EDUARDO CLAURE BOLIVIA Y SU GOBIERNO CENTRALISTA CON AUTONOMÍAS, A 24 AÑOS DE LA LEY 1551
Miércoles, 25 abril 2018 - 07:10 AM - La Voz de Tarija
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Desde la aplicación de la Ley 1551 de Participación Popular, 20 de abril de 1994, hasta el presente (24 años) hubo hechos de retroceso en el supuesto “avance” de la descentralización proclamada en los ámbitos cívicos desde la década de los 50’, fundamentalmente porque estamos viviendo un proceso fuertemente centralizador, obviamente, sin llegar a las autonomías, tal como reza la CPE; no se ha gestado un proceso nuevo, eficiente y tanto menos de eficacia de una pretendida descentralización profundizada y por supuesto nada autonómica. La Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, que consolidaría el régimen autonómico en Bolivia, más allá de la mera aprobación de la Ley de Autonomías, terminó siendo un proceso con un conjunto de restricciones de orden competencial y no de generación o redistribución de recursos. La autonomía en el ámbito gubernamental, con soporte territorial, se generó con el proceso de la Ley de Participación Popular el año 1994,  ese el antecedente en términos de autonomía más importante, históricamente; sin embargo, ese proceso previo -de la participación popular- en este transcurso, se estancó, se diluyó o se difuminó como Política de Estado.

Antes de 2010, cuando se promulga la ley de Autonomías, ya había autonomías sólo en el ámbito municipal, una autonomía limitada y subordinada, que no ha cambiado para nada. Por  esa razón los municipios en el proceso de reforma constitucional de los años 2007-2008 reivindicaron la autonomía plena. Esa era la bandera de los municipios, entonces la referencia para comprender el proceso actual de la Ley de Autonomías está ligada al proceso de aprobación de la Ley de Participación Popular No. 1551. Sin lugar a dudas la gran transformación de nuestro país ha sido generada  a partir de la aprobación de esta ley, y lo que se llamó municipalización del Estado boliviano y en su momento estigmatizada como “la ley maldita”, sin embargo, esta ley hizo que el Estado llegue a todo el territorio nacional, la población se organice y genere gobiernos que invierten recursos económicos en sus territorios, un avance importante en la descentralización. Este proceso de  1994 a  2018 tuvo conquistas y errores pero también aciertos muy importantes. La principal transformación del último siglo en Bolivia es  la Ley de Participación Popular, la gran revolución pacífica, aplicada, trasnformadora y vigente.

Si con el proceso de la participación popular hubo avances importantes para la descentralización del Estado, ¿qué pasa con el proceso autonómico abanderado por el presidente Evo Morales en 2008 como respuesta a la demanda de autonomía de la denominada “media luna”? Contrastando con la participación popular,  la ley de Autonomías es un proceso  contradictorio y sin grandes mecanismos de avance descentralizador, sino, más bien, un freno en seco al proceso autonómico, porque estamos viviendo un proceso de un centralismo secante y perverso. Autonómicamente hablando, Bolivia vive un gobierno nacional centralista, entonces nuestro avance actual es esmirriado y complejo frente a un proceso anterior como fue la Ley 1551. Comparativamente y cómo proceso, el primero fue fructífero, enriquecedor,  de aprendizajes, de avances y de transformación del país, motivador del desarrollo local y, el otro, el actual “con autonomías”, complejo, a tientas, incierto, con contradicciones, sin claridad en sus propuestas y sin asignación de recursos según competencias, es decir, de un estancamiento a todas luces centralizador y de retroceso a lo hecho por la Ley 1551.

En el último trienio, la autonomía no fue una bandera propia del Gobierno sino de comités cívicos (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), de determinados intelectuales, el apoyo de la cooperación, ONG’s y algunos liderazgos políticos. Fueron los prolegómenos a finales de los 80’ cuando desde las principales capitales se escuchaban voces como “descentralización ya”; “descentralización desde abajo”; “comunidad pequeño municipio” y otras voces propositivas que desbordaron, posteriormente, el ámbito cívico para ser parte de la agenda política mediática de aquella larga coyuntura que culminó el 20 de abril de 1994 con la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular.  Aún de la vigente CPE, el nivel central no es el abanderado de los procesos autonómicos, a pesar que la misma define a nuestro país como “plurinacional y con autonomías”, muy por el contrario es un gobierno centralizador porque todas sus acciones están orientadas en ese sentido, doró la píldora  creando un Ministerio de Autonomías absolutamente contradictorio pues el tema autonómico no podría estar dirigido por un ministerio. Las regiones propusieron crear un Consejo Nacional Autonómico que  el Presidente no lo aceptó y  creó ese ministerio, que luego fue fondeado siendo eliminado como cartera de Estado y convertido  en viceministerio como un acto político que ninguneó al incipiente proceso autonómico.

Tres temas que han matado a las autonomías: 1)la acción política del gobierno central para no encarar las autonomías, fue el mal funcionamiento del Consejo Nacional de Autonomías que según la Ley de Autonomías  debía sesionar  dos veces por año como mínimo desde el año 2010, pero esa instancia prácticamente estuvo sin funcionamiento hasta el año 2015, cuando recién comienza a moverse y logró apenas algunas sesiones en un ámbito intrascendente en un proceso de autonomías que debió ser la fortaleza del desarrollo local y nacional; 2)el Pacto Fiscal, es otra de las tareas que nunca avanzó en términos formales con la organización de  comisiones, etapas y debates de organización y redistribución de recursos por fuentes y según asignaciones competenciales; 3)el sistema asociativo municipal nacional quedó subordinado al nivel central no autonomista, alentando un proceso estancado: por ejemplo, la reciente  transferencia de competencias del Gobierno central a los gobiernos municipales que ya tienen partidas presupuestarias asignadas previamente, cómo la competencia de controlar la venta de  ropa usada a municipios sin recursos, sin proceso previo de censo de comerciantes de prendería usada es precisamente hacer lo que se hacía antes y lo mismo sucede  con el bono a los discapacitados, que debe ser pagado por las alcaldías, que no recibirán asignaciones económicas frescas. En este contexto,  todas las leyes producidas en el nuevo Estado Plurinacional y con Autonomías, definitivamente son una multitud de leyes que vulneran la autonomía, son centralistas y no consideran ni respetan el proceso descentralizador y vulneran la misma Constitución en varios sentidos. Entonces normativamente no hemos avanzado y la legislación que están produciendo las entidades territoriales autónomas no es significativamente importante hacia una conducción autonómica. Para rematar la cosa: el contenido de los Estatutos Autonómicos Departamentales, Cartas Orgánicas Municipales y Estatutos Indígenas son definitivamente intrascendentes y  no ayudan  a profundizar el o los procesos autonómicos originalmente pensados, propuestos y trabajados en los años 90’s y parte de los años del decenio 2000.

Estas tres acciones políticas, terminaron por sepultar el proceso autonómico, amén de las acciones de la persecución y judicialización política a diversos referentes autonomistas que enlodó un proceso de clamor nacional que pudo tener otros resultados y sin duda, el país, se encontraría en otro nivel de desarrollo departamental, local e indígena originario campesino. Hoy, los procesos de crecimiento urbano de las ciudades capitales y ciudades intermedias, claman por tener un escenario territorial con servicios urbanos bajo planes de desarrollo local debida e inteligentemente propuestos, sin embargo la otra cara de la medalla es un crecimiento inusitado e incontrolado fruto de las migraciones rurales-urbanas y urbana-urbana, que asfixian  los hoy amenazados centros urbanos que no dan abasto con la provisión de servicios básicos y servicios instituciones locales, un transporte público caótico, la seguridad ciudadana por los suelos, disminuidos servicios de educación y, de salud especialmente, falta de empleo y promoción económica, ausencia de acciones público privadas orientadas al desarrollo económico y humano, frente la abundancia perversa de clichés, spots y otras propagandas radiales y televisivas y del ciber espacio gubernamentales locales y municipales que hieren la sensibilidad y ofenden a la inteligencia ciudadana, que sustituyen a la realidad por el sopor que producen en una ciudadanía adormecida o pildoreada por este bombardeo mediático que hace perder de vista la perspectiva del futuro en un marco del desarrollo integral que inicialmente propusieron los gestores de un proceso autonómico, hoy aprisionado por signos que nos dicen que aquel proceso democrático descentralizador no dejará las mazmorras a las que ha condenado el centralismo y su oscurantismo socialista del Siglo XXI.

La participación ciudadana sigue siendo un cuello de botella para las sociedades modernas, sobre todo para las sociedades con una débil institucionalidad democrática como la nuestra. Los desencuentros entre representación electoral y acción directa de las organizaciones sociales no encuentran una forma viable de superación. Al contrario, la lógica y las urgencias del poder político han relegado a un plano secundario a la dinámica de la sociedad civil. Por encima de la retórica oficial, o de los contenidos constitucionales, los movimientos sociales enfrentan un permanente y peligroso proceso de devastación. El desmantelamiento o la cooptación de organizaciones populares y/o sindicales, ONG’s contestarías o críticas, gremios, asociaciones, comités cívicos, etc. ocurrido en los últimos años, es obvio. La ficción de que el Estado puede hacerse cargo de la agenda social fue el discurso del gobierno y del MAS. Supuestamente, el hecho de que antiguos militantes de estos movimientos ocupasen altos cargos del gobierno del cambio no aseguró para nada la realización de las aspiraciones colectivas ciudadanas, entre la cuales la principal: la autonomía quedó en el tapete y nada más. Pero esta visión del viejo sueño estatista de inicios del siglo XX, se encontró con su inviabilidad democrática en su momento, sino que ahora resulta inaplicable en las actuales condiciones del mundo globalizado. Al vértigo de  una diversidad sociocultural imposible de encasillar en un proyecto uniforme, por más dos tercios que se tenga, la propia denominación del Estado como plurinacional refleja una realidad incuestionable: no se trata de un simple ejercicio de técnica constitucional, sino de la constatación de una pluralidad indispensable para la convivencia social, de la teoría de la complementariedad poco analizada y menos practicada, por ello no se llegará en estas condiciones o estado de situación a la síntesis de la noción de autonomía cómo es su real sustento: de una participación ciudadana e institucional y democrática efectiva. Frente a la lógica absorbente y obcecada del gobierno centralista, los proyectos de vida surgidos desde el imaginario de la base social autonomista constituyen la única garantía para democratizar el poder y la política y, es la estrategia más consistente para sustentar cualquier transformación social y económica. El masismo identificó en la multiplicidad de proyectos autónomos una amenaza para su modelo de control social centralizado y autoritario como actor privilegiado y único del cambio, sin embargo lo único que ha generado es una involución en la economía, dizque marxista leninista comunista de economía comunitaria y plural, que es una entelequia que no entiende nadie y que no se la ve aplicada tangiblemente en ninguna parte.

La Participación Popular fue una medida revolucionaria elogiada por organizaciones internacionales y fruto del intelecto de jóvenes profesionales bolivianos y, si los posteriores gobiernos al que puso en vigencia la revolucionaria medida, hubiesen seguido profundizando la Participación Popular, se tuviese modernizado y beneficiado grandemente el Estado boliviano, pues como proceso debió seguir su curso histórico y a esta altura, seguramente por el propio peso de su aplicación racional y democrática, tuviésemos un proceso autonómico distinto, departamentalizado, provincializado y municipalizado, pero, para pesar de la Patria, la medida fue dejada de lado, saboteada y en este tiempo desconocida, no obstante que el régimen de las autonomías y la plurinacionalidad indígena originaria campesina, se nutrió grandemente de esta medida. Digamos entonces con nostalgia, loor a la Ley 1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994.

por: Eduardo Claure

 

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