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Tribunal de las Mujeres responsabiliza al Estado de Bolivia por impunidad en feminicidios

Tribunal de las Mujeres responsabiliza al Estado de Bolivia por impunidad en feminicidios
Jueves, 29 noviembre 2018 - 23:18 PM - Agencias
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La tercera sesión del Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad responsabilizó al Estado de Bolivia y su Sistema Judicial por la impunidad en los múltiples casos de feminicidio que existen en el país.

“Con la facultad reconocida por la CPE (Art. 241 y 242) haciendo uso efectivo del control social, impone una sanción moral y social en contra del Estado Plurinacional de Bolivia en su Órgano Judicial por haber permitido la vulneración de derechos de por parte de sus operadores de justicia”, indica el documento de sentencia sobre el caso del feminicidio de Isabel Pilco, según un comunicado de prensa.

El brazo operativo del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres conocido como Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad tuvo su tercera sesión este jueves 29 de noviembre con la presencia de diferentes organizaciones de mujeres.

La anulación de varias pruebas que incluyen la propia declaración de la víctima y el informe del médico forense emitido por el perito del IDIF, la dilación de inspecciones oculares y audiencias, además del acoso y hostigamiento a los familiares de la víctima como también la represión a las activistas que daban seguimiento a este caso, figuran entre los 11 puntos de la resolución en el marco del ejercicio efectivo del control social – establecido en la Constitución

Política del Estado (CPE)- sobre una de las problemáticas más graves que se vive en Bolivia: la violencia contra las mujeres.

La abogada Audalia Zurita, quien también estuvo presente junto al padre de María Isabel, Víctor Pillco, adelantó que se encuentran a la espera de que el caso vuelva a foja cero para reiniciar el juicio que se encuentra en la sala penal cuarta del Tribunal Departamental de Justicia.

Según explica Zurita, ya se realizó la audiencia de fundamentación del recurso de apelación presentado y se encuentran a la espera del sorteo para que los vocales se pronuncien.

El pasado año 2017, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de La Paz conformado por los jueces técnicos José Quiroga e Iván Perales absolvió a Vizcarra rechazando todas las pruebas presentadas pero además insinuaron que la víctima había sido golpeada en una fiesta, el juicio tuvo muchos testimonios que mellaban la dignidad de la víctima apelando a arquetipos conservadores y patriarcales sobre su accionar y su vida privada.

“Este caso evidencia toda la estructura patriarcal que tenemos en el sistema judicial que no toma en cuenta las historias de violencias de las víctimas de feminicidio en un sistema que tiene todo su andamiaje institucional induciendo a las víctimas a la conciliación”, comentaba, Patricia Brañez, una de las veedoras invitadas.

Brañez denunció que existe todo un sistema cómplice de los agresores que es ineficiente para las mujeres y muestra un tráfico de influencias con sesgos de géneros en todas sus instancias.

El Tribunal conformado por Sonia Montaño, socióloga feminista, Freddy Huaraz, especialista en género y Ximena Galarza, y periodista, sesionó por tercera vez abogando por el respeto hacia las mujeres.

También estuvieron presentes como veedoras María Eugenia Rojas, representante de la Red Latinoamericana por la Democracia,  Fanny Nina,  lidereza del Municipio de El Alto,  Marcela Molina, representante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Mónica Paye, concejala de Pacajes, Lola Gutiérrez, representante del Colectivo Territorio Feminista, y Patricia Brañez,  representante de CLADEM en Bolivia.

“El tribunal se ha constituido en uno de los pocos espacios de denuncia pública sobre la impunidad y la injusticia que hay en Bolivia. Para nosotros es un tema vital poder contribuir a que este tribunal sesione por tercera vez considerando que no ha habido avances en este caso que es emblemático porque representa todos los hechos de violencia contra la mujer que siguen en procesos judiciales sin sentencia”, señaló la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui, que también fue parte del espacio que busca potenciar la articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) además de la exigibilidad de Derechos Humanos de las mujeres.

La sentencia del Tribunal de las Mujeres Contra la Impunidad interpela al Estado y a la Sociedad Civil para eliminar toda formad e violencia contra las mujeres y las niñas en Bolivia.

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