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¿OTRA FLAMANTE LEY MÁS?

martes, 7 mayo 2019 - 06:00 AM - Arturo Yanez Cortés
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Precedido del denigrante y vergonzoso llunkherio del Presidente del Tribunal Supremo, esta vez hacia su correligionario a cargo del Min Justicia, “brillante” en su ovejuno criterio, el régimen acaba de promulgar una flamante Ley, denominada: “Abreviación Procesal Penal y de Protección a la Niñez, Adolescencia y a las Mujeres”, destinada -según esos discursos- a revolucionar el deplorable estado de la justicia penal boliviana. !!!Ojalá!!!

Sus principales notas pretenden simplificar las notificaciones usando medios digitales; limitar la detención preventiva; afianzar la oralidad; imprimir celeridad a las causas; implementar la Oficina Gestora de Procesos y fortalecer la Ley 348 contra violencia a las mujeres. Muy buenas intenciones, por cierto, aunque… de ellas está repleto el camino al infierno.

Es que recuerdo haber ya escuchado prácticamente los mismos discursos, por ejemplo en ocasión de otras obras del régimen, como la Ley No. 007 de Modificaciones al Sistema Penal (2010) o la No. 586 para el Descongestionamiento y Efectivización del mismo sistema (2014), las que en general, han sido un fracaso; prueba de ello resulta esta “nueva” ley,  para lo mismo.

Aplaudo que el régimen intente hacer algo por el estado del sistema penal, absolutamente desquiciado -para quedar educadito- precisamente por obra de: a) sus contra reformas, absolutamente regresivas (Ley 04, entre otras); b) sus operadores, disfrazados de Magistrados, Jueces, Fiscales y Policías (salvando excepciones, que aún sobreviven); y, c) la demolición –so pretexto de cambio o revolución (léase robolución)- de la débil institucionalidad heredada de “los neoliberales”, traducida fundamentalmente en la hoy inexistente separación de poderes; la prostitución de las instituciones por su jefazo y Cía; la anomía institucional; la narcopolítica, etc  (sin pretensión de exhaustividad).

¿Realmente una ley como esa, podría revolucionar el estado del sistema penal? Ojala fuera sí, pero más allá que el diagnóstico de su funcionamiento se acerque a lo que ocurre, el Fiscal General por ejemplo identificó a la retardación, el hacinamiento carcelario y la subsistencia de un sistema inquisitivo en la persecución penal; para decir lo menos, constituye un acto de ilusionismo  y demagogia jurídica, propio del populismo penal, asegurar que una ley –por muy buena que podría ser, si fuera el caso- pueda logar semejante propósito, especialmente porque el actual desastre supera y con mucho, las capacidades de lo normativo, incluyendo –de lograrse- las cuestiones administrativas que la flamante ley prevé.

El régimen y en menor medida los gobiernos anteriores, fueron campeones en hacer leyes para todo y para nada. Es fácil venderle al soberano la ilusión de flamantes Leyes y hasta Constituciones para solucionar o revolucionar tal o cual cosa; empero, somos exactamente lo contrario para implementarlas. Ej: ¿La Ley contra la corrupción o contra la violencia familiar se implementó? (¿Y sirvió?, aunque esa es coca de otro khathu…).

Tratándose del sistema penal, que es la más fea de la película por sus devastadores efectos para la libertad y dignidad del ser humano al afectar sus DDHH, cualquier reforma que no esté condenada al fracaso debe empezar por lo esencial: su estructura. Mientras no se cambie la estructura actual del estado, en la que no existe separación de poderes ya que el Judicial sólo atawathos a su jefazo (salvo excepciones); la Fiscalía no es objetiva cuando se trata de intereses oficialistas y la Policía (se declaró parte del proceso de cambio y se dedica a bussines nada sanctos), ninguna ley por mucho que sea producto de la “brillantez” de algún iluminado, podrá gravitar favorablemente en el sistema, pues ellos lo operan. Así las cosas, el régimen es parte del problema y no de la solución. “Un demagogo es aquél que predica doctrinas que sabe que son falsas, a personas que sabe son idiotas “. H.L. MENCKEN            

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