erradicar la coca excedentaria de las zonas no tradicionales como una medida de gobierno soberano y para obtener el aprecio internacional y ofrecer una prueba de la firme decisión de luchar contra el narcotráfico obteniéndose así cooperación necesaria en tecnología y equipamiento para esta lucha y, si bien nunca se llegó a “coca cero”, los esfuerzos fueron significativos en sus resultados y el estigma de ser país productor y cada ciudadano un narco -cuando se pisaba un aeropuerto externo-, era un concepto controlado y cada vez más disminuido en su uso hacia los bolivianos en atención a la lucha declarada contra el narcotráfico. Ahora seguro volveremos a ingresar a las cámaras oscuras de vigilancia.
La aprobación de la nueva Ley de la Coca implica el  delito de abuso de autoridad en tanto quienes propiciaron y aprobaron dicha norma son una mayoría parlamentaria cocalera “productora” que, además dicha ley, es una norma contraria a la vigente CPE que únicamente reconoce como legal solo aquella destinada al pijcheo o acullico. El poder parlamentario, somete al resto de la población boliviana y parlamentaria que no está de acuerdo con las 22.000 has. permitidas en dicha norma, pues sabemos que sus articulados no dejan a dudar que se respetarán las Áreas Protegidas y Parques Nacionales, que ya han sido invadidos por huestes cocaleras desde hace un decenio. Eso de que pueden pagar impuesto de Bs. 50 por tonelada/productor es una burla, pues conceptualmente sería “validar” y “legalizar” lo excedentario, lo incontrolable del 93% que no pasa por el comercio legal o autorizado, además que dirán: “que los impuestos que pagamos vayan de vuelta en obras dirigidas a nuestros hermanos de las zonas productoras”.
En este contexto, noticias nada halagadoras en el equilibrio macroeconómico dicen que las exportaciones al Brasil a febrero de este año han bajado en un 42% con respecto al mismo periodo del pasado año. Las inversiones externas han disminuido sensiblemente y las manipulaciones del Presupuesto Nacional van de la mano de la discrecionalidad en la distribución a los gobiernos subnacionales, ya no se habla de procesos autonómicos, ni de sustanciar un Pacto Fiscal acorde lo demandan las realidades locales, la marejada de desastres naturales, la crisis de la gestión de los recursos naturales, el manoseo a los recursos privados de la AFP’s, el recargar las arcas municipales con nuevos bonos para un sector olvidado de la mano de Dios, el creciente descontento de organizaciones como salud, magisterio y la propia COB, no son buenas señales que vislumbren un panorama promisorio como cuando nos decían que “ya nomás casi somos como Suiza”. Los aires de suficiencia oficialista han disminuido una vez mostrados la opinión pública nacional convertidos en resultados del 21F que han provocado en el gobierno un recrudecimiento de sus acciones contra los partidos políticos y sus líderes, han volcado sin reservas el hostigamiento político judicial a quienes se atreven a asomar la cabeza, descargan ataques a los medios, comunicadores y periodistas que hacen su labor independiente, inauguran obras por doquier en una frenética campaña electoral que lleva 11 años, ininterrumpidamente.
Pero sin duda, que molesta al buen juicio ciudadano al pretender demostrar que son aún elegibles por siempre. Sus esfuerzos por delinquir transitando por encima de la Ley, al pretender que tienen la llave para la reelección “legal”, “legitima” y “democrática”, ponen en evidencia que sus aprestos no descansarán, pues saben que mañana, la aplicación de la ley, buscará responsabilidades en lo que ha sido el manejo de la cosa pública en la única e incomparable época bonancible que tuvo Bolivia desde su creación. Aquí habrá responsabilidades administrativas, ejecutivas y penales.
Lo lamentable en este contexto, es que la oposición brilla por insuficiencias organizativas, decisionales y propositivas para armar una estrategia acorde a la coyuntura. Timoratas apariciones de algunos “referentes” deslucen la esperanza que tiene que pueblo. El pueblo sin siglas, sin oficinas ni casas de campaña el 21F dio una lección democrática a quienes pretendieron “dar huasca a la oposición”, y no midieron que esa oposición era el pueblo organizados por encima de todo interés partidario o político ideológico. El pueblo consiente y cansado de tanta “verdad” oficialista y telenovela oficialista Triple XXX de por medio, dio un dictamen que sin mucha lectura leguleya, ni explicaciones sobre amorfos concepto jurídicos o constitucionalistas sobre leyes y normas, simplemente asintió su corazonada y su fría mirada juzgadora sobre una realidad incontrastable: Bolivia no había cambiado un ápice y no había que esperar nada de la clase política: había entonces qué, en medio de la tecnología comunicacional disponible, era posible construir un relacionamiento sin más rector o hilo conductor que la decisión transmitida en la “nube”, era suficiente ese vehículo intangible, para ejercer ciudadanía, derechos civiles y políticos. Mientras la clase política habitual, la de siempre, continúe ciega, sorda y muda y sin criterio de unidad y esperando que “serán los elegidos”, tengan por seguro que las posibilidades de sustanciar una alternativa programática y de liderazgos demorará tanto que, proclives a “arreglos” puedan extraviarse en los sinsentidos político ideológicos que lleve al despeñadero al esfuerzo del 21F. Solo faltan dos años y no podrán echar culpas a la desglobalización en marcha o la nueva izquierda latinoamericana revisionista, serán responsables de su incapacidad, nada más. Así de simple.
por: Eduardo Claure

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