ARTURO YÁÑEZ CORTES EL ESTADO ANTE LA CIDH
Lunes, 30 octubre 2017 - 06:16 AM - La Voz de Tarija
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En el 165º Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de DDHH realizado la anterior semana en Uruguay, el estado plurinacional de Bolivia compareció en la audiencia temática sobre independencia judicial, en relación a la carrera judicial y el “agradecimiento de servicios” masivo, perpetrado por el Consejo de la Magistratura, a pedido formulado por la AMABOL (Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia).

Resulta que el 2009, en el informe “Acceso a la Justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia” de la CIDH, ya había observado la precaria situación de provisionalidad de los operadores de justicia bolivianos al haberse declarado todos sus cargos transitorios y, había recomendado: “se implementen efectivamente los sistemas de carrera judicial y fiscal en estricto cumplimiento de las normas que la regulan y conforme a los estándares internacionales en la materia”.

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura en concierto con el ejecutivo, le metió no más el “agradecimiento de servicios” masivo (aunque antes y después hubieron otros casos) de jueces, sin el menor vestigio al Debido Proceso, vulnerando de esa manera los arts. 117.I de la CPE, 23 de la Ley Orgánica Judicial (que sólo permite la destitución de jueces por sentencia penal o disciplinaria ejecutoriada) y hasta la Ley No. 898 de Seguimiento a las conclusiones de la Cumbre Judicial 2017, que ordenó un reglamento de evaluación para todos los jueces en ejercicio, para esos fines; además, por supuesto, de la normativa y jurisprudencia –vinculante para Bolivia- del Sistema Interamericano.

Pues bien, habiendo actuado el suscrito como abogado peticionario, llamó sumamente la atención, que los representantes del estado boliviano que acudieron a la audiencia –Viceministra de Justicia y DDFF y un representante de la Procuraduría del Estado- hayan señalado en respuesta, simple y llanamente para concluir su intervención que: “evidentemente no se ha realizado ningún proceso porque un funcionario o servidor judicial transitorio no puede ser sometido a un debido proceso, simplemente se le agradece sus servicios…”. Tal expresión, vertida nada más ni nada menos que en plena audiencia ante uno de los máximos órganos hemisféricos de DDHH, que cursa en el minuto 59.50 del video de la audiencia colgado en el sitio web de la CIDH y disponible en el YouTube (Bolivia: Independencia Judicial), además de merecer el asombro de los asistentes, causó la respuesta –diplomática- del Comisionado que presidió la sesión (minuto 1.02 del video), señalando que aún bajo la transitoriedad, cabe observar los estándares y jurisprudencia interamericanos y el informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de Justicia” (disponible en https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf), que muy sintomáticamente lo puso a disposición del estado y cuyos apartados 184 a 191, señalan que los jueces tienen garantías reforzadas de estabilidad en sus cargos a fin de garantizar su independencia y se remite a los “Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”, cuyo No. 12 es contundente: “…se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el periodo para el que fueron nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”.

Por si fuera poco, como también se alegó de nuestra parte en nuestro informe, la CIDH ya dejó claramente establecido que la garantía de los jueces de no estar sujetos a libre remoción, solo es aceptable cuando se cumpla el plazo, condición de nombramiento, jubilación o a través del control disciplinario, lo que conlleva a que sus procesos disciplinarios deben cumplir el debido proceso y ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo; garantías que: “se aplican con independencia del nombre que se le otorgue a dicha separación en la vía interna, sea cese, destitución o remoción”. Insistir lo contrario como lo hizo el estado, además de ponerle nuevamente ante la OEA en ridículo, prueba el alto grado de arbitrariedad e improvisación con el que proceden los agentes estatales bolivianos, facilitando el establecimiento de las responsabilidades internacionales ulteriores que ya están en curso. REAGAN, decía: “El Gobierno es como el órgano digestivo de un bebé: mucho apetito en un extremo y ninguna responsabilidad en el otro”.

por: Arturo Yáñez Cortes

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