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Víctimas de esterilizaciones forzadas pedirán a la CIDH que juzgue a Fujimori

Víctimas de esterilizaciones forzadas pedirán a la CIDH que juzgue a Fujimori
Jueves, 11 enero 2018 - 23:05 PM - Agencias
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Las víctimas de esterilizaciones forzadas denunciadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano juzgue al exmandatario por estos casos, según anunciaron hoy sus abogados en Lima.

La abogada María Ysabel Cedano, de la organización Demus, informó que ha solicitado una audiencia en la próxima sesión de la Comisión Interamericana, del 22 de febrero al 2 de marzo, para pedir el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa con el Estado peruano sobre el caso de las esterilizaciones forzadas.

“Queremos advertirle a la Comisión Interamericana para que le diga al Estado peruano que no es posible que la gracia presidencial (otorgada a Fujimori) impida que la investigación prosiga, concluya y denuncie” a los responsables, según declaró Cedano a Efe.

La abogada recordó que hay 2.166 denunciantes en una investigación preliminar a cargo del fiscal Luis Landa.

Cedano agregó que buscan que la CIDH “le diga al Estado peruano que no puede prosperar el indulto y la gracia en este caso y que no pueden incumplir con su obligación de hacer justicia”.

Fujimori fue indultado el 24 de diciembre, con lo cual se le exime de cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión, y además recibió el derecho de gracia, que lo excluye de juicios en curso y a futuro.

Desde 2002, cuando empezó la investigación preliminar, la Comisión “le ha recordado al Estado peruano que tiene un compromiso de hacer justicia adquirido por el acuerdo de solución amistosa por el caso de Mamérita Mestanza”, muerta a consecuencia de las complicaciones de una esterilización forzada.

Según la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2001, se realizaron 272.028 ligaduras de trompa y 22.004 vasectomías como parte de un programa estatal de control de la natalidad, aplicado en su mayoría a personas pobres, hablantes de quechua y de zonas rurales.

En 2016 se archivó la denuncia por la presunta autoría mediata de Fujimori y sus exministros de Salud, aunque se reconoció que hubo una grave violación a los derechos humanos en siete casos de esterilizaciones y se procesó a los médicos y personal de salud./EFE

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