MAGDA LIDIA CALVIMONTES CALVIMONTES CONFORME LEY: DOS SON LOS BENEFICIARIOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA
Miércoles, 29 agosto 2018 - 07:13 AM - La Voz de Tarija
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La Constitución Política del Estado establece que todos los bolivianos y bolivianos tenemos  derecho a la alimentación, por ello el Estado en sus diferentes niveles tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población (Artículo 16 de la CPE) y dispone que las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana (artículo 67.I de la CPE). De igual manera señala que las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por cuenta propia (…) gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción (Artículo 47 de la CPE).

En el marco de esos mandatos constitucionales se promulga la Ley N° 72 de 15 de febrero de 2013 y en sus artículos 1 y 2 disponen que la Canasta Alimentaria para la Tercera Edad por una Calidad de Vida Digna consiste en la entrega mensual de alimentos nutricionales producidos en la Región.

Esto implica, que dos son los beneficiarios de la Ley Departamental N° 72: el sector de los adultos mayores y el sector productivo de alimentos del departamento, pero desde la vigencia de la Ley Departamental N° 72, han transcurrido cinco años, y no se cumplió:

  1. a)Ni la entrega mensual de los alimentos.
  2. b)Ni la entrega de alimentos producidos en el Departamento.
  3. c)Ni la entrega de alimentos nutricionales
  4. d)Ni la igualdad en los montos de la canasta alimentaria en las subgobernaciones.
  5. e)Se interpretó, el concepto de “entrega” por “licitar”
  6. f)Se desconoció al segundo beneficiario, que son los productores de alimentos.
  7. g)Se contrató solo por el total beneficiando a distribuidores.

Al realizar estos análisis, el Gobernador Adrían Oliva, decidió dar cumplimiento a la Ley Departamental N° 72 y puso en vigencia el Decreto Departamental N° 30/2017, que fue tildado de centralista, de ir contra los derechos humanos de adultos mayores, de vulnerar su “jerarquía”, y se injurio que el objeto era obtener “coimas”; cuando lo único que se pretendía era dar estricto cumplimiento a la Ley.

Una autoridad electa pero sin cualidad gubernativa interpuso una acción de cumplimiento, logrando que el Juez le dé la tutela, mediante Resolución del 12 de septiembre haciendo inaplicable el Decreto Departamental N° 30/2017, razón por la que la Ley Departamental N° 231 denominada “Ley del Plan Operativo Anual y Presupuesto del Gobierno de 14 de septiembre, dispone en el Presupuesto 2018, que “el Programa de la Canasta Alimentaria para las personas de la Tercera Edad instituido en la Ley Departamental N° 072, será presupuestado y ejecutado por las subgobernaciones del Departamento”, disposición normativa que vulnera el principio de separación de órganos (artículo 12 de la CPE y artículo 44 del EADT), porque ellos no pueden decidir cómo se organiza internamente el órgano ejecutivo (Declaración Constitucional N° 9/2014).

Pero en virtud que la Resolución del 12 de septiembre de 2017, no del artículo 8 de la Ley Departamental 231, que da tutela al demandante, el Gobernador da cumplimiento a la misma porque tiene carácter vinculante y cumplimiento obligatorio (artículo 203 de la CPE), suspendiendo de inmediato la aplicación del Decreto Departamental N° 30/2017, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 1113/2017-S3 revocó la Resolución del Juez y DENEGO LA TUTELA SOLICITADA, señalando que la máxima autoridad ejecutiva del departamento NO INCUMPLIO NINGUNA NORMATIVA.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Departamental N° 72 y a la demanda de los productores de los alimentos producidos en el Departamento, quienes exigieron el cumplimiento de la Ley por más de dos gestiones, se dictan los Decretos Departamentales N° 19 y 26, donde se dispuso que los segundos beneficiarios de la Ley, sean parte de la firma del acta para consensuar los productos de las canastas con los adultos mayores para fomentar la producción y el consumo de los productos alimenticios nutricionales producidos en el Departamento, debían promover la participación de éstos, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 80.III del Decreto Departamental Supremo N° 181, que es la contratación de alimentos nutricionales por ítem o lotes, lo que permite que los productores del Departamento puedan presentarse a los procesos de contratación.

Al considerarse los subgobernadores “autoridades jerárquicas” por haber sido electas pese a los establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Declaración Constitucional N° 009/2014 que no tienen cualidad gubernativa, que tienen dependencia lineal del gobernador (artículo 86 del Estatuto Autonómico Departamental) quien les delega sus funciones (artículo 37 de la Ley Departamental N° 129) por ser la única máxima autoridad ejecutiva (artículo 279 de la CPE), sólo un subgobernador cumplió el 100 % de la Ley Departamental N° 72 y los Decretos, quien se reunió con los productores y con los adultos mayores, firmaron el acta de consenso y contrató por ítems, lo que permitió que a la fecha productores de su municipio y resto del departamento se presentaran y a la fecha ya firmaran contrato, pese haber subido una primer convocatoria por el total, que la declaró desierta para cumplir con la Ley Departamental N° 72 y los decretos.

Los demás incumplieron los decretos, algunos no suscribieron las actas con los segundos beneficiarios de la Ley Departamental N° 79 o la contratación por lotes o contrataron por el total beneficiando a distribuidores y en los documentos base de contratación pusieron requisitos de imposible cumplimiento, lo que no permitió que ningún productor del departamento ni de sus municipios se puedan presentar en los procesos de contratación.

Entonces que queda ??? continuar así ????. Ojala que por el bien de los adultos mayores, los productores de alimentos del Departamento, ambos beneficiarios directos de la Ley Departamental N° 72 y para que los recursos de los tarijeños se queden en el Departamento, se dé una real y definitiva salida al incumplimiento de la Ley y de los Decretos de la MAE del Gobierno Autónomo Departamental garantizando la entrega oportuna de los alimentos nutricionales producidos en el Departamento, sin que ello genere manipulación política por quienes no fueron electos como Gobernadores.

por: Magda Lidia Calvimontes Calvimontes

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