El asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla anunció que presentará en las próximas horas una denuncia formal ante el Ministerio Público, en contra del secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Gobernación, Yamil García y en contra del director de Transparencia, Waldo Tarifa, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, debido a que no se querellaron en el caso del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), en la denuncia presentada en contra del exdirector de la institución caminera, Omar Molina.
El legislador recordó que presentó una denuncia en contra del exdirector del Sedeca, por presunta malversación de más de medio millón de bolivianos, por daño económico, en la compra de cemento asfáltico para la carretera Santa Ana-Yesera, cuando la obra ya estaba concluida, proceso por el cuál la exautoridad en la actualidad se encuentra con detención domiciliaria.
Mancilla dijo que extraña que la Gobernación, mediante la secretaria de Justicia o la dirección de Transparencia no haya coadyuvado en la investigación y que nunca se pusieron como parte querellante. Explicó que cuando se presentó la denuncia contra Molina, en primera instancia el Ministerio Público rechazó la denuncia, pero la gobernación no objetó la resolución de rechazo a favor de Omar Molina.
“Se hicieron los locos, se hicieron los opas”, dijo el asambleísta departamental a momento de reiterar que la gobernación debería estar querellarse como víctima. Mencionó que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz dice que tienen la obligación de constituirse en parte querellante, como víctima, la máxima autoridad ejecutiva. La secretaria debería objetar todos los rechazos del Ministerio Público, pero no hicieron ese trabajo.
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Con esa explicación Mancilla dijo que formulará la denuncia ante la Fiscalía, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, en contra de Yamil García y Waldo Tarifa, para que se investigue responsabilidades. En caso de incumplimiento la norma establece la privación de libertad de uno a cuatro años.
Yamil García señaló que dentro de los antecedentes del proceso, la Fiscalía y el órgano judicial establecieron que la representación de la presunta víctima esté a cargo de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), debido a que el gobernador, Adrián Oliva, estaba investigado en el mismo proceso y la asamblea es parte del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
La autoridad de la gobernación dijo que con esta observación, Mancilla también esta cuestionando a la presidenta del ente legislativo, por no realizar tales acciones.
Expresó que se trata de un proceso que se encuentra en investigación y que se encuentra en la etapa preparatoria.
Sobre las observaciones de Ervin Mancilla, dijo “no tiene ninguna relevancia jurídica la observación de Mancilla”.
Legislador denuncia plan de desprestigio y persecución jurídica
Ervin Mancilla indicó que después de una larga fiscalización logró identificar un “plan de desprestigio de muerte civil” por parte de la gobernación a personas o autoridades que hayan denunciado hechos de corrupción dentro de la gestión de Adrián Oliva.
Denunció que una coordinación, entre la parte legal, la secretaria de Justicia, la dirección de Transparencia y la dirección de comunicación, aplican el plan. Explicó que cualquier persona que denunciará hechos de corrupción, es perseguido con el Ministerio Público. Mencionó el caso del dirigente campesino, Andrés Meriles, la denuncia contra la dirigente campesina, Marcela Guerrero, contra Santos Valdez, Eider Quiroga, el exdirector de Infraestructura, Eduardo Miranda, e incluso en contra del legislador.
“Un montón de autoridades que han sido perseguidos en instancias judiciales por Yamil García” y que fueron ayudados por la dirección de Comunicación.
Señaló que muchas de las denuncias presentadas por la gobernación fueron rechazadas por el Ministerio Público y que sólo tenían el objetivo de desprestigiar a una persona o darle una muerte civil. Al respecto, Yamil García expresó que independientemente de la autoridad que se trate, todas las acciones judiciales, se presentaron en los casos que correspondan.
“Lamentamos que una autoridad que tiene obligación de legislar se ocupe de especular. Es un criterio que a nivel legal no tiene ninguna base, crece de importancia para los asuntos jurídicos de la gobernación”, agregó.
