El asesor legal del Gobierno Municipal de Tarija, Heby Ponce, ha informado que el día viernes se ha reaperturado un juicio contra el exalcalde de Cercado, Oscar Montes, y por el momento debe declarar de donde y cómo ha logrado todos los bienes que tiene, ante un supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
«El viernes en horas de la tarde se nos ha notificado de manera oficial, de que unos procesos que prácticamente se lo tenía concluido con una prescripción a favor, se han revertido ahora, el proceso va a tener continuidad sin lugar a excepciones donde tendrá ahora que demostrar el licenciado (Oscar) Montes de donde han provenido todos esos bienes que ostenta», ha mencionado.
En este sentido, Ponce ha explicado que da a entender que el Tribunal de Justicia no correspondía la prescripción y no corresponde en los casos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por lo que se extienden las pruebas para aclarar este caso.
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«Entender que el máximo Tribunal de Justicia no correspondía la prescripción y no corresponde en los casos de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz entonces hay la inversión de la prueba ahora el tiene que demostrar de cómo ha adquirido esos bienes, no lo ha hecho hasta el momento y menos lo va a hacer en el juicio porque cada etapa tiene su momento, el tenía que demostrar otros ingresos extras porque sus sueldos de 15 años, más sus aguinaldos y los sueldos de su mujer no le alcanzan para cubrir los bienes que el ostenta«, ha mencionado.
El juicio por presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito en contra del ex alcalde Óscar Montes y su esposa, la concejal Ruth Ponce, será reabierto luego de que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental (TDJ) declaró procedente la apelación incidental interpuesta por el Vice Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Ministerio Público y el Gobierno Municipal de Tarija, quedando así nula la declaración de prescripción dictada tiempo atrás, sin posibilidad de que se plantee un recurso ulterior que frene la continuidad del proceso.
Hace aproximadamente ocho meses atrás los aludidos enfrentaron un juicio por este caso impulsado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dependiente del Gobierno, que realizó un análisis de las finanzas de ambos coimputados desde el año 2000 al 2010. En ese entonces Montes era alcalde y Ponce fiscal de materia, y se tiene que, presuntamente, incurren en el ilícito al haber en su calidad de funcionarios públicos, logrado poseer inmuebles y bienes que no estaban acorde a sus ingresos económicos.
