EEUU ve arremetida del Gobierno contra medios y observa proceso contra Doria Medina

El informe anual sobre Derechos Humanos (DDHH) de Estados Unidos 2016, alerta sobre la vulneración a la libertad de expresión por el Gobierno boliviano; además advierte la existencia de irregularidades en una serie de procesos judiciales como el juicio contra Samuel Doria Medina.
El informe destaca que la administración de Evo Morales «ataca constantemente a los periodistas y a distintos medios de comunicación acusándolos de ser conspiradores y difusores de mentiras» sin presentar prueba alguna. Observa «la poca transparencia en el uso de recursos gubernamentales» destinados para pautas publicitarias solo en algunos medios, discriminando a otros.
«El gobierno de Morales ha arremetido reiteradamente contra periodistas, acusándolos —a menudo sin presentar pruebas— de difundir mentiras y de distorsionar la realidad con intenciones políticas. El gobierno ha acusado reiteradamente a medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el Presidente Morales», dice el informe.
Precisa que cuando el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión, se refirió a que los medios no debieran ser discriminados por su posición crítica, el presidente Morales le tildó de formar parte de un «cártel de la mentira».
Respecto al ámbito judicial señala que en Bolivia persiste la impunidad de delitos y violación a los derechos humanos, alegando que la justicia boliviana se vio afectada por la corrupción, la mora procesal y la interferencia política, aspectos que atentan a la independencia judicial.
Refiere que, según informes como de la Defensoría del Pueblo, hubo violaciones a la detención del abogado Eduardo León, denunciado con la exnovia del presidente Morales, Gabriela Zapata, de presentar un niño y hacerlo pasar como hijo del Mandatario. Sobre la mujer señala que su detención por el Ministerio de Gobierno fue en circunstancias poco claras, según señala el diario Página Siete.
En otro punto, establece que el proceso contra el empresario Samuel Doria Medina por el denominado caso Focas es contrario a las normas internacionales de los derechos humanos, porque la acusación se remite a presuntas irregularidades que se hubiera cometido en 1992. «Las normas internacionales de derechos humanos prohíben la aplicación retroactiva de leyes penales, a menos que esto beneficie el acusado», sostiene.
Asimismo, sobre la retardación de justicia respecto al proceso denominado «masacre de Porvenir» del 2008 en la que murieron varias personas y los autores de estos hechos continúan impunes; menciona que acusados como el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros, fueron procesados durante varios años pero que a la fecha no tienen sentencia.
En otro aspecto, en el informe se denuncia que varios defensores de derechos humanos continúan sufriendo acoso, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, situación que limita el trabajo independiente, y lamenta la intromisión del Gobierno en las actividades de las ONG.
Observan que las autoridades tampoco han investigado exhaustivamente presuntos abusos cometidos en 2011 por policías contra manifestantes que se oponían a la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (conocido como “TIPNIS”). Ni la muerte, a manos de policías, de dos ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en 2009, a quienes el gobierno acusó de ser mercenarios involucrados en una conspiración separatista, dice el reporte. (ANF)

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