mm
PAREMIOLOCOGI@

DE INDULTOS Y AMNISTÍAS…

Lunes, 1 octubre 2018 - 07:18 AM - Arturo Yanez Cortés
WhatsApp Email

Me han preguntado sí la amnistía sorpresivamente sacada del chullu plurinacional en favor de los ex Presidentes Mesa y Quiroga (antes declarados delincuentes confesos) por el Presidente, constituye una medida legal. No sólo es legal, sino constitucional, si nos atenemos al art. 172. 14 (atribuciones), cursa el decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Desde ese punto de vista, nadie podría dudar que, competencialmente, el Presidente tiene esa facultad.

Otra cosa es, sostengo, sí huimos quedarnos sólo en ese árbol –competencia- y nos adentramos hacia el bosque constitucional. Para empezar, a ningún observador le pasara desapercibido que, a la luz del principio de separación de poderes u órganos (el art. 12.I de la misma CPE, lo consagra) resulta sumamente discutible que la cabeza del órgano ejecutivo, así sea con la aquiescencia del legislativo, borre con el codo lo que la mano de otro órgano, independiente dice el papel, haya hecho o esté haciendo. ¿Acaso el Presidente está por encima del Judicial, para con su voluntad borrar penas –indulto- o dejar sin efecto procesos penales –vía amnistía-?

Más aún cuando el art. 179 de la misma CPE señala que la función judicial es única. Si así efectivamente fuera, no es aconsejable que la cabeza del ejecutivo, desconozca aquél principio de unicidad y le meta no más un indulto o amnistía en contra de lo que aquél órgano, bien o mal, hizo o estaba haciendo. Peor aún, cuando el art. 112.III de la misma CPE, prohíbe que las funciones de los órganos públicos sean reunidas en un solo órgano o delegadas entre sí. Además, su art. 121.II permite a la víctima ser oída antes de cada decisión judicial. En el caso que nos ocupa: ¿Quién es la víctima de los supuestos delitos? ¿Fue oída antes del cierre de esos casos?

Tratándose del indulto o de la amnistía, queda claro que el ius puniendi competencialmente encargado al Judicial incluso bajo la categoría de la unicidad, se delega o peor, concentra en la cabeza del ejecutivo y, aunque bajo la condición de la aprobación legislativa, se produce una inocultable concentración de poderes, en favor del ejecutivo y, por tanto, reñida con elementales entendimientos democráticos.

Incluso, el Sistema Interamericano de DDHH, a través de su doctrina y jurisprudencia –vinculante para Bolivia- tiene una sostenida línea que cuestiona las amnistías o indultos, puesto que resultan incompatibles con el art. 25 de la CADH (protección judicial) impidiendo usualmente a las víctimas o sus familiares acceder a su derecho humano a la verdad (de lo acaecido), debiendo quedar circunscritas sólo a delitos políticos o comunes conexos a éstos.

Así las cosas, sin obviar la competencia que la cabeza del ejecutivo ostenta constitucionalmente para decretarlos, aún bajo el barniz de la aprobación legislativa (que en la actual Bolivia es un mero trámite de levantamiento de manos), el decretar amnistía o indulto presidencial no es una medida recomendable en términos democráticos ya que  vulnera la separación o independencia de poderes u órganos, enrareciendo el clima democrático que debiera prevalecer, si se tratara de un genuino sistema de aquella naturaleza. Será constitucional, pero aun así, no es recomendable ejercerla.

Es una medida típica de la “doctrina Morales” del meterle no más, aunque esta vez, no es ilegal sino hasta constitucional, pero es altamente discutible tratándose de entendimientos afines con lo democrático, en los que más allá de cuestiones meramente competenciales de forma, debiera prevalecer la esencia de la separación de poderes: “La independencia de poderes es el último valladar que asegura que nadie pueda arrogarse ser un dios entre los hombres y definir nuestros destinos como si fuéramos hormigas”. Garret EDWARDS

MÁS DEL AUTOR
LO MÁS VISTO